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ABColombia Series (7): Mujeres y desarrollo

El componente de género va muy bien con bien con lo que quiere hacer la Unión Europea  al apoyar este acuerdo, ya que la igualdad de género es central a los principios de la UE.

 

*ABColombia y colaboradores de Towards Transformative Change

 

El  Acuerdo Final de Paz (AFP) se compromete a ‘una verdadera transformación estructural del campo (y) […] medidas que promuevan el uso apropiado de la tierra […]. Para estimular la formalización, restitución y distribución equitativa de la misma, garantizando el acceso progresivo a la propiedad rural […] en particular a las mujeres rurales y la población más vulnerable, regularizando y democratizando la propiedad y promoviendo la desconcentración de la tierra […]’.

La mayoría de las personas forzosamente desplazadas de las áreas rurales vinieron de las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas, y fueron desproporcionadamente mujeres. La Corte Constitucional colombiana encontró un fuerte vínculo entre el desplazamiento forzoso y la VSC. Hasta 2016, el conflicto había generado 7,7 millones de desplazados forzosos, expulsados de más de 8 millones de hectáreas de tierra.

Las mujeres rurales – indígenas, afrodescendientes y campesinas – fueron desproporcionadamente afectadas por el desplazamiento forzoso. Este fenómeno persiste hoy en día: incluso después de la firma del AFP, 94% de las personas forzosamente desplazadas durante los primeros meses de 2017 vinieron de comunidades indígenas y afrodescendientes.

Los capítulos del AFP sobre la Reforma Rural Integral (RRI), la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, las Perspectivas Étnicas y sobre las Víctimas del Conflicto contienen la mayoría de los acuerdos que proponen una reforma agraria y el desarrollo rural; existe una interdependencia entre estos acuerdos.

La Reforma Rural Integral (RRI)

El primer capítulo del AFP, sobre la RRI, fue diseñado para abarcar las causas estructurales subyacentes del conflicto armado, incluyendo las injusticias sociales y económicas y el acceso desigual a la tierra. Como

resultado de la desigualdad de género, las mujeres rurales experimentan desigualdades económicas y políticas más severamente que los hombres. Este es, particularmente, el caso para las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes y para las mujeres sobrevivientes de la violencia de género.

Consecuentemente, la priorización de las mujeres rurales es fundamental para combatir la pobreza estructural en el campo.

Un aspecto clave para abordar la pobreza rural es garantizar el acceso a la tierra para las personas más pobres. El AFP creó un Fondo de Tierras cuyos beneficiarios ‘[incluyen] trabajadores y trabajadoras con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, priorizando a […] las mujeres rurales, mujeres cabeza de familia y a la población desplazada.’ Además, las mujeres son priorizadas para los proyectos productivos sostenibles, asistencia técnica y crédito. Problemas legales asociados con la propiedad rural también serán abarcados a través de un procedimiento administrativo y judicial para formalizar los títulos a la tierra.

Dichas medidas impulsarán al desarrollo socioeconómico de las mujeres, elemento esencial para la consolidación de la paz, dado que varios estudios demuestran que apoyos a las iniciativas de las mujeres resultan en consecuencias positivas para toda la comunidad.

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)

Uno de los programas principales del capítulo sobre la RRI son los PDET.

Estos planes de desarrollo están diseñados para enfrentar la pobreza estructural y promover el desarrollo rural integral, y abarcarán ‘10.000 veredas, 425 resguardos indígenas, 3.015 consejos comunitarios de comunidades afrodescendientes y seis reservas campesinas, cubriendo un total de 250.000 personas’.

Los PDET serán implementados a través de 16 planes de desarrollo rural, en 170 municipios, en las áreas más afectadas por el conflicto, con los más altos índices de pobreza extrema y desigualdad, presencia de cultivos ilícitos y el peor rendimiento de instituciones estatales locales. Sus objetivos son erradicar la pobreza extrema, reducir la pobreza en un 50% y combatir la desigualdad estructural.

Los PDET intervendrán en el desarrollo a nivel local y regional, abordando los temas del uso de la tierra, la regeneración económica, cuestiones ambientales, infraestructura, los servicios básicos, vivienda rural, y el derecho a la alimentación. El estado es responsable de otorgar los recursos necesarios para la implementación de los PDET, con una duración de hasta 15 años y con el máximo esfuerzo de cumplimiento en los primeros cinco.

Este enfoque en áreas rurales representa un esfuerzo para cumplir con uno de los objetivos centrales del AFP, que es asegurar la revitalización de la economía campesina y aumentar ‘la participación ciudadana en la discusión de los planes de desarrollo, de las políticas públicas [y que] incida efectivamente en las decisiones de las autoridades.’

Los PDET formarán parte de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR).

Los PATR serán implementados por medio de un proceso en tres fases:

  • a nivel sub-municipal/vereda, donde se desarrollarán los pactos comunitarios (PDET)
  • a nivel municipal, donde se analizarán los pactos comunitarios para desarrollar los pactos municipales.
  • a nivel sub-regional donde se desarrollarán los PATR en base a los pactos municipales

Para las comunidades étnicas, la metodología participativa establecida por el Decreto 893 de 2017 estipula que, una vez establecidos estos planes, serán después consultados dentro del marco del mecanismo especial de consulta para su implementación.

La recién establecida Agencia de Renovación del Territorio (ART) tiene la responsabilidad de organizar talleres participativos en las veredas, con el objetivo de lograr la participación activa de las comunidades, junto con los alcaldes, gobernadores, comerciantes, universidades e iglesias en el diseño de los PDET. Uno de los objetivos de reunir a esta variedad de actores locales, es el de facilitar una transformación en las relaciones a nivel local, y de promover la consolidación de confianza entre las instituciones locales y las comunidades rurales.

La paz y la prosperidad sostenibles dependerán de la capacidad de las instituciones de establecer su legitimidad.

Para lógralo, las instituciones gubernamentales tendrán que demostrar que cuentan con mecanismos de rendición de cuentas y transparencia. Adicionalmente, la legitimidad dependerá de la capacidad de cumplir con el compromiso del AFP de garantizar un enfoque de género, asegurando la participación efectiva de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Para conseguirlo, tendrán que implementarse acciones afirmativas a favor de la participación de las mujeres, y la protección del pluralismo, sin discriminación.

A largo plazo, será importante garantizar que los enfoques diferenciales sobre las particularidades de género y etnicidad estén integrados en los programas diseñados para impulsar las capacidades de gobernanza en las regiones. (Fotos: Pixabay)

Próxima edicion: “Mujeres y desarrollo: Los talleres consultivos de los PDET”

*ABColombia / Informe: Hacia un cambio transformador: las mujeres y la implementación del Acuerdo de Paz colombiano

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