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La obsesión contra Gadafi y el actual juicio póstumo

La obstinada presión de las autoridades libias por juzgar a un hijo de Muamar El-Gadafi desvela más una calculada exacerbación de patriotismo contra intentos federalistas, que el convencimiento de la necesaria defensa de su soberanía jurídica.


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Ulises Canales*


Casi seis meses después de autoerigirse en gobierno, el Consejo Nacional de Transición (CNT) cree tener en Saif Al-Islam El Gadafi la oportunidad de parodiar un soñado espectáculo judicial que se vio malogrado por el asesinato en octubre de 2011 del antiguo líder.

Más allá de simpatías y animadversiones hacia quienes prácticamente pusieron a Libia en venta en nombre de la libertad y la democracia, el regateo de las últimas semanas con la Corte Penal Internacional (CPI) reforzó la tesis anterior, compartida por varios analistas.

La CPI acusó a Saif Al-Islam, a su ahora extinto padre y al exjefe de inteligencia Abdulah Al-Senoussi (también detenido) de crímenes de lesa humanidad, presuntamente cometidos durante las revueltas opositoras desatadas en febrero del año pasado en la oriental ciudad de Benghazi.

El pretendido juicio en Trípoli al hijo más mediático de El Gadafi se describiría bien como el proceso que “podría ser y nunca fue”, con independencia de que en la capital libia, en La Haya o en Zintan, caerá sobre él una pesadísima mixtura de odio, venganza y frustración.

“Nunca fue” y ya no será, pues muchos coinciden en que con la eliminación física del coronel libio, sus enemigos domésticos y occidentales y los Estados árabes que alentaron su derrocamiento, se “autoprivaron” de agraviarlo en vida y derrotarlo.

Ello quedó evidenciado en las muestras de goce o, cuando menos, la callada connivencia ante la vejatoria exhibición en el frigorífico de un mercado de Misratah de los cadáveres de El Gadafi y de su hijo Muatassim, ejecutados extrajudicialmente cerca de Sirte.

Pero “podría ser”, porque después de negociaciones, desencuentros y presiones, el tribunal adscrito a la ONU parece haber desistido del reclamo de trasladar a Saif a La Haya y accedió a que se siente en el banquillo en Libia, bajo seguridad y observación foráneas.

Con presiones que rayaban la obcecación, la referida corte había pedido a Libia a comienzos de abril la “inmediata” entrega del detenido, tras rechazar por segunda ocasión una moratoria solicitada por el gobierno de Trípoli para ganar tiempo y dilatar los trámites.

El proceso negociador incluyó abiertas amenazas de amonestar al país norafricano ante el Consejo de Seguridad de la ONU por su escasa cooperación, y aceleró viajes con fines disuasivos de líderes del CNT a países árabes con alto nivel de interlocución con Occidente.

Meses antes, el fiscal de la CPI Luis Moreno-Ocampo había viajado a Trípoli y hablado con jueces y autoridades, incluido el jefe del CNT, Mustafa Abdul-Jalil, hallando negativa en todos sus contactos.

El portavoz del Ejecutivo libio, Nasser Al-Manaa, dejó claro entonces que el segundo descendiente de El Gadafi sería “juzgado (en Trípoli) en base al Ministerio de Justicia, la policía judicial y los aparatos de seguridad, que son los responsables de su detención”.

Abdul-Jalil apuntó, además, que se procesará según los criterios del tribunal internacional y sus jueces, pero también se tendrán en cuenta lo que llamó “aspiraciones del pueblo libio”, interprétese venganza.

Sin embargo, la incertidumbre persiste en tanto nadie se atreve a vaticinar el desenlace de complicadas tratativas entre el Ministerio libio de Justicia y las milicias de la ciudad de Zintan que capturaron y mantienen preso a Saif Al-Islam desde noviembre pasado.

Grupos armados de Zintan que lucharon contra El Gadafi apoyados por aviones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) arrestaron a su hijo en el poblado meridional de Ubari, junto a varios ayudantes, cuando escapaba del bastión leal a su padre en Bani Walid.

Los jefes militares de Zintan se niegan a entregar el prisionero al CNT argumentando temor a que sea ayudado a escapar cuando esté en Trípoli o que los propios ex insurgentes en esa región lo ejecuten en el trayecto a la capital.

Portavoces del gobierno libio admitieron que una comisión integrada por expertos legales y jefes regionales de Zintan se rehusó a transferirlo, confirmando el ambiente de caos e ingobernabilidad imperante en la que eufemísticamente llaman “nueva Libia”.

Ante las hipótesis de fuga o asesinato, la propia comisión solicitó que El Gadafi se quede en la referida ciudad y que jueces nacionales y observadores extranjeros se desplacen unos 160 kilómetros al suroeste de Trípoli, si quieren asistir al publicitado juicio.

Sin dudas, la postura de las nuevas autoridades libias frente a la CPI le permitió granjear simpatías de un amplio sector, bien por aplacar ansias de venganza o por fervor nacionalista, sobre todo en un momento de creciente inestabilidad y conatos secesionistas en Benghazi.

El primer aniversario de lo que en Libia se considera “revolución” se conmemoró el 17 de febrero pasado en medio de combates entre tribus Zuwaya y Tubus, luego extendidos a otras regiones y con otros clanes, y una defensa del federalismo lanzada desde la cuna de la rebelión.

Abdul-Jalil, desde sus adjudicadas funciones de jefe de Estado, admitió apenas 10 días después desde Misratah que Libia corría el riesgo de desintegrarse y “transformarse en una confederación de ciudades, aldeas, regiones y zonas tribales”. Instancias humanitarias internacionales, por lo general parcializadas con el CNT, reconocieron que la “nueva Libia” estaba en peligro por los incontables y sistemáticos atropellos y violaciones que cometían quienes dijeron luchar por la democracia y la libertad.

Detenciones ilegales, torturas a presos, encarcelamientos bajo criterios raciales, ejecuciones extrajudiciales y crímenes de guerra perpetrados con total impunidad en tiempos de paz, fueron documentados por distintos inspectores, sin sonrojos ni juicios a la vista.

Sin embargo, las prioridades del CNT siguen asociadas a la obsesión anti-Gadafi, a juzgar por recientes viajes de Abdul-Jalil a Catar, un claro soporte de la rebelión armada, y a Argelia, donde pidió al presidente Abdelaziz Bouteflika “contener a la familia Gadafi”.

Dado que de antemano sabía de la negativa del gobierno argelino a revocar el asilo humanitario concedido a la viuda y tres descendientes del exlíder libio, Abdul-Jalil buscó comprometer a Argel para impedir acciones de esa familia que considera desestabilizadora.

Analistas regionales sostienen que tal postura intentó distraer la atención del llamado de miles de excombatientes en Benghazi, núcleo de la antigua Cirenaica, a apoyar el regreso a la estructura federal existente en Libia de 1951 a 1963 bajo el reinado de Idris I.

La nación norafricana se dividía entonces en tres estados administrativos, a saber, Tripolitania, Fezzan y Cirenaica, región esta última que abarca de la costa del mar Mediterráneo al límite sur con Chad, y de la frontera con Egipto a Sirte, tierra natal de El Gadafi.

El 6 de marzo, partidarios del federalismo eligieron a Ahmed Zubair Al-Senussi, descendiente del fallecido monarca, como líder del autoproclamado Consejo Interino Regional de Cirenaica, una vasta área que atesora tres cuartas partes de las reservas de petróleo del país.

Al-Senussi y sus seguidores señalaron que su intención era establecer un órgano de seguridad para proteger Cirenaica en cooperación con las todavía maltrechas fuerzas armadas y de seguridad, pero ello no disipó la inquietud del liderazgo libio.

Los partidarios del federalismo dijeron reconocer al CNT como su representante legítimo en asuntos internacionales, pero paradójicamente desean administrar sus impuestos, recursos naturales, fuerzas policiales y otros asuntos locales al margen del gobierno de Trípoli.

Junto al creciente temor a la fragmentación del país, a las autoridades preocupa que los secesionistas insistan en desechar la ley que guiará las elecciones de junio para una Asamblea Constituyente.

En su lugar, los defensores de Cirenaica quieren una normativa que “distribuya en membresías equitativas” los asientos de la Constituyente para las tres regiones históricas de Libia, pues la vigente lo hace en base al número de habitantes en las mayores ciudades y poblados.

Con un Ejército que busca renacer a partir de la amalgama de militares y exinsurgentes insatisfechos, las amenazas de Abdul-Jalil de usar la fuerza para frenar amagos separatistas son inútiles, y explican la porfía por hacer del juicio a Saif Al-Islam, uno póstumo a su padre.

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