Economía, Globo, Latinoamérica

Los costos de expropiar a las empresas extranjeras

La nacionalización de la YPF por parte del gobierno de Argentina y de la trasportadora de electricidad propiedad del grupo REI en Bolivia, ha abierto el debate. Se trata de la soberanía sobre los recursos naturales frente a los intereses económicos de transnacionales.


_

Javier E. Núñez Calderón


Siempre que un gobierno nacionaliza una compañía extranjera se prenden las alarmas de los inversionistas privados con intereses en el país, porque consideran que se ha puesto en riesgo la seguridad jurídica. Eso precisamente ha ocurrido en Argentina y Bolivia con los anuncios del gobierno de controlar la explotación de hidrocarburos (en el caso del primero)  y el trasporte de energía (en el caso del segundo), que han estado en manos del capital extranjero.

Por un lado, Argentina va a expropiar el 51 por ciento de las acciones de la petrolera YPF, pertenecientes a la compañía Repsol, una empresa española que gracias a la privatización de la estatal YPF durante el gobierno de Carlos Menem en 1992, se convirtió en una de las compañías petroleras más poderosas del mundo.

Por otro, Bolivia ha tomado el control de la compañía Transportadora de Electricidad, propiedad del grupo Red Eléctrica de España (REI), que controlaba el 74 por ciento del mercado nacional de trasporte de energía.

Estas decisiones no caen bien en el sector empresarial ni en los Estados donde tienen asiento las grandes empresas, que cuentan con el respaldo de los organismos multilaterales de integración política y económica como la Unión Europea. Esto porque son ellos quienes finalmente terminan emprendiendo sanciones económicas y políticas que afectan la inversión, las importaciones y las exportaciones del país que se arriesgue a nacionalizar una empresa.

Por ejemplo, el secretario de Estado de Comercio de España Jaime García-Legaz ha dicho en una entrevista para el diario español Hoy, que con la nacionalización de YPF-Repsol  el gobierno de Cristina Fernández ha tomado una decisión errada que lo afectará  económicamente.

“Expropiar  como ha hecho el Gobierno argentino es una señal que ahuyenta inversiones. Eso lo va a pagar Argentina muy caro”, expresó.

El parlamento europeo, por su parte, ha pedido a la Unión Europea (UE) que suspenda parcialmente las ventajas arancelarias con Argentina. Incluso se ha estudiado la posibilidad de marginarlo del grupo de los 20 (G20).

Los gobiernos que optan por estatizar las empresas son, en la mayoría de los casos, de ideologías nacionalistas o socialistas, y las razones por las que se emprender estas acciones suelen variar. Generalmente se expropia con la idea de controlar la especulación de los precios, acabar los monopolios privados y  garantizarle a la sociedad el acceso de los bienes y servicios.

El presidente Evo Morales dijo que la medida de expropiación de la compañía REI era un “justo homenaje a los trabajadores y al pueblo boliviano que ha luchado por la recuperación de los recursos naturales y los servicios básicos”. Respecto al caso argentino, el viceministro de Economía Axel Kicillof  expresó, según el portal web América Economía, que la medida busca “poner los recursos petroleros del país al servicio del crecimiento económico”, y recalcó que la misión de Repsol consistía únicamente en extraer los hidrocarburos del país y repartir altas ganancias entre sus accionistas, sin traer ningún beneficio para el pueblo argentino.

No obstante, el control del Estado sobre los medios de producción no siempre garantiza el bienestar de la nación ni mantiene estable la economía, sobre todo ahora que la mayoría de los países están abriendo sus mercados al capital extranjero y participan de tratados internacionales de libre comercio.

El actual sistema sugiere que los países poco simpatizantes de la apertura económica  están expuestos al aislamiento comercial y a la exclusión de cualquier beneficio ligado a las importaciones y exportaciones.

Eso fue lo que quiso decir, hace unos días, la secretaria de estado de EEUU Hillary Clinton cuando se refirió al caso argentino: “tener un mercado abierto es el modelo preferible… Los modelos que incluyen la competencia y el acceso a los mercados han tenido más éxito en todo el mundo…

Un mercado abierto de energías y productos básicos es el mejor modelo de competencia y acceso a los mercados”.

Pero también el actual sistema establece que aquellos países que incumplan obligaciones económicas adquiridas, serán objeto de sanciones, restricciones y bloqueos comerciales.

En este sentido, el gobierno español podría ser uno de los primeros en presionar sanciones inmediatas contra Argentina y Bolivia, debido a que las dos compañías afectadas por la nacionalización son de origen ibérico y a que en el caso de la empresa intervenida por el presidente boliviano Evo Morales, el Estado español es propietarios del el 20 por ciento de las acciones.

Por su parte las empresas afectadas preparan acciones legales ante Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para reclamar sus respectivas compensaciones por la pérdida patrimonial como consecuencia de la expropiación, pues no se podría exigir la revocatoria de la medida, ya que la estatización de empresas es permitida en el derecho internacional.

Argentina puede negarse a acatar las resoluciones del CIADI respecto al monto que le corresponde pagar, así como lo ha hecho en el pasado con otra serie de compromisos incumplidos, y por los cuales se le ha vetado de cualquier solicitud de crédito con el Banco Mundial. Bolivia también puede hacer lo mismo, sobre todo ahora que no es miembro del  CIADI.

Eso tampoco libra a los dos países de cualquier efecto negativo sobre sus economías en los próximos diez años. Uno que puede darse a mediano plazo es la disminución de la inversión extranjera.

Por lo demás, lo que se ha visto en estos días son amenazas y advertencias de todo tipo por parte de voceros y representantes de organismos multilaterales de comercio y crédito, pero una cosa son las palabras y otra las acciones.

A Argentina, por ejemplo, le da cierto blindaje el hecho de ser miembro del Mercado Común del Sur (Mercosur), una unidad económica subregional integrada además por Brasil, Uruguay y Paraguay, el cual establece relaciones comerciales en bloque con países y organismos internacionales como la Unión Europea. Eso advierte que cualquier país u organización internacional no va suspender las relaciones comerciales con el mayor productor de alimentos en el mundo, como lo es Mercosur, simplemente porque uno de sus miembros ha nacionalizado una empresa.

Según El canciller uruguayo Luis Almagro, cualquier decisión en materia de negociación comercial se establece en bloque y no por separado con cada uno de sus miembros:

“Creo que la Unión Europea no puede ni debe decir `vamos a negociar con tres países de Mercosur`, como nosotros no podríamos decir: `queremos negociar con España, Francia y Alemania, los demás no nos interesan`”, indicó el funcionario en una entrevista para el diario El País de España.

Share it / Compartir:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*