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Una guerra medida en ‘litros de sangre’

Esta frase surgió de un oficial del ejército colombiano  -que confesó haber participado en el asesinato de varios civiles – para explicar que la guerra contra la guerrilla se mide sumando el número de enemigos muertos en combate.

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Javier E. Núñez calderón


Uno de los episodios más tristes de la guerra en Colombia ha sido las violaciones graves a los derechos humanos, cometidas por miembros activos de las fuerzas militares, que ha asesinado a cientos de civiles, para luego presentarlos ante la sociedad como guerrilleros muertos en combate.

Según La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), entre el año 2002 y el 2008 se registraron 3.345 casos de ejecuciones arbitrarias, de los cuales el 99 por ciento se encuentran en la impunidad.

La situación ha puesto a Colombia en la mira de tribunales internacionales, que pueden investigar y condenar los principales autores de los homicidios, en caso de no haber voluntad del Estado para procesar a los responsables.

La modalidad de estos crímenes consistía en contactar reclutadores, en su mayoría ex miembros de la institución o integrantes de grupos paramilitares, para que mediante engaños convencieran a personas mayores de edad y las condujeras a parajes rurales de presencia guerrillera, donde finalmente las entregaban a las unidades militares que se encargaban de asesinarlas.

Después de darles muerte los vestían con prendas militares y les ponían armas de fuego para simular que habían sido dados de baja en combate.

Tanto el Ejército como los reclutadores se percataban de que las víctimas fueran de origen humilde y solitarias, para hacer difícil la identificación de los cadáveres.

No obstante, algunos investigadores de la Fiscalía colombiana empezaron a notar algunas inconsistencias durante el levantamiento de los cadáveres.

Por ejemplo, algunos poseían prendan militares intactas, sin ningún orificio, pese a que los cuerpos tenían impactos de bala; y otros vestían las botas al revés; inclusive se encontraron casos de civiles que aparecieron portando armas de fuego en la mano izquierda cuando en realidad eran diestros.

Es de conocimiento general que en la mayoría de los casos se alteraba la escena del crimen para hacer creer a los medios de comunicación que se había dado un duro golpe a la subversión y para contrastar el testimonio de los dolientes, quienes aseguraban que sus parientes muertos no tenían ningún vínculo con grupos armados al margen de la ley.

Los casos fueron denunciándose paulatinamente en distintas regiones del país sin tener mucha trascendencia pública. Sin embargo, el mayor escándalo estalló en 2008, cuando se reportó la desaparición, al mismo tiempo, de varios jóvenes de un municipio de Cundinamarca, llamado Soacha.

Las madres de las víctimas iniciaron una búsqueda para dar con el paradero de sus hijos y finalmente los encontraron a 700 kilómetros de su ciudad de origen, enterrados en una fosa común y reportados falsamente por el Ejército como delincuentes, paramilitares o guerrilleros muertos en combate.

La CCEEU señala en su informe que “cuando esos reclamos tomaron notoriedad pública, familias de todo el país comenzaron a denunciar la desaparición y homicidio de seres queridos en circunstancias similares”.

El gobierno de ese entonces no había dado mucha credibilidad a las primeras denuncias, pero tan pronto estalló el escándalo destituyó a varios altos mandos del Ejército y precipitó la renuncia del Comandante del Ejército Nacional de Colombia, el general Mario Montoya, quien no obstante sería nombrado embajador de Colombia en República Dominicana.

Colombia en su historia bélica ha presentado hechos de ejecuciones extrajudiciales, incluso el Estado ha sido condenado por esta clase de violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo,  los casos se multiplicaron en los años 2004-2008, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez.

Organizaciones de Derechos Humanos creen que existe una relación directa entre las ejecuciones y las políticas implementadas por el gobierno de Uribe Vélez durante su mandato 2002-2008, la cual consistía en premiar con ascensos, licencias y condecoraciones las acciones militares que condujeran a la captura o abatimiento de miembros de grupos armados ilegales.

Juan Carlos Rodríguez, uno de los pocos oficiales que ha confesado su participación en los crímenes, señaló en una entrevista que los incentivos se conseguían con un determinado número de bajas: “En el 1995 las medallas de orden público las daban con dos muertos; en el 2004, ya era con diez”.

El propósito de esta política era hacer más ofensivo el accionar de las fuerzas militares para conseguir resultados concretos, pues se pasaba de un ejército que reaccionaba a los ataques de los ilegales, a otro que perseguía y combatía sin tregua alguna a estas organizaciones.

La nueva estrategia militar permitió la captura y muerte de combatientes y cabecillas de la organización, así como el control de muchas zonas del país que estaban bajo dominio guerrillero.

Pero la política de incentivos estaba acompañada de una continua presión en todos los rangos militares para obtener resultados inmediatos, y aumentaba cuando el ejército sufría ataques del enemigo o fracasaba en las operaciones.

En un testimonio citado en el informe de CCEEU dice un militar:

“…a principios de 2008, el Coronel Juan Carlos Barrera les dijo a los comandantes de batallón que si en 90 días no tenían bajas o combates, los hacía echar del Ejército por negligencia o incapacidad operacional”.

Esa estrategia de premiar y castigar los resultados de la guerra contra la subversión hizo que muchos miembros de la institución terminaran involucrados en una práctica macabra que llevó a la muerte a cientos de civiles indefensos.

Para los militares, esa era la forma más sencilla y menos riesgosa de presentar bajas y beneficiarse de los incentivos.

La infamia de esta práctica tocó fondo, tanto que terminaron asesinando a personas inocentes para satisfacer las exigencias de una política de gobierno en la lucha antisubversiva.

Hubo también militares que cometían los crímenes con el fin de obtener permisos para estar reunidos con su familia en celebraciones públicas como navidad y fiesta de las madres.

El gobierno de turno expresó que estos crímenes habían sido hechos aislados, cometidos por unas cuantas ‘manzanas podridas’ de la institución que habían incumplido el respeto a la ley y los derechos humanos.

No obstante, organizaciones de derechos humanos han criticado la forma como se minimizó la problemática, pues consideran de que se trató de una práctica sistemática y generalizada.

Dichas organizaciones han responsabilizado de lo sucedido al Presidente de la época, Alvaro Uribe, en su condición de comandante General de las Fuerzas Militares, al Ministro de Defensa  Juan  Manuel Santos (actual Presidente de la República)  y  a los altos mandos militares, por haber establecido una política de recompensas y incentivos que, si bien existe en otros países, “se implementó sin los controles necesarios ni la transparencia requerida, lo cual llevó a las irregularidades descritas”.

El número de crímenes superan los tres mil y sólo se ha resuelto judicialmente el uno por ciento, condenándose únicamente a militares de bajo rango.

Para muchos especialistas el proceder de la justicia ha sido lento por falta de voluntad política  y porque ha habido una presión de altos mandos castrenses que podrían estar involucrados en los delitos y no quieren que se conozca la verdad.

Esta situación hizo que organizaciones como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), entregaran recientemente a la Corte Penal Internacional, un informe detallado del estado de las denuncias y dos anexos confidenciales que identifican a los más altos responsables de estos crímenes de lesa humanidad.

Con ello buscan que determine si el Estado colombiano ha adelantado investigaciones y procedimientos judiciales contra las personas comprometidas en dichos actos.

En caso de que la Corte encontrara fallas en los procesos judiciales, abriría el primer proceso contra el país por crímenes de lesa humanidad y se encargaría de indagar y condenar a los directos responsables de estos crímenes de lesa humanidad.

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