Globo, Latinoamérica

Indígenas en Colombia no quieren militares en su territorio

Cansados de exigirles a los actores armados que los excluyan del conflicto interno, los nativos del Cauca decidieron expulsar a los militares asentados en el cerro Berlín y a los guerrilleros que se disputan el control del área. Los medios los han condenado y manipulado los hechos.

Javier E. Núñez Calderón

Para defender sus territorios y el derecho a la autonomía, los pueblos indígenas en Colombia han librado duras batallas contra los colonos, terratenientes y proyectos mineros, auspiciados por el Gobierno. Y también se han enfrentado a la guerra desatada entre ejército, guerrillas, paramilitares y bandas del narcotráfico.

El sacrificio con pérdidas humanas ha sido muy alto desde que la última guerra se metió en sus territorios, especialmente en la región del Cauca, departamento que concentra la mayor población indígena del país, el cual ha sido el escenario, en las últimas semanas, de protestas del pueblo Nasa.

Los Nasa están cansados de exigirle a los actores armados que les excluyan del conflicto y decidieron expulsar a los militares asentados en el cerro Berlín y a los guerrilleros que se disputan el control del área.

La zona que comprende el norte del Cauca ha sido un corredor estratégico para rebeldes y bandas asociadas con el narcotráfico que utilizan estas rutas para transportar narcóticos del centro y oriente del país hasta el pacífico, uno de los puntos donde se despacha la droga al exterior.

La situación de seguridad se agudizó a comienzos del 2000 cuando el presidente de la época, Álvaro Uribe Vélez, militarizó la zona para hacer frente a la guerrilla; desde entonces se han librado densos combates en los que la población indígena ha sido la más afectada ya que es utilizada como escudo humano por las partes en conflicto.

Por eso los indígenas les dieron un ultimátum el pasado 16 de julio: desalojar la Fuerza Pública del territorio y dejar de combatir en medio de la población civil. Pero ni el Ejército y ni el Ministerio de Defensa colombiano parecieron escucharles.

Y entonces, más de dos mil integrantes de los resguardos del norte del Cauca rodearon las lomas del municipio de Toribío y expulsaron a por lo menos 100 agentes armados del cerro Alto de Berlín. También detuvieron a cuatro guerrilleros y levantaron tres retenes utilizados por la subversión.

Feliciano Valencia, líder del pueblo Nasa, expresó a la revista ‘Semana’ de Colombia que el propósito de la protesta indígena ha sido el exigirle a los actores que respeten sus territorios y no los usen como escudos humanos.

Respecto al desalojo de militares afirmó: “Nosotros no los estamos sacando, lo que estamos diciendo es que no nos militaricen la vida, no se metan en medio de la población civil, no se metan en las casas, no utilicen a la gente, no se tomen los sitios sagrados, no se queden a vivir de manera indefinida como lo están haciendo en la torre Berlín, violentando sitios sagrados”.

El desalojo de la base militar se cumplió sin hechos violentos, pese a denuncias de militares de que las FARC habían filtrado la protesta indígena y que varios líderes indígenas eran colaboradores de esta guerrilla.

Unas imágenes televisivas en las que aparece un soldado llorando y otro siendo sacado a empujones, fueron interpretadas por un sector de la prensa y la opinión pública como un acto de humillación contra las fuerzas legítimas del Estado. Y los grandes medios, como siempre, hicieron eco haciendo que, subliminalmente, la opinión pública condenara a los indígenas.

En respuesta el gobierno envió más soldados y policías antimotines para hacerse nuevamente con el control de la zona. El resultado dejó un indígena asesinado a manos de la fuerza pública y más de 30 heridos. El comandante del operativo reconoció que la muerte del joven fue producto de un error militar. Un familiar de la víctima expresó que los militares abrieron fuego cuando el joven no entendió una orden para que se detuviera en el lugar por donde caminaba.

Pese a que la fuerza estatal retomó el control militar de la zona, se hizo necesaria la creación de mesas de diálogo entre gobierno e indígenas para solucionar la crisis y encontrar una solución a las exigencias de la población. Éstas se centrarán en el respeto de los territorios de los resguardos y la desmilitarización de zonas que ponen en riesgo a sus habitantes.

El sociólogo y periodista Alfredo Molano ha escrito en su columna del diario El Espectador, que considera que el fracaso del gobierno con los indígenas se debe a que el primero incumple lo que promete: “Por un lado, da plata para proyectos que terminan financiando clientelas políticas afectas al Gobierno; por otro, reprime las manifestaciones que denuncien atropellos cometidos por las fuerzas del orden o el incumplimiento de los acuerdos”.

Así como Molano, muchos especialistas creen que lo primero que debe hacer el Gobierno para solucionar el problema de diálogo con los indígenas es ganarse su confianza. Pero ésta se ha perdido a raíz de las violaciones graves a los Derechos Humanos cometidas por miembros de la fuerza pública como el asesinato de Germán Escué Zapata cometido en 1988, quien murió no en medio del fuego cruzado entre militares y guerrilla, sino porque fue sacado a la fuerza de su casa para luego ser asesinado.

Los indígenas piden simplemente que Estado y grupos armados ilegales respeten las leyes establecidas en la Constitución Nacional que en su artículo 7 dice: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”, así como la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas que en su artículo 30 establece el no desarrollo de acciones militares en territorios indígenas y que en caso de que sea necesaria su ejecución para mitigar una grave amenaza, las comunidades indígenas deben ser consultadas a través de mecanismos apropiados que respeten su autonomía.

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