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Finanzas ‘verdes’ a sangre y fuego

Entre 1990 y 2005, tierras sembradas de arroz, fríjoles, maíz y sorgo se redujeron a la mitad. Fueron sustituidas por monocultivos para la exportación de banano o piña, o para la producción de agrocombustibles como la palma africana o la caña de azúcar.

Inés Giménez Delgado

La situación se agravó con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) con USA en 2006. Hoy día, la palma africana ocupa más de 100,000 hectáreas en Guatemala y la piña supera las 60,000 hectáreas en Costa Rica. Es una política de suma y sigue.

En 2006, el TLC aumentó en un 18% la media de importaciones en la región en tan solo dos años. Desde entonces, los precios de dumping arrasan las pequeñas producciones locales, al tiempo los gobiernos centroamericanos potencian las inversiones financieras de grandes capitales en el agro.

Lo hacen siguiendo las doctrinas del Banco Mundial, que en su polémico informe de 2008 dogmatizaba que “las adquisiciones de tierra a gran escala pueden ser un vehículo para la reducción de la pobreza a través de la generación de empleo asalariado; oportunidades para la agricultura por contrato y pagos por la cesión o la venta de la tierra”.

El saldo es sin embargo muy distinto: enfermedades, agotamiento de recursos, pérdida de soberanía alimentaria, de biodiversidad y vulneración de los derechos humanos y laborales.

Con lógica econométrica, el Banco Mundial y las élites que legislan no tienen en cuenta el rostro humano que hay detrás de la fuerza laboral creada. Una fuerza laboral temporal, a destajo y perjudicada por el contacto con tóxicos y agroquímicos.

La firma de nuevos tratados de Libre Comercio con Europa, como la efectuada en junio de este año, parece potenciar la agroindustria de exportación y el consumo de alimentos a merced de los vaivenes del mercado.

Guatemala: Palma, finanzas y sangre

“En Guatemala, actualmente hay 101,784 hectáreas cultivadas de palma africana, cifra que es tan solo un 14% de la superficie agrícola que el Estado considera propicia para este cultivo, por lo que para los próximos años expresamos todavía mucha más presión sobre los pequeños agricultores para que vendan, arrienden o abandonen sus cultivos”, señaló José Luis Cajal, investigador Instituto de Estudios Agrarios y Rurales de Guatemala (IDEAR) en un encuentro sobre seguridad ecológica realizado por el Tribunal Latinoamericano del Agua.

En él, Cajal abordó el drama de cientos de familias q’eqchi’s y pochomquíes desplazadas de la tierra en la que han vivido por décadas.

“Estos desplazamientos se realizan a través del cercamiento de los caminos de acceso y fuentes de agua a los cultivos familiares, pero también a través de la violencia explicita”, denunció. Y se hizo eco de los sucesos de mayo de 2011 cuando seguridad privada del ingenio de Chabil Utzaja S.A. del grupo Widmann-Pellas y miembros del Ejército prendieron fuego a cultivos y poblados q’eqchi’s y desalojaron a 800 familias que reclamaban sus tierras.

Durante más de 40 años hemos intentado regularizar los títulos de nuestros padres ante el Fondo de Tierras, pero las puertas de las instituciones estaban cerradas. Pero a las Palmeras les faltó tiempo para respaldar las tierras que han ocupado- denunciaron en su lengua natal los habitantes de Chinacolay, de Fray Bartolome de las Casas. En este municipio la tierra comunal también ha sido usurpada por las agroindustrias, desarraigando a los ya paupérrimos habitantes del municipio, donde los índices de pobreza ya ascendían al 91,2% y los de pobreza extrema al 51,2%.

Atacar al débil

En esta guerra contra los pobres no están ausentes las transnacionales financieras. En efecto, el estudio “Plantaciones agroindustriales, dominación y despojo indígena campesino en la Guatemala del S.XXI”, habla que grandes empresas han recibido subsidios financieros para expandir sus monocultivos dentro de programas gubernamentales. Algunos de estos, como el “Programa de Palma”, se encontraban, paradójicamente, dentro “Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2009-2012”.

Lo cierto es que la expansión del monocultivo va en detrimento de la soberanía alimentaria y de la seguridad ecológica de los pequeños campesinos, hoy sometidos a una relación de peonaje u objeto de presiones para vender, arrendar o abandonar sus cultivos.

Las protestas generadas por la desposesión se están saldando con la criminalización social y la militarización del estado, puesto al servicio de un grupo de poder que, en palabras de Enrique Corral de la Fundación Guillermo Torriello, “está subvirtiendo la legalidad agraria a la que se llegó con los acuerdos de paz de 1996”.

Costa Rica: químicos venenosos

Pero las presiones agrarias no suceden solamente en países militarizados. En Costa Rica, y pese a su pretendida imagen verde, grandes extensiones de palma también convierten la costa pacífica en un desierto arbóreo.

Además, la expansión del cultivo de piña, principalmente a manos de la transnacional Pindeco, se ha multiplicado por 20 en los últimos 15 años, alcanzando hoy las 60.000 hectáreas por el suroeste, la zona atlántica y el norte del país.

La gran campaña propagandística de los sectores empresariales costarricenses productores de “piña sostenible” obvia una realidad evidente, que es denunciada por El Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera. Éste subraya que al usarse en su cultivo un alto grado de agroquímicos, se contaminan las aguas freáticas, el entorno y la salud humana.

En algunos municipios como Siquirres o Guacimo incluso esta agua se ha agotado, viéndose obligados a suministrarla con camiones cisterna. Además, los desechos de su pulpa generan plagas de moscas que atacan al ganado local.

El Instituto Regional de Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional también ha realizado investigaciones sobre los efectos nocivos del uso de agroquímicos en la fertilidad de la tierra y en las poblaciones, cuyas tasas de enfermedades respiratorias, digestivas y degenerativas, aumentan sustancialmente al contacto con estos productos.

En este sentido, destacan las enfermedades renales que sufren los trabajadores de las plantaciones de caña de azúcar o los problemas que generan el uso masivo de bolsas con clorpirifos en las aguas del los territorios indígenas bribrí-cabecar del Sureste del país.

Honduras: Cuestionable economía verde

En Honduras, cuyas élites económicas se cobijan hoy bajo el emblema de la “economía verde” que considera el agrocombustible como una fuente “sostenible”, la expansión de las agroindustrias también muestra su máxima crudeza.

El principal empresario palmero es Miguel Facussé Barjum, quien comenzó en 1994, aprovechando las facilidades de compraventa de tierras que ofrecía la Ley para la Modernización Agrícola y la desintegración de cooperativas del Bajo Ahuan, las adquirió a bajo precio.

Desde entonces su negocio palmero se ha expandido por toda la costa norte, en medio de presiones y desplazamientos de grupos campesinos y garifunas.

Desde 2009, la violencia y la crisis institucional recrudeció la situación. La imposición del monocultivo sobre los campesinos que reclaman sus tierras cobró, entre 2009 y mediados del 2011, 44 muertos y 162 procesados.

Desde entonces, y pese a la observación del conflicto por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos, la situación no cesa, y la empresa de Facussé-Corporación Dinant y Exportadora del Atlántico SA, amenaza con deportaciones masivas en caso de que los campesinos no accedan a la venta de sus tierras, según señala Red Uita.

Paradójicamente, con esta política de producción masiva de cultivos para la elaboración de biodiesel y con la expansión de Hidroeléctricas, Honduras pretende situarse entre los países con una producción energética verde.

Nicaragua: contrarreforma agraria

Nicaragua, país que se autoproclama heredero del sandinismo, no es una excepción. Allí, el grupo Pellas que fuera expropiado en los 80 por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha visto restituidas sus propiedades azucareras.

Hoy se expande a través de un complejo entramado de compañías como por ejemplo, Nicaragua Sugar Estates Ltd.

Que tratan de lavar su imagen y la del ron Flor de Caña. Sin embargo, según documentan investigadores de la Universidad Nacional de Nicaragua y organizaciones sociales, la producción con alto contenido de agrotóxicos órganoclorados en los ingenios ha causado la muerte de varios trabajadores. Por el momento, la respuesta gubernamental es nula.

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