Migrantes, Multicultura

Migración española: sin derechos desde su país

Alrededor de 200, 000 españoles podrían haber migrado al Reino Unido en el último año. Sin embargo, la caída de los salarios a ellos asociados, así como la invisibilización de este fenómeno en las políticas públicas españolas sitúan a la mayoría en una situación de vulnerabilidad.

Inés Giménez

La mayor tasa de migrantes que hoy en día se registra en el Reino Unido proviene de países como India, China, Polonia, Rumania y Estados Unidos.

Sin embargo, en los últimos dos años, a estas nacionalidades de origen hay que sumar otras como la española, que por no requerir visa y por ser un fenómeno más reciente solo ahora se empiezan a reflejar en las estadísticas.

En este sentido, el gobierno británico señalaba en septiembre de 2011 que, según cifras del Departamento de Trabajo y Pensiones, el número de nuevos españoles inscritos en la Seguridad Social inglesa había aumentado un 85% en el último año financiero. Según estas estadísticas y publicaciones, también se señalaba que 24.370 españoles se habían sumado al mercado laboral británico durante este año.

Entre los medios existe una percepción muy extendida de que esta cifra ha seguido creciendo exponencialmente. En este sentido, The Guardian apuntaba recientemente que la Embajada Española en Londres había registrado 70.000 españoles nuevos en el primer semestre de 2012, una cifra que podría representar la quinta parte de la realidad.

Más inmigración, menos salarios

La inmigración española en UK es un hecho, sin embargo el enfoque que se le da en los medios varía mucho dependiendo del color político de las publicaciones.

Mientras la prensa conservadora hace énfasis en declaraciones como las que en mayo de 2012 hiciera la secretaria de Estado, Theresa May, cuando señaló que “estudiaba restringir las visas a migrantes europeos del Sur”, la prensa más progresista se hace eco de investigaciones como la que hiciera recientemente La London School of Economics que subraya la caída de los ingresos entre la población inmigrante.

En este estudio, el Centre for Economic Performance de la London School of Economics & Political Science, “Immigration and the UK Labour Market” señalaba que si alrededor del 8% de los trabajadores en el Reino Unido eran extranjeros en 1995, este número había ascendido a 14.5%. en 2012.

No obstante, también señalaba la publicación, el dinero (inflow) que recibe el grueso de la población migrante ha caído en picado con la recesión de 2009, igualando los niveles de 1999.

Además, en el estudio se subraya el alto nivel educativo de los nuevos inmigrantes, y los bajos puestos laborales que desempeñan.

La fuerza laboral de la migración se concentra en los sectores manufacturero, hostelero y de transportes, seguido de los sectores sanitario, educativo y de construcción. Empleos a los que hay que sumar el trabajo de cuidados, por lo general más irregular y menos visible.

La economía de lo invisible

La prensa española también hace eco de que ante el 52% de desempleo juvenil, la población encuentra una vía de escape casi física en la migración. Incluso han proliferado los publireportajes cuyo mensaje esencial parece ser un idílico “qué bien hacen los jóvenes en migrar para ver mundo y aprender”.

Sin embargo, mientras se evidencia la migración en los países de acogida y en la prensa, el gobierno español la invisibiliza.

Ni en los planes económicos del gobierno ni en los estudios oficiales se contempla este fenómeno migratorio como merecedor de políticas públicas. Resulta más barato ignorarlo.

Así, ni en la página oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores ni en el Ministerio de Seguridad Social y Empleo se recogen planes específicos de ayuda a los españoles que han migrado al exterior, más allá de las direcciones consulares y algunos “consejos” de viaje.

Es más, se han suprimido las ayudas al migrante retornado, que desde hace más de 20 años existía en España y regulaba el derecho a cobrar un subsidio básico después de haber laborado al menos 12 meses en el extranjero.

El gobierno español también está negando las prestaciones sanitarias a sus nacionales residentes en Europa, algo que antes garantizaba a través de la European Health Insurance Card, conocida en España como E-111.

Las becas de investigación, dependientes anteriormente del Ministerio de Educación español y de I+D, y de las que se podían beneficiar los jóvenes altamente cualificados y residentes en el extranjero, se minimizaron en los presupuestos del 2012 hasta el punto de retirar ayudas que ya se habían otorgado y de incurrir en impagos en los investigadores. La cooperación internacional en España también redujo su presupuesto y en 2012 no se generó ni una sola vacante nueva.

Más aún, funcionarios públicos “de alto nivel” de la derecha española han exigido que se retire el subsidio de desempleo de 400 euros al mes a aquellos españoles que se van del país, declarando incluso, que los emigrantes españoles que continúan cobrando el subsidio están incurriendo “en fraude”.

Esta política de negación, de invisibilización e incluso de criminalización de la migración económica dista de la que aplicaran otros gobiernos.

Incluso en la dictadura franquista, cuando 2 millones de españoles salieron a trabajar a Alemania, Italia o Francia, se reguló la migración a través de organismos como el Instituto Español de Emigración y leyes como ley de Ordenación de la Emigración de 1960, que impulsaron Convenios y Tratados de Emigración y de Seguridad Social.

¿Los “auténticos” españoles? y la hipoteca pública

Hoy en día sin embargo, Institutos de investigación españoles afines al gobierno del Partido Popular, como el Real Instituto El Cano, han tratado de minimizar el impacto de la emigración española. Así, en un reporte publicado en enero de 2012, se hacía hincapié en que la “presunta” emigración española era “de retorno”.

En esta publicación se quería argumentar que los emigrantes españoles “no eran tales”, ya que, “de los 373.954 emigrantes que registró España en 2010 solo 26.675 personas eran españoles autóctonos”. “El grueso de las cifras representa a inmigrantes nacionalizados en los últimos años en España o aquellos que se beneficiarios de la Ley de Memoria Histórica1 y regresaron a sus países de origen (…) al sufrir con más contundencia la dureza de la crisis”, venía a decir la publicación.

La consideración de que los inmigrantes nacionalizados no son “auténticos españoles” y la negación política de la emigración “de los auténticos españoles” en este artículo no es anecdótica ni representa un caso aislado.

Forma parte de una política sistemática de reducción de ayudas sociales (primero al extranjero, después al “nacional”) y de desmantelamiento del estado de bienestar en España, similar al que se llevó a cabo en América Latina en una década que fue conocida como “la década perdida”.

Los “ajustes estructurales” que entonces acabaron con las prestaciones sociales y laborales básicas en América Latina son parejos a los que hoy se están aplicando en España. Lo mismo sucede con la asunción de una deuda externa que vino a hipotecar el desarrollo público de un continente. Pero este es otro tema.

1 Por la cual los descendientes de segunda y tercera generación de exiliados podían adquirir la nacionalidad española.

Share it / Compartir:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*