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Los cazadores y los cazados: cuando la justicia es ciega

Trabajadores de derechos humanos y periodistas se encuentran bajo un nuevo ataque por parte del sistema corrupto de una nación centroamericana conflictiva.


Kyle Robertson


Los defensores del progreso y la libertad en Honduras están enfrentando momentos difíciles.

Tras un golpe de Estado en el 2009, oficiales de la fuerza pública y agentes del gobierno participaron en una serie de violaciones a los derechos humanos, incluyendo ataques a varias organizaciones e individuos quienes se oponían a la toma de poder.

Más tarde, el gobierno estableció una comisión para la verdad y la reconciliación en el 2010, para examinar los eventos relacionados con el golpe e intentar investigar los abusos, así como enmendar las cosas con el público. Sin embargo, a pesar de esto, la impunidad para quienes cometen abusos en Honduras es un problema grave actualmente.

Un grupo que ha sufrido ataques es el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH. Durante 30 años, la organización ha buscado justicia para los ciudadanos quienes han sido encarcelados, torturados, o simplemente han desaparecido bajo el régimen opresivo del gobierno.

Desde inicios del 2012, miembros del grupo has recibidos amenazas y ataques violentos. Dina Meza, quien lidera el comité, afirma que ha sido amenazada con violencia sexual. Otros miembros testifican haber recibido llamadas telefónicas en donde les ponían grabaciones de llamadas hechas anteriormente, lo cual significaba que los estaban vigilando, y algunos han sido atacados por matones al llegar al trabajo.

Dina Meza

Dado que COFADEH  es una de las organizaciones de derechos humanos más grandes de Honduras, la Corte Interamericana ha ordenado a las autoridades hondureñas que se ocupen mejor de proteger a miembros y a sus familias; no obstante, el gobierno sólo ha cumplido parcialmente con medidas de protección. En Honduras abundan los crímenes en contra de quienes tan solo intentan ayudar a mejorar la situación en el país, y raras veces se lleva ante la justicia a los que cometen estos actos nefastos.

Por ejemplo, en setiembre, un abogado hondureño llamado Antonio Trejo Cabrera fue asesinado luego de haber asistido a una boda en el sur de la capital Tegucigalpa. Trejo Cabrera era experto y defensor de la ley de derechos humanos; fue por mucho tiempo el abogado principal en la defensa de los campesinos en el Valle de Bajo Aguán, en donde existe una antigua disputa por unas tierras entre campesinos pobres y terratenientes, y fue detenido en agosto tras protestar afuera del edificio de la Corte Suprema en Honduras.

Junto con un grupo de abogados de ideas similares, Trejo Cabrera presentó un recurso judicial el 5 de setiembre ante la corte para detener la creación de ciudades conocidas como “regiones especiales de desarrollo” en Honduras. A estas ciudades se les hubieran dado poderes y condiciones de comercio para promover la inversión, incluyendo sus propias leyes, policía y sistemas judiciales que no hubieran tenido que rendirle cuentas a nadie.

Por oponerse a estos y otros planes los cuales violaban los derechos humanos, Trejo Cabrera recibió amenazas de muerte desde comienzos del 2011. Incluso, puso una queja formal ante autoridades federales, pero el gobierno hondureño nunca realizó una investigación.

Antonio Trejo Cabrera

Trejo Cabrera recibió múltiples balazos y falleció poco después de haber sido trasladado al hospital. La policía dice que las circunstancias de este asesinato sugieren de manera rotunda que fue premeditado.

Luego de llamadas de organizaciones internacionales como Human Rights Watch, el sistema judicial de Honduras ha empezado una investigación sobre el asesinato de Trejo Cabrera. Queda por verse si alguien será acusado o no.

Los periodistas en Honduras también se enfrentan al peligro y la adversidad en sus intentos por decir la verdad sobre lo que está sucediendo realmente en el país. Además de tener el índice de muertes más alto del mundo, a Honduras también se le conoce por ser el país más peligroso para miembros de la prensa, con al menos 22 periodistas asesinado en los últimos cuatro años.

Se ha llegado a tal punto en Honduras que se ha creado un ambiente en donde los periodistas temen informar sobre conflictos de tierras o sobre violaciones a los derechos humanos, por miedo a represalias del gobierno o de algún grupo de matones.

En septiembre, se formó un nuevo grupo de subcomités tanto en el gobierno hondureño como en el estadounidense para investigar los crímenes que están afectando a los periodistas en Honduras, a los activistas de derechos humanos y a miembros de la comunidad LGBT del país, la cual se encuentra bajo fuertes ataques. Todos son víctimas de pandillas y de grupos políticos locales, respaldados algunos por el gobierno, quienes quieren silenciar la disidencia y eliminar a aquellos que no son como ellos.

Erick Martínez

Al parecer, los comités para la justicia han mostrado un poco de avance desde entonces; se sentenció a un hombre a 28 años de prisión por el asesinato de un productor de televisión, y otro por matar al periodista y activista LGBT Erick Martínez. Sin embargo, un gran número de casos aún se encuentra sin resolver, y, en un país en donde nadie hablará por miedo a represalias, el trabajo de la justicia será largo y duro.

No cabe duda de que el camino hacia la justicia en Honduras está lleno de obstáculos; tomará bastante tiempo y esfuerzo para superar años de opresión estatal y local, para que los ciudadanos finalmente puedan decir lo que piensan, sin preocuparse sobre ser castigados por eso.

(Traducido por Sofia Edwards – email: sofia83edwards@gmail.com )

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