Globo, Latinoamérica

Peter Low: minería en Perú afecta a comunidades enteras

Pilar del crecimiento en el país suramericano, las industrias de extracción se han convertido en el foco de las protestas sociales en el país. Las zonas rurales se sienten discriminadas en el reparto de los beneficios.

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Ramón Alabau

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Han recorrido más de 800 kilómetros de distancia. Recorren las calles de Lima con proclamas y pancartas contra un proyecto minero que consideran devastador para el entorno ambiental y para sus vidas.

Los habitantes de la región de Cajamarca, una provincia situada en el Norte del Perú, se sientes engañados e ignorados por parte del Gobierno.

Dicen tener pruebas de que una importante empresa estadounidense está realizando labores de extracción de forma clandestina y que los beneficios no llegan a las zonas más afectadas y a los más necesitados.

Afirman que el proyecto aurífero  pondrá en peligro el abastecimiento de agua de los habitantes de la región y convertirá el paisaje verde en un vertedero de residuos tóxicos. Es una más de las manifestaciones que recorren el país y que gira alrededor del conflicto minero.

La cara y la cruz

La industria minera que se desarrolla en gran parte del territorio peruano está detrás de diferentes conflictos y altercados sociales.

La gran influencia de las empresas extractivas en el crecimiento económico del país suramericano ha puesto entre ‘la espada y la pared’ a un Gobierno que tienen que mediar entre la entrada de inversión internacional y la protección de las comunidades indígenas y rurales.

Las grandes proyecciones se realizan en zonas de gran valor ambiental. Gran parte de estos bosques vírgenes son habitados por pequeñas comunidades de indígenas que no han sido tenidas en cuenta por la Administración Pública, no solo en los temas políticos, económicos y sociales del país, también en la aprobación de proyectos mineros que pueden suponer la desaparición de sus poblaciones y de sus recursos. Esta discriminación hace alzar la voz.

Pero frente a este planteamiento, la minería supone la entrada de divisas internacionales del exterior, crecimiento económico y empleo. Según el Ministerio de Minería los próximos cinco años el negocio aportará al país 10 mil millones de dólares estadounidenses.

Además, permitirá que Perú continúe encabezando el crecimiento en Latinoamérica y generará miles de puestos de trabajo.

Conflictos ‘con acento británico’

Durante el  2012 y, según datos ofrecidos por el Defensor del Pueblo de Perú, se contabilizaron más de 230 conflictos sociales. Unas protestas que se han triplicado en los últimos años y que son motivas, en la mayoría de las ocasiones  por las disputas  “socio-ambientales” propiciadas por la industria minera.

Según investigaciones realizadas por la organización The Peru Support Group, las labores de extracción impulsadas por algunas empresas británicas, que cotizan en la Bolsa de Valores de Londres, habrían generado diferentes conflictos sociales.

Nombres como Xstrata y BHP Billiton, aparecen en la lista de las compañías que han causado malestar en las poblaciones rurales e indígenas. Algunas de ellas, incluso, están relacionadas con “casos de tortura”.

El coordinador de la institución sin ánimo de lucro con sede en el Reino Unido, Peter Low, asegura a The Prisma que hay un desconocimiento generalizado por parte de  ciudadanía británica sobre la importante inversión que realizan diferentes multinacionales de Inglaterra en Perú y de los conflictos sociales que originan.

“Gran Bretaña nunca ha tenido nexos fuertes con América Latina, ha habido más relación con otras partes del mundo, como con los países del Norte de África. Más del 50% de las inversiones mineras que se realizan en Perú se canalizan a través de instituciones británicas”, añade.

El miembro de The Peru Support Group cuenta que durante los últimos 20 años la minería  ha experimentado “un desarrollo impresionante, no solo en el número de la inversión, también en la cantidad de concesiones aprobadas y que afectan al 20% del territorio”.

Una industria en alza que guarda cierta relación con el crecimiento económico que experimenta   Perú y con diferentes altercados sociales. Muchos de estos actos reivindicativos han  sido reprimidos de forma violenta.

La problemática de la minería en la mayoría de los casos, como puntualiza Peter Low, se debe a que los proyectos afectan a comunidades enteras  que se ven obligadas a desplazarse de su territorio y ven en peligro sus recursos naturales.

Indígenas a la cola del desarrollo

Entre las principales demandas por las que abogan diferentes organizaciones y, que incluso ha hecho bandera el propio Presidente Ollanta Humala, es que un porcentaje de los beneficios que obtengan las empresas se invierta a favor de la comunidad local.

Proyectos sociales que vendrían a solucionar problemas endémicos en las zonas habitadas por la población indígena y rural.

Se estima, según datos de UNICEF, que el 78% de los niños indígenas viven en la pobreza, que el 32% entre 3 y 5 años no asisten al colegio y que menos del 50% tiene acceso a la atención médica.

Pero el incumplimiento de las promesas es uno de los mayores generadores del descontento.

“Yo sentí como la gente estaba decepcionada con el Presidente porque durante la campaña electoral había prometido ayudarlos y después han visto como no ha sido así. Lo que hicieron en Cajamarca de declarar el Estado de Emergencia fue como una traición”.

“El Gobierno Nacional dice que se preocupa por el entorno, pero muchas veces no es así.  Durante la primera parte del conflicto el Estado no está presente, aparece cuando el conflicto estalla y, es demasiado tarde. Llega la policía y los militares y hay muertos y heridos. Eso no lo queremos”.

Sí, pero no

Una ojeada a la hemeroteca verifica la tensión y el dramatismo de las protestas. El pasado mes de julio Ollanta Humala tuvo que hacer frente a duras críticas por el desenlace de una manifestación anti-minera que terminó con 5 muertos y numerosos heridos.

El malestar alrededor de los proyectos mineros, en opinión de Peter Low, se solucionaría “mejorando el proceso de diálogo con las comunidades para que  puedan realizar sus reivindicaciones”.

Hay que cambiar la forma de aprobar los estudios que se realizan para evaluar el impacto ambiental que comporta una determinada extracción, porque estos son ratificados por el Ministerio de Minas, el mismo que promueve la inversión minera en el país. Esto es una confrontación de intereses”.

Además, es optimista con una de las medidas aprobadas por el Gobierno y que se materializa con el Senase, un órgano independiente que se ocupará de analizar todos los proyectos.

Sobre la postura que debe adoptar el Gobierno Británico para que empresas nacionales no sean la raíz de las disputas, señala que “la legislación inglesa exige a las empresas que publiquen sus ganancias detalladamente. Esto mejora la transparencia y evita la corrupción. Aplicada esta medida en su totalidad ayudaría a solucionar algunos conflictos” que indignan a los habitantes de las zonas afectadas por la minería.

Ser escuchados, esa es la mayor reivindicación de personas anónimas que ven como sus recursos se agotan en beneficio de grandes empresas internacionales. Sus voces son sus verdaderas armas que llegarán a cualquier lugar con el fin de ser reconocidos sus derechos.

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