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Pelao Carvallo: La masacre que no quieren investigar

Paraguay… El desalojo de la hacienda de Morumbí supuso la destitución del entonces presidente Fernando Lugo, pero también la prisión injustificada de diecisiete personas. Nueve meses después se sigue pidiendo su liberación.

 

Pelao Carvallo 8Olga Briasco

 

La masacre de Marina Kue, uno de los procesos históricos más dolorosos de la historia moderna de Paraguay, se produjo el 15 de junio de 2012. Ocurrió cuando un grupo de campesinos ocupó la hacienda Morumbí, propiedad del empresario Blas Riquelme.

Nueve meses más tarde, la opinión pública se sigue preguntando “¿qué pasó?”. Y la respuesta también la buscan las entidades que luchan por los derechos humanos.

Con la pretensión de esclarecer los hechos ocurridos y de que esta violación de los derechos humanos no caiga en el olvido, el activista Pelao Carvallo conversó con The Prisma.

Para esa reconstrucción histórica, Carvallo recuerda cómo el empresario Blas Riquelme consiguió, a base de “triquiñuelas legales”, esas tierras.

Pelao Carvallo 7Esa “usurpación de las tierras” llevó a cientos de campesinos a ocupar esas 2.000 hectáreas, pero también su conocimiento de que “eran tierras del Estado y tenían por destino la reforma agraria y, por tanto, el reparto de los campesinos”.

Este tipo de ocupación se había producido con anterioridad en otras tierras de la región de Curuguaty, situada a 400 kilómetros al noreste de Asunción y cerca de la frontera con Brasil. “No fue la primera ni la última ocupación por parte de los campesinos, quienes solían negociar la situación con los agentes”, afirma Carvallo.

Pero en esta ocasión la situación no se solucionó pacíficamente. Fue, como denuncia Carvallo: “una masacre a propósito y coordinada en contra del campesinado”.

Lo ocurrido aquella noche está lejos de ser conocido, pero testimonios y documentales paralelos a la investigación oficial señalan que la mayor parte de los campesinos que murieron fueron ejecutados.

Pelao Carvallo 11El activista resalta que en esos testimonios se deja entrever que algunos de los policías (seis) perdieron la vida por el caos y la confusión del desalojo. Sin embargo, “la Fiscalía General del Estado no habla de este tema porque todos sus testigos son funcionarios de la empresa o de la Policía”.

Las investigaciones paralelas dan cuenta de esa situación y reconstruyen “la manera salvaje” con la que irrumpieron los policías. Según describen esos documentos, algunos agentes “ejecutaron a personas que estaban malheridas o fueron detenidas”.

Silencio en la administración

Con cierta amargura Pelao Carvallo dice que la Fiscalía prefiere no tratar el asunto porque “si comienzan a investigar se darán cuenta que también hay responsabilidades de quienes tienen que ver con el juicio en la actualidad”.

De hecho, los activistas que luchan por obtener la verdad pidieron que los magistrados de la causa, el fiscal Rachid y el juez José Benítez, se apartaran del asunto.

Pelao Carvallo 10Sin embargo ha sido desestimada la acusación del juez y, ahora, están a la espera del fiscal. Aspecto que “era de esperar”.

Según denuncian las entidades que ayudan a los presos, la persona que dictó la orden de allanamiento fue el fiscal Ninfa Aguilar, bajo una orden del juez José Benítez.

Para cumplir dichas instrucciones, el 14 de junio, llegaron a la región 324 efectivos de la Policía Nacional lotados, incluyendo los miembros del Grupo Especial Operativo (GEO), de la fuerza de élite de la Policía (FOPE), la policía montada, antimotines y un helicóptero Robinson.

Irrumpieron en la hacienda para desalojar a los 150 ocupantes que se encontraban en ella y en cuyos enfrentamientos murieron 11 campesinos y seis policías. Otras 100 personas resultaron heridas. Así lo narra Pelao Carvallo.

Pelao Carvallo 5En el transcurso de esas detenciones, Carvallo explica que se produjeron “violaciones y agresiones a los derechos humanos” y finalizaron con la detención de 12 campesinos y 54 personas fueron imputadas arbitrariamente.

Sus cargos penales incluyen: hecho punible de homicidio doloso, homicidio en grado de tentativa, lesión grave, asociación criminal, coacción grave, coacción e invasión. “Se carece de indicios suficientes que presuman su responsabilidad en los hechos que se les atribuyen”, explica Carvallo.

Además, denuncia que desde aquella fecha los allegados a los campesinos asesinados han experimentado un sin fin de descalificaciones, torturas, abusos e injusticias. Por ello pide justicia para los familiares de los 11 detenidos presos y de las 54 personas imputadas.

Pelao Carvallo 3Transcurridos nueve meses de aquél fatídico día, Pelao Carvallo sigue luchando por la justicia de estas personas con la única tentativa de lograr la verdad y su impunidad. También para que esta violación a los derechos humanos no caiga en el olvido.

Bajo ese prisma, el paraguayo se sitúa en el presente.

¿Cuál es la situación actual de los presos?

Hay once campesinos y campesinas en diferentes estados de prisión. Tres hombres y una mujer se encuentran en prisión domiciliaria gracias a la huelga de hambre de casi 60 días que hicieron para pedir su libertad. Cinco personas más, de entre ellas dos mujeres embarazadas, están en la cárcel de Coronel Oviedo. Un preso en la prisión de La Esperanza y otro en la de Tacumbú.

Dos meses en huelga de hambre es mucho tiempo. ¿Recibieron atención médica por parte de las autoridades?

Fernando Lugo
Fernando Lugo

En un principio no. De hecho, si no hubiese sido por la ayuda de voluntarios de organizaciones y por la presión de la opinión pública, el Gobierno hubiese dejado morir a esas personas.

Exactamente, ¿Cuál fue su delito?

En mi opinión, ninguno. La lucha por la tierra es una herramienta legítima del campesinado de Paraguay. Para la fiscalía, su delito es invasión de inmueble, asociación criminal y tentativa de homicidio. Tentativa porque la Fiscalía ha hecho una acusación centrada en que los campesinos son culpables y los policías son inocentes. De hecho, no se investiga la muerte de los campesinos, sino la de los agentes.

Fernando Lugo ha denunciado que la masacre fue “un complot jurídico-político para derrocarlo”. ¿Qué opina al respecto?

Estoy de acuerdo de que fue un complot político, pero esa masacre no fue preparada con anterioridad. Es cierto que había una preparación en cuanto a hacer caer al gobierno de Fernando Lugo y hacer un juicio político con un escenario caótico y crítico, pero no creo que pensaran en este volumen de represión. En ese sentido, sí fue un complot, pero a los golpistas se les salió de las manos y por eso no quieren investigar y llegar a la verdad.

¿Cree que se van a esclarecer los hechos?

Sí pero por medio de las investigaciones paralelas. Ni la Fiscalía, ni el aparato judicial ni el ejecutivo golpista tienen interés ni motivación para esclarecer los hechos.

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One Comment

  1. Pingback: Paraguay: Un sin-juicio, el de la masacre de Marinakue | Red Latina sin fronteras

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