Globo, Latinoamérica

La escandalosa corrupción en tiempos de Martinelli (II)

Tiempo después de que Ricardo Martinelli , dejara la Presidencia, empiezan a salir a la luz publica cifras que escandalizan por su corrupción. Hay decenas de implicados. Y las investigaciones continúan.

 

  corruLuis Manuel Arce

 

A Rafael Guardia (exadministrador del PAN), otro de los investigados por corrupción durante dicha presidencia, se le acusa de delitos contra la administración pública al igual que Tamburelli. Entre ambos manejaron mil 200 millones de dólares sin que hayan rendido cuentas para justificar ese enorme monto.

A Guardia Jaén se le han incautado en cuentas bancarias por 18 millones de dólares, y se le han descubierto varias propiedades inmobiliarias de extremo lujo, una de ellas valorada en dos millones de dólares. Cuando llegó al cargo era un humilde vecino de un barrio pobre capitalino.

Una querella interpuesta contra Guardia sirve de base a pesquisas que instruye la fiscal Lozano de Coronel en contratos asignados a numerosas empresas relacionadas con el anterior gobierno: 3D & LSA, Grupo HD & L, Construcciones Internacional, S.A., Grupo HDEL Construcción Internacional, S.A., Constructora Brithany, S.A., Suplidora Osman, S.A., Inversiones Cincuentenario, S.A., Corporación Vulcano, S.A. y Grupo Exalhe, S.A., supuestamente relacionadas con malversación de fondos públicos.

El testigo protegido cifra en 30 millones de dólares el monto del dinero malversado por Guardia Jaén.

Adolfo Chichi de Obarrio (exsecretario privado de Martinelli):Aparece como quien recibía en su oficina en la Presidencia de la República las coimas generadas por el PAN y luego las redistribuía entre todos los implicados.

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Fue supuestamente la persona clave en la administración de los recursos mal habidos generados en el PAN.

Un testigo del Ministerio Público, que protege su identidad por la gravedad de sus revelaciones, asegura que De Obarrio pudo haberse quedado con el 20 por ciento de las coimas, cifra alucinante que podría estar muy por encima de los cien millones de dólares.

Guillermo Ferrufino (exministro de Desarrollo): Presunto delito contra la administración pública. Aparece como dueño de una residencia millonaria en Pyne Hills Albrook Field, tiene fincas y un yate de lujo a pesar de que entró al gobierno sin propiedades ni fortunas declaradas.

A ello se agrega la presunta compra de una residencia playera de lujo en el exclusivo Coronado por un valor de medio millón de dólares. Cuando ingresó al gobierno era un simple animador de la televisión, poco culto y sin recursos financieros.

Salomón Shamah (exministro de Turismo): señalado como creador y director de un centro de escucha (espionaje telefónico); intento de extorsión a Mayté Pellegrini. Según Victor Ramos, hermano del desaparecido Vernon, Shamah lo amenazó para que no siguiera investigado el caso.

Se le vincula a casi todos los presuntos casos de corrupción en el gobierno de Martinelli y artífice de la campaña sucia contra los políticos opositores, en especial contra el actual presidente HJuan Carlos Varela. Tamburelli lo acusa de haber amenazado a su familia para que no hable en el caso de las compras del PAN.

También su nombre aparece vinculado al narcotráfico a pesar de lo cual siguió y sigue siendo el hombre de confianza de Martinelli. El gobierno de Estados Unidos le tiene negada la entrada a ese país.

Night Skyline Panama by Alberto Abouganem Stephens - Flickr
Night Skyline Panama by Alberto Abouganem Stephens – Flickr

Frank de Lima (exministro Economía y Finanzas): aparece en el caso Finmeccanica, y en la falta de transparencia en los dineros

Asignados al PAN y al Ministerio de Salud para la construcción de cinco hospitales que no fueron terminados, así como en la deuda contraída de 485 millones de dólares de los contratos llave en mano.

De Lima, en su condición de representante legal de Tocumen S.A. otorgó durante la administración de Martinelli el 62 por ciento de las actuales concesiones comerciales ofertadas por la empresa estatal. De las 87 que se aprobaron entre 2009 y el 30 de junio de 2014, en total 78 se entregaron de forma directa.

Juan Carlos Pino (exadministrador Aeropuerto Tocumen SA): aparece con denuncias de negociados y sobre costos en el Muelle Norte de la ampliación del aeropuerto, y los contratos para el Muelle Sur. Fue uno de los primeros en renunciar apenas asumió el gobierno el presidente actual de Panamá, Juan Carlos Varela.

Demetrio Papadimitriu (exministro de la Presidencia): se le menciona en un fracasado intento de apropiarse de las áreas playeras de Juan Hombrón supuestamente de sus padres. Entró en litigio con Martinelli por ese hecho y renunció a su cargo de ministro de la Presidencia.

Enrique Ho (exdirector de aseo): acusado por varios diputados de negociados y poca transparencia en el manejo de presupuestos superiores a los 80 millones de dólares anuales, y alquiler innecesario de camiones recolectores de basura. No ha rendido cuentas del gasto de más de 300 millones de dólares.

José Ayú Prado (exprocurador general y actual presidente de la CSJ): aparece como protagonista principal en supuesta extorsión a Mayte Pellegrini para que se retractara de acusación a Martinelli de poseer una cuenta cifrada en Financial Pacific que usó en la compra de acciones de la minera Petaquilla.

Encubrió a Financial Pacific en el desfalco de 14 millones de dólares según Pellegrini. No investigó las denuncias relacionadas con el PAN. Acumuló varias querellas ante la Asamblea Nacional por supuestos delitos de corrupción, abuso de autoridad e infracción de los deberes del servidor público pero fueron archivadas por los integrantes de la Comisión de Credenciales de la Asamblea que entonces dominaban los diputados de CD.

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Alejandro Moncada Luna (magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia de la que fue presidente dos años): procesado en la Asamblea Nacional por la supuesta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales, falsedad de documentos y corrupción de servidores.

Compró dos apartamentos -uno de ellos al contado- en Coco del Mar, por valor de 1.7 millón de dólares. Es mencionado en el proceso de Mayte Pellegrini también como encubridor a favor de Financial Pacific y Ricardo Martinelli.

No procesó ninguna de las denuncias sobre delitos de corrupción que llegaron a su despacho como presidente de la CSJ.

Ana Belfon (procuradora de la nación): el Frente Amplio por Colón solicitó que se investigue cuando abandone el cargo el 31 de diciembre por cerrar los expedientes y patrocinar la impunidad en caso de la matanza de colonenses ordenada por el gobierno de Martinelli para tratar de imponer la venta de las tierras de la Zona Libre de Colón en 2012, hecho que era ilegal.

Aparece como que ha bloqueado todos los procesos de corrupción que han llegado al Ministerio Público para que no prosperen, incluido Finmeccanica, Financial Pacific, y ventas de acciones de propiedad estatal, malversación en el PAN y otros delitos.

Eduardo Peñaloza (Fiscal Electoral): aparece subordinado a Martinelli en todos los procesos de impugnación y denuncias de mal uso de recursos del Estado por parte de los candidatos a todos los niveles de Cambio Democrático.

Se le responsabiliza por el silencio mantenido en la comisión de actos delictivos violatorios a la ley electoral y a la Constitución en los comicios de mayo de 2014.

Gioconda Torres de Bianchini (Contralora): aparece como que refrendó sin previa investigación todas las órdenes de compra de las diversas entidades del gobierno, incluidas del PAN en cuyas bodegas no existieron controles ni inventarios.

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Exempleada de los Super 99 de Martinelli, no actuó en ninguna de las denuncias de inversiones, compras y otros usos irregulares de los dineros del Estado, ni las investigó y firmó las solicitudes llegadas a su escritorio desde las diversas instancias del gobierno.

No cuestionó ninguna asignación presupuestaria o de otro tipo proveniente del Ministerio de Economía y Finanzas.

Sergio Gálvez (expresidente de la Asamblea Nacional); gastó 117.2 millones en la planilla de contratados adicional al personal fijo durante sus dos años de mandato (2012-2014).

La Prensa asegura hubo una componenda con Martinelli y Frank de Lima, para autorizar esos gastos astronómicos posiblemente con fines políticos.

Según denuncias presentadas por el testigo Giancarlo Terán, supervisor del call center que dirigía Salomón Shamah, el centro de espionaje telefónico era financiado por la Asamblea Nacional que lideraba Gálvez.

Hay decenas de implicados más según expresara el presidente Juan Carlos Varela, quien ha ratificado que las investigaciones continuarán. (PL)

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