Globo, Latinoamérica, Reino Unido

Venezuela: periodismo comprometido vs. agresión mediática

El ejercicio del periodismo en Venezuela es un problema complejo, más cuando este país enfrenta los rigores de los que muchos analistas califican de “guerra total”.

 

Luis Beatón

 

Las bases doctrinarias de la agresión son aplicadas con precisión por el gobierno de Estados Unidos, empeñado en destruir el proceso revolucionario iniciado por  Hugo Chávez y que continúa el recién electo presidente Nicolás Maduro.

Se habla del ejercicio del periodismo y muchos se preguntan: cuál periodismo, el comprometido con la Revolución o el contrarrevolucionario, porque existen los dos. Aquí no hay indiferentes, ni medias tintas ni plumas neutrales.

Frente a la agresión mediática, a las llamadas ‘fake news’ (noticias falsas) a la manipulación y las mentiras que de tanto repetirse parecen verdades, hay un periodismo comprometido que defiende las conquistas populares y que sufre, y además padece, las mismas necesidades que tiene el otro bando.

Periódicos impresos, tanto llamados de izquierda, de centro, si es que los hay, y de tendencia de derecha, enfrentan una crisis de papel que no distingue credo ni ideología. Pero esa crisis también es resultado, entre otros cosas, de la doctrina moderna de la guerra total que expone con claridad el coronel retirado del Ejército de Estados Unidos Max G. Manwaring, especialista en definir esos escenarios.

El ex militar habla de tres niveles de conflicto para este tipo de guerra : a) Amenaza interna contra la estabilidad política y la soberanía por personas naturales y/o jurídicas nacionales y/o transnacionales que cuentan con apoyo transnacional estatal o no estatal; b) generación de descontento popular e incapacidad inducida que impiden al gobierno resolver las causas del descontento; y c) ocupación militar del territorio, generalmente encubierta con el calificativo de ‘intervención humanitaria.’

En el primer nivel, precisa Manwaring, (amenaza interna contra la estabilidad política) concurren tres formas fundamentales: 1) desestabilización económica y ataque a la moneda; 2) golpe de Estado; y 3) Control territorial y político a través de organizaciones criminales.

Eso, que es la desestabilización económica y ataque a la moneda, sin dudas tiene efectos muy nocivos para el ejercicio del periodismo en cuanto al acceso a los insumos, a tecnologías y a lo necesario para el trabajo.

Pero hay que señalar que, en el plano externo, Venezuela es víctima de una bien engrasada maquinaria mediática a la que no le faltan recursos como complemento de todas las etapas de la guerra total contra la Revolución chavista que tiene en Washington y en el Comando Sur a sus arquitectos.

Entre 2002 y 2012 las ONG ampliaron su presencia en América Latina; solo en Venezuela la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid por su sigla en inglés) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED) invirtieron más de 100 millones de dólares durante con el objetivo de auspiciar a grupos de oposición y crear 300 nuevas organizaciones.

Documentos filtrados por WikiLeaks revelan que la Usaid entregó entre 2004 y 2006 unos 15 millones de dólares a 300 ‘organizaciones civiles’ en Venezuela, en el marco de los derechos humanos y la educación. También había periodísticas. Muchas de estas organizaciones aun operan en el país y son defensoras de la ‘libertad de expresión’, esa que algunos dicen que está limitada.

Por ejemplo, si se lee una página de El Nacional, El Universal o el semanario La Razón se puede apreciar hasta qué punto llega la censura de los medios considerados por algunos de derecha: su contenido no tienen ninguna afinidad con el gobierno. Abundan las calumnias, las ‘fake news’ y los insultos. Pero ninguno ha sido cerrado.

Igual ocurre con las televisoras Venevisión, Televen, Globovisión, por citar tres ejemplos, o las decenas de emisoras de radio que transmiten en el país propaganda nada favorable al gobierno.

En cualquier sistema político, el que está en el poder pone las reglas de juego. Censura hay siempre, en cualquier país y en cualquier sistema político, indican expertos en el tema.

La incitación a la violencia donde quiera debe ser censurada al igual que el terrorismo mediático, que existe y en oportunidades se deja ver. Venezuela no es la excepción.

Pero, ¿es  el ejercicio del periodismo un peligro para los colegas que lo ejercen? En Venezuela no se da el caso como ocurre en otros países. No hay reportes de periodistas muertos o desaparecidos, por mencionar algo relacionado con este tópico en el que se aborda la libertad de expresión.

Un total de 65 profesionales del sector murieron en el mundo durante 2017 en el ejercicio de su profesión, según informe de la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras (RSF).

En esto, México y Siria son los países más peligrosos para ejercer esta profesión, y no necesariamente es culpa del gobierno.

Según el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS), una ONG surgida aquí, durante agosto de 2013 y febrero de 2018 dejaron de circular 35 diarios en todo el territorio, aunque no especifica las causas, ni tan siquiera habla de que puede ser resultado de la agresión económica.

Los medios que dejaron de circular lo hicieron debido a las dificultades a acceder al papel periódico para su producción. ‘De esta cifra, 18 medios han dejado de circular de manera definitiva y los otros 17 han suspendido sus operaciones por lapsos’, indicaron directivos de IPYS.

Esa misma organización plantea que “hay una inseguridad jurídica con el sector radioeléctrico puesto que el gobierno le impide a las emisoras de radio y canales de televisión renovar las licencias a menos de que cambien sus líneas editoriales”, aunque no presenta pruebas. Hay que aceptar eso como una verdad.

El analista y periodista venezolano Eleazar Díaz Rangel, director del diario Últimas Noticias, el de mayor circulación en el país, aborda el tema de la censura en Venezuela.

“Por censura se entiende la acción que ejercen funcionarios del gobierno para suprimir informaciones y opiniones en los medios de comunicación. En la dictadura de Pérez Jiménez operó una oficina permanente responsable de esas funciones. Desde 1958 han sido circunstanciales”, señala.

“La hubo con (Rómulo) Betancourt en noviembre de 1960. Se recuerda, y se olvida, la que el gobierno de (Carlos Andrés) Pérez impuso en 1992, para lo cual utilizó personajes como Pedro Pablo Alcántara, que hizo de censor en algunos diarios”, precisa.

La Constitución prohíbe expresamente, incluso en situaciones de emergencia, suspender la garantía de informar y opinar, subraya este decano del periodismo venezolano.

“Es difícil encontrar otra Constitución en el mundo, subrayó Díaz, con una disposición como ésa. Cabría invitar a la SIP y a todos quienes hablan de atentados a la libertad de prensa en Venezuela, que muestren una sola noticia que no se haya difundido como efecto de la acción gubernamental desde 1999”. (PL)

(Fotos: Pixabay)

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