Globo, Latinoamérica

Colombia: tiembla la Justicia Especial para la Paz

“Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”. Hasta hace pocos días, esta frase del Premio Nobel de Paz, Desmond Tutu  – entre otras muchas expresiones –  sintetizaba la posición que diversos sectores alternativos en Colombia abanderaron frente a los comicios presidenciales del pasado 17 de junio.

 

Foto: Pixabay

Daniel Camilo Agudelo Tolosa*

 

Ante un escenario de eventual resurgimiento de épocas crudas de la historia del país, donde las fuerzas del gobierno se encontraban en cabeza de la extrema derecha, ciudadanos y ciudadanas, cansados del continuismo político corrupto representado por los partidos tradicionales Liberal, Conservador y sus apéndices ideológicos como Cambio Radical, Partido de la U o Centro Democrático, entre otros, masivamente se movilizaron a sufragar.

Sin embargo, pudo más el lenguaje del miedo y de nuevo la extrema derecha -junto con la política tradicional- quedó en cabeza del Gobierno nacional.

Muchos temores se levantaron con los resultados presidenciales -acrecentados por un Congreso también electo mayoritariamente en manos de la extrema derecha- y aunque con sus palabras en su discurso de victoria Iván Duque intentó crear un ambiente de unidad nacional, calmando relativamente dichos temores, él mismo los revivió. Lo hizo mientras reiteraba su solicitud (posteriormente aceptada) al Congreso de la República de suspender el trámite del reglamento procesal por el cual comenzaría a funcionar con plenitud jurídica la Justicia Especial para la Paz, JEP.

Congreso colombiano – Foto: Commons Wikimedia

La JEP y su importancia en el posconflicto

La Justicia Especial para la Paz es una jurisdicción especial colombiana, fruto de los acuerdos para la terminación del conflicto con la extinta guerrilla de las FARC (Fuerzas Revolucionarias de Colombia), con competencia para conocer cualquier hecho conexo al conflicto armado indistintamente de su autor.

La JEP abre garantías reales a las víctimas del conflicto armado en Colombia de acceder a medidas judiciales de reparación tanto material como simbólica, mecanismos de esclarecimiento de la verdad y garantías de justicia.

Todo ello, mediante el cambio de los procedimientos penitenciarios ordinarios de la justicia penal por mecanismos de justicia transicional que garanticen a los victimarios penas alternativas a cambio de una restauración integral a estas víctimas.

Eco de subordinación

La solicitud, que presentó el presidente electo, Iván Duque, como un claro forcejeo político con el aún presidente Juan Manuel Santos, funge así mismo como un claro y grosero desobedecimiento del imperio de la ley por parte de Duque.

Photo by Daniel Agudelo Tolosa

Duque, sin tener legalmente todavía el dominio del Gobierno -pues su mandato comienza el próximo 7 de agosto- ejerció funciones de injerencia directa dentro del Congreso. Aún más abiertamente reprochable resultó la actitud de este cuerpo legislativo de asumir sumisamente como mandato lo solicitado por el presidente electo.

Primeros síntomas de algo patente en los próximos cuatro años: la vulneración al principio de división de poderes -por el cual las ramas ejecutiva, legislativa y judicial no interfieren entre sí- que en todo estado democrático otorga garantías mínimas de independencia y neutralidad en la toma de decisiones.

La excusa es política

Para Duque sus razones son legales y las sustenta el trámite en el Congreso del reglamento procesal de la JEP, el cual estaría posiblemente viciado pues no se encuentra en firme la Ley Estatutaria o Acto Legislativo 01 de 2017 que creó la JEP.

No obstante, según lo manifestado por el Ministro del Interior Guillermo Rivera, la senadora Claudia López y por la misma presidenta de la JEP, Mirtha Linares, esta visión yerra por completo puesto que en ningún momento el acto legislativo estableció que estaba sometido a aquel el desarrollo legislativo de los lineamientos procesales de la JEP. Además, como es un principio del derecho, la ley procesal difiere abiertamente de la sustancial. Tal como lo dice la presidenta de la JEP: “El Congreso puede y debe expedir los procedimientos que le correspondan, se han producido muchas normas y códigos de procedimiento sin que existan leyes estatutarias.”

Así las cosas, más allá de un infundado vicio de trámite en el legislativo por el cual si no existe una ley no se puede legislar otra completamente diferente (esta analogía por sí misma recae en el absurdo), pareciera que la intención de Duque es la de sabotear la implementación de los acuerdos de paz.

Foto: Commons Wikimedia

La respuesta del presidente

Tras la estrategia política liderada por Duque y el Centro Democrático para torpedear en la práctica el compromiso del Estado con el establecimiento de una Justicia Especial para la Paz, el presidente Juan Manuel Santos afirmó, a través de Twitter, que “la paz tiene que estar por encima de los cálculos políticos”.

De esta forma envió un claro mensaje de inconformidad por la politización de una un elemento vital (la JEP) para el resarcimiento de las víctimas y el cumplimiento de los acuerdos de paz. Dentro de la misma comunicación manifestó su intención de utilizar dos clases de herramientas constitucionales con las que cuenta la Presidencia de la República ante coyunturas como la actual de un Congreso negligente de cumplir con sus responsabilidades legales e históricas.

La primera consiste en la solicitud de trámite de urgencia de proyectos de ley, e insistencia sobre dicha urgencia. Este procedimiento se encuentra instituido en la Constitución Política en su artículo 163, por el cual con urgencia el Congreso debe resolver prioritariamente el proyecto de ley requerido el cual, junto con la insistencia, se convierte en principal.

Foto: Pixabay

De esta forma los demás proyectos no se tramitan hasta tanto no se decida aquel.

La segunda herramienta anunciada por Santos ante el evidente saboteo a la reglamentación de la JEP, es citar a sesiones extraordinarias las cuales, por ley, deben ejecutarse entre el 20 de junio y el 20 de julio con el objetivo de dar trámite a proyectos de ley específicos. Sobre este aspecto, fue promulgado el 20 de junio el Decreto 1033 de 2018 citando a estas sesiones desde el 21 de junio hasta el 3 de julio.

Hay esperanza

Ante el panorama actual y frente a las herramientas desplegadas por la Presidencia de la República el Congreso tiene dos únicos rumbos de acción: o aprueba o hunde la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz. El trámite para resolver la solicitud de urgencia e insistencia presidencial exige uno de estos dos escenarios.

En ese orden de ideas, ante los recientes hechos donde la plenaria del Senado desconoció lo anterior mientras reafirmaba la suspensión del trámite de la ley de reglamentación, estaríamos ante un hundimiento tácito -desde una perspectiva jurídica- de la reglamentación de la JEP en el Senado. Esto si el Senado continua en una franca actitud de desacato a la constitución para dar cumplimiento a la orden política de Duque.

Sin embargo, no todo el panorama es negativo. Muestra de ello la dio la Cámara de Representantes el pasado 20 de junio, al asumir su independencia política de Duque.

Firma de Acuerdo de Paz – Photo: Flickr

Ese día la Cámara de Representantes acogió la constitución y lo que esta le ordena ante el trámite de urgencia e insistencia del gobierno, y resolvió aprobar la totalidad del articulado de reglamentación de la JEP.

Ello, sumado a la presión social que en los últimos días convocó a miles de personas en redes sociales y la Plaza de Bolívar -espacio físico donde funciona el Congreso- exigiendo la reglamentación de la JEP, coloca en el Senado la responsabilidad histórica de hundir o aprobar dicha reglamentación.

*Daniel Camilo Agudelo Tolosa: Abogado y activista en derechos humanos.

 

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