Globo, Latinoamérica

Minería y muerte en resguardo indígena colombiano

Malformaciones, lluvias ácidas, cáncer, problemas en la piel, cultivos devastados, daños ambientales irreparables… Muerte…. Durante 35 años las comunidades indígenas Zenú han visto cómo sus territorios, y ellos mismos, han sido destruidos.

 

Irrael Manuel Aguilar Solano

Virginia Moreno Molina

 

La explotación minera en Colombia no es ninguna novedad, como tampoco lo es el exterminio masivo de las comunidades indígenas. Ni la amenaza o muerte a quienes defienden sus territorios.

Territorios donde existen yacimientos de minerales que parecen ser más importantes que las vidas humanas, y que la violación a los derechos fundamentales de las comunidades que allí habitan.

En esta ocasión se trata del caso de los pueblos indígenas Zenú, ubicados en el departamento de Córdoba, en Colombia, y quienes llevan sufriendo durante décadas las emisiones tóxicas desde la mina Cerro Matoso.

Desde mayo de 2015 esta mina es propiedad de South 32, una compañía multinacional británica registrada. Su propietario anterior era BHP Billiton, que tuvo la concesión durante aproximadamente 30 años.

Irrael Manuel Aguilar Solano es el antiguo cacique de la comunidad Zenú y su actual líder, y es quien desde el comienzo ha estado al frente de esta problemática generada por la explotación  de la mina y que amenaza a los pobladores de la zona.

Photo de ABC Colombia

Por ende, es quien ha tenido que enfrentar a los defensores de la explotación y todo lo que ello implica en un país como Colombia. Pero ni las amenazas durante más de 20 años, ni las empresas, ni los gobiernos, han conseguido tumbar su resistencia.

El pueblo Zenú es uno de los 34 grupos de pueblos indígenas que están en riesgo de extinción cultural y física, según declara el fallo de 2009 del Tribunal Constitucional colombiano.

“Desde hace más de 35 años esta empresa viene explotando níquel a cielo abierto, y años después, estas acciones han devastado el territorio, y últimamente, el problema más grave es que afecta a la población”, explica Irrael. También cuenta que “hay un gremio fuerte de trabajadores, que por uno u otro motivo sirvieron a la empresa minera, y que han ido muriendo muy correlativamente, uno tras otro”.

Precisamente, la encuesta médica presentada a la Corte por los Servicios Médicos Legales del Estado muestra que los pueblos indígenas que viven alrededor de la mina tenían índices extremadamente altos de níquel en la sangre y la orina, excediendo bastante los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud, OMS.

Photo de ABC Colombia

El ex cacique habló con The Prisma sobre esta problemática y su batalla abierta.

 

Batalla abierta

 

Desde 2001, Irrael Aguilar ha intentado llamar la atención de las autoridades y la empresa sobre los efectos de la explotación minera en los territorios y en sus habitantes. Sin embargo, nunca ha sido escuchado.

Es por ello que entre 2012 y 2013, las comunidades étnicas del Resguardo Zenú del Alto San Jorge y las comunidades afro descendientes, comenzaron a tomar acciones legales con las instancias competentes locales.

Además, allí también conviven otras comunidades indígenas y poblaciones no indígenas que en su momento no entraron en el proceso porque “había mucha debilidad, desconfianza y mucha intimidación”.

Sin embargo, ni el Tribunal de Montería ni el Tribunal de Cundinamarca, velaron por sus derechos fundamentales, dejándolos una vez más expuestos a la continua contaminación y destrucción de la población.

Es por ello que decidieron llegar a instancias nacionales y elevar su denuncia a la Honorable Corte Constitucional en 2017, la cual emitió la sentencia en 2018 (Decisión T-733 de 2017) donde se les dio la razón de que “existían unos nexos causales en contra de la población humana y unos daños irreversibles causados en el ambiente sobre nuestra madre tierra”.

Sin embargo, la empresa ha apelado la decisión de que deben pagar una compensación y llevar a cabo actividades correctivas debido a los problemas cardíacos y pulmonares letales causados ​​por la contaminación.

Sombrero Voltiao. Photo Daniele Pieroni. Flickr bit.ly/2nOpKBT

De hecho, una de las magistradas que participó en el proceso se ha retirado del mismo. “No es extraño que la empresa esté utilizando su poderío económico y político”, explica Irrael.

“Conocemos de muchos sobornos a jueces y abogados, de muchas formas para torcer los procesos”, cuenta, y añade que “pensamos que la empresa está intentando sobornar o intervenir en el proceso para que salga a favor de ellos”.

Amenazas

A medida que presionamos a los actores que están en el territorio, siempre sentimos que aumentan las amenazas”, explica Irrael.

Durante estos años, y especialmente con las acciones legales en proceso, la intimidación hacia él y hacia los gobernantes de otros cabildos se ha hecho más frecuente.

Solo el mes pasado, el gobernador del cabildo Guacarí – La Odisea, “fue hostigado por dos personas que estaban motorizadas”, cuenta.

Una vez más, los líderes de estas comunidades quedan desamparados. Y aunque no saben con exactitud quiénes son los autores que impulsan estas acciones, piensan que tienen cierto acercamiento con los grupos actores armados.

Photo de ABC Colombia

Hasta ahora, no ha habido ningún asesinato en Zenú por esta situación, pero el acoso sigue vigente. Sin embargo, hay que recordar, que la propia comunidad indígena denuncia que desde que se firmaron los acuerdos de paz, en noviembre de 2016, se han registrado 59 homicidios contra representantes indígenas en el país colombiano.

Salud y medioambiente

Como consecuencia de las prácticas de explotación por parte de la compañía, los problemas de salud de los habitantes de Zenú se han manifestado. Algunos de los síntomas más frecuentes es la deformación de la piel. “Aquí le llamamos rasquiña y es incurable, ni con la medicina tradicional ni en los hospitales”, asegura el ex cacique. También ha habido un aumento de fiebres repentinas, abortos continuos, problemas en los pulmones y, especialmente, el aumento del cáncer.

Además, la utilización de materiales químicos y explosivos para tratar el níquel y la explotación de los territorios ha creado un impacto medioambiental devastador.

Irrael cuenta que, desde que la empresa llegó, ha ido creciendo de manera estratégica y se ha ido apoderando de los territorios. “Las comunidades terminaron en caseríos estrictamente unidos casa por casa, pueblos que no tienen ni un pedazo de tierra para el desarrollo de sus actividades económicas”, cuenta.

Una situación desesperada para una comunidad donde la tierra juega un papel fundamental en su vida cotidiana y a la cual ahora apenas tienen acceso. “Todo esto pone en vilo el sistema económico de nuestra población, que de hecho vive de la agricultura y la siembra de hortalizas”, explica Irrael. La producción de la comunidad es prácticamente nula debido a “las lluvias ácidas que destrozan los terrenos y el fruto sale deforme”.

De hecho, la contaminación ha llegado a tal nivel que ni siquiera cuentan con agua potable ni es posible utilizarla para uso doméstico o para el campo.

Además, componentes de su identidad indígena, como el sombrero vueltiao, se están perdiendo. “Ni siquiera tenemos la planta para extraer la fibra del material para hacerlo, y que nace de una palma en la rivera de los ríos, todo está destruido”, cuenta con rabia.

Oscuridad en cielo abierto. Foto: Pixabay

Actividades como el intercambio de productos o el trabajo tradicional del barequeo -gente que lavaba el oro en las playas para consumo diario y sostenibilidad de la familia- es casi inexistente por culpa de la explotación minera y sus consecuencias.

En definitiva, su sistema económico está cayendo en picado, poniendo en peligro su supervivencia.

El futuro

“Aquí lo que está en vilo es una generación de un pueblo, de un grupo étnico”, explica Irrael y añade que “peleamos por la vida humana de nuestras generaciones y la cual está en decremento”.

Denuncia que no se les ha blindado ningún tipo de protección o respaldo para poder conservar “la poquita identidad cultural y raíces indígenas que hay”.

Además, lo único que piden es participación en el proceso. “No nos buscamos enriquecer, pero que tampoco nos dejen morir de hambre; que no nos quiten el bienestar común, ni tampoco les dejemos destruido el espacio ambiental a nuestras generaciones”, argumenta Irrael.  “Si no luchamos hoy, a nuestras generaciones les va a quedar un territorio muerto”. En definitiva, un cambio en las políticas empresariales y gubernamentales. “Una vida humana no es menos que un yacimiento de níquel, de cobre, de oro o carbón. La vida prima sobre todos esos minerales”, sentencia.

*Al momento de escribir este artículo, la comunidad indígena de Zenú se halla en espera de la respuesta sobre la apelación a la sentencia de la Honorable Corte Constitucional (Decisión T-733 de 2017).

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