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Minería en Colombia: la impunidad de Cerro Matoso

Recientemente la Corte Constitucional falló a favor de la compañía minera. En marzo los pueblos indígenas Zenú afectados por las actividades de la empresa, ganaron la tutela para ser indemnizados. Pero la decisión del alto tribunal anula la victoria y los culpables del deterioro ambiental y de la salud de estas personas, no serán castigados.

 

  Virginia Moreno Molina

 

Hace décadas que las emisiones tóxicas desde la mina de Cerro Matoso han marcado, de manera irreversible, la salud y el bienestar de los pueblos indígenas Zenú, ubicados en el departamento de Córdoba, Colombia.

Se han dado casos de malformaciones, cáncer y, problemas en la piel, junto a daños irreparables al medio ambiente.

Desde mayo de 2015, esta mina es propiedad de South 32, una compañía multinacional británica registrada. Su propietario anterior era BHP Billiton, que tuvo la concesión durante aproximadamente 30 años.

Y aunque haya habido diferentes propietarios, la explotación minera nunca ha trabajado en beneficio de las comunidades vecinas. De hecho, en este caso, el pueblo Zenú es uno de los 34 grupos de pueblos indígenas que están en riesgo de extinción cultural y física, según declaró el fallo de 2009 del Tribunal Constitucional colombiano.

Abandonados por la justicia

A pesar de que el conflicto data desde el comienzo de las actividades mineras en Cerro Matoso, no fue hasta 2012 que se iniciaron las denuncias legales.

Ocho comunidades indígenas y una afroamericana se unieron para hacer frente a la multinacional. Irrael Manuel Aguilar Solano (entrevistado anteriormente por The Prisma sobre el tema) es el antiguo cacique de la comunidad Zenú, su actual líder en esta lucha y el cual comenzó en 2001 a llamar la atención de las autoridades y de la empresa sobre esta problemática.

“Algunos nos tildaron de locos y desquiciados porque según ellos la operación minera de Cerro Matoso era un modelo a nivel mundial”, explica Javier de la Hoz, abogado representante de las comunidades indígenas.

Después de varios fallos en primera y segunda instancia, en 2017 la Corte Constitucional falló en su favor, ordenando la protección de los derechos a la consulta previa, salud y medio ambiente sano, entre otros.

Como consecuencia de esto, “se ordenó una indemnización a favor de las comunidades derivado del daño causado y probado en el proceso judicial por parte de la explotación de la mina”, afirma el abogado.

Igualmente, se ordenó la creación de un fondo de etnodesarrollo para la reparación colectiva de las comunidades, así como atención integral en salud a las mismas.

Sin embargo, y ante la apelación de la empresa, la Corte Constitucional “en una decisión claramente regresiva, declaró la nulidad de la orden que se refería a la indemnización y al fondo de etnodesarrollo desconociendo los claros precedentes jurisprudenciales de la misma Corte”, explica.

Presiones

Durante el proceso, también ha habido situaciones controvertidas. “En medio de la discusión de la nulidad propuesta por la compañía minera, el presidente de la Corte Constitucional se vio en la obligación de apartarse del debate porque prejuzgó el caso en un medio de comunicación nacional”, dice De la Hoz.

Irrael Manuel Aguilar Solano

Además, según varios medios de comunicación, “los magistrados en sala plena estaban discutiendo el monto de los honorarios que devengaríamos los abogados, circunstancia absolutamente inadmisible”.

Javier también ha recibido algunas amenazas en el pasado cuando comenzó la representación legal de las comunidades. Sin embargo, explica que estas presiones son un “combustible” para seguir en la batalla.

 

Javier de la Hoz es abogado de Lawyers Enterprise, compañía que representa a las comunidades desde que comenzaron las acciones legales hace 6 años. De la Hoz habló con The Prisma sobre el fallo de la Corte Constitucional y la gran batalla legal contra la explotación minera en Cerro Matoso.

¿Qué significa la nueva sentencia de la Corte Constitucional para las comunidades que viven allí?

Como lo manifiestan los gobernadores indígenas y el presidente del consejo comunitario

de comunidades negras, la Corte los está condenando a muerte. Porque, aunque la Corte tutela los derechos fundamentales y declara probadas las gravísimas afectaciones en salud, igualmente ha decidido que la indemnización no era procedente en ese proceso. Y esto es, según ellos, porque la acción de tutela no se creó para obtener indemnizaciones.

Con esta posición la misma Corte está desconociendo su propio precedente, ya que en no menos de 20 sentencias aceptó que se podía obtener indemnización por perjuicios.

¿Cómo se explica que una magistrada de la Corte que en diciembre del 2017 aprueba el pago de indemnización, 8 meses después cambia de opinión y decide votar en contra de su propia sentencia y declarar la nulidad de esta?

¿Por qué piensa que la Corte Constitucional ha llegado a esa resolución?

La percepción general es que se ejercieron fuertes presiones del gremio minero de Colombia. Y digo percepciones porque hasta la fecha solo se conoce un comunicado de prensa donde la Corte anuncia su decisión, pero la providencia judicial aún no se publica.

Esto es algo que, los que ejercemos la profesión en Colombia, criticamos y no entendemos. La Corte Constitucional colombiana, desde hace un tiempo, viene anunciando sus fallos a través de comunicados de prensa. Es un tema absurdo y que no tiene explicación. No se entiende esto, pero solo tenemos ese comunicado de prensa donde la Corte expone que anuló parcialmente la sentencia contra Cerro Matoso.

¿Qué tipo de interferencia exterior ha habido para que se de ese resultado?

Sabemos que esa empresa es una multinacional muy poderosa que, solo en abogados,

gastó poco más de catorce millones de dólares en los años 2014 a 2017, pero que además maneja un lobby muy fuerte. En este punto quiero destacar que esta minera hasta pocas horas antes de salir el fallo en el mes de diciembre de 2017, estuvo representada por un ex presidente de la misma Corte.

En las redes sociales hay una batalla abierta entre los defensores de la mina y las comunidades. ¿Cómo se está llevando ese enfrentamiento en el terreno?

Algunos grupos de trabajadores y contratistas de la mina promovieron guerras en redes sociales que incluso desembocaron en injurias y calumnias en contra de miembros de las comunidades y el equipo de abogados que las representamos. Este enfrentamiento se hace palpable en las reuniones de consulta previa donde las discusiones se tornan, en ocasiones, bastante complicadas.

¿Ha habido algún acercamiento de la empresa?

No. Por el contrario, su posición es de una arrogancia y prepotencia absoluta, sin importarle las consecuencias en contra de las comunidades.

Foto: Wikipedia

¿Cuáles son los puntos principales que se quieren conseguir en esta batalla legal?

Básicamente lo que buscamos es la reivindicación de los derechos fundamentales de las comunidades, los cuales fueron ignorados durante más de 37 años, no solo por la compañía minera, sino también por el estado colombiano.

¿Cuál es el siguiente paso?

Estamos acudiendo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ya se radicó una petición de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estamos preparando otras acciones a nivel internacional, específicamente en Londres.

Un par de alianzas con firmas de abogados y entidades no gubernamentales que tienen sede en la capital británica.

(Fotos: Pixabay & Wikipedia)

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