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Ser ambientalista en Honduras, un riesgo mortal

Honduras se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente. Entre 2010 y enero de 2017 más de 120 personas fueron asesinadas en el país por defender la tierra y el medio ambiente.

 

Odalys Troya Flores

 

Eso opina Global Witness, organización no gubernamental (ONG) que trabaja para romper los vínculos entre la explotación de los recursos naturales, los conflictos, la pobreza, la corrupción y los abusos de los derechos humanos en todo el mundo.

El más reciente informe del Relator Especial de Naciones Unidas señala que en esta nación centroamericana los defensores de los derechos civiles y políticos, de las personas LGTBI, de los pueblos indígenas, de la tierra y el medio ambiente, de los migrantes, entre otros, están en situación de riesgo.

Las personas defensoras son objetos de amenazas, hostigamiento, intimidación, golpizas, además de ser criminalizadas y estigmatizadas en campañas mediáticas de desprestigio, añade.

Según testimonios que cita, los autores materiales de los ataques incluyen a miembros de la Policía Nacional, el Ejército, sicarios y personas desconocidas, mientras que los autores intelectuales comprenden a funcionarios públicos, la esfera empresarial, las fuerzas de seguridad y en especial sectores corruptos de las mismas que actúan en connivencia para asegurar el lucro propio.

Concluye que la gran mayoría de los asesinatos y ataques contra las personas defensoras permanecen impunes, o bien no se abre una investigación o esta no da resultado alguno.

En opinión del Relator Especial de la ONU, el caso de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres podría convertirse en la primera excepción si se produjeran avances en materia de rendición de cuentas, más allá de la condena de los autores materiales del asesinato.

En particular si se identificaran, investigaran, enjuiciaran y sancionaran a los autores intelectuales y a los que financiaron el crimen.

Berta Cáceres, reconocida defensora de los derechos humanos y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares de Honduras (Copinh), fue asesinada en la madrugada del 2 de marzo de 2016 por hombres armados que entraron a su vivienda, cumpliendo órdenes de supuestos empresarios interesados en la explotación de los recursos naturales, de zona de influencia de ese Consejo.

La ambientalista del pueblo lenca también era beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, pero aun así, las autoridades la abandonaron y permitieron su asesinato en el momento en que defendía el río Galcarque, concesionado por el gobierno para la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, propiedad de la familia Atala y la empresa Desarrollos Energéticos (DESA).

Ella era una ferviente luchadora en contra la construcción de Agua Zarca, por lo que en 2015 recibió el Premio Goldman, el más importante del mundo que pude recibir un defensor o defensora del medio ambiente.

Aunque en este caso fueron condenados siete de los ocho acusados, los empresarios señalados de dar las órdenes para su asesinato siguen en la impunidad.

Las exigencias de los ambientalistas

La destrucción de las áreas protegidas por diversos motivos como la explotación minera y de los bosques, así como por la construcción de represas constituye una de las causas de las luchas del pueblo hondureño, en particular de campesinos e indígenas.

“Luchamos en contra del saqueo y el modelo extractivista de muerte, reafirmamos nuestro compromiso y convicción de seguir luchando por la libertad de nuestros territorios y en contra de las políticas estatales que flagelan la vida del pueblo hondureño”, asegura el Copinh.

En el país el sector minero está sumido en conflicto desde hace más de dos décadas debido al creciente número de concesiones que supera el doble del área total de tierra destinada a la extracción de recursos del suelo.

Según el Instituto de Recursos Mundiales y la Iniciativa de Acceso, Honduras incumple las leyes de protección de la naturaleza, no respeta las decisiones de las comunidades en aceptar o no proyectos de aprovechamiento o explotación de los ecosistemas, y las autoridades permiten la destrucción de los mismos.

La minería a cielo abierto arrasa con los árboles y todo lo que es vegetación, luego se desecha la capa de tierra fértil de la zona de donde se extrae el oro y, seguidamente, se cavan gigantescos cráteres de unas 100 hectáreas y hasta 200 metros de profundidad con cargas explosivas y maquinarias.

El valle de Siria en el departamento Francisco Morazán, conformado por los municipios de El Porvenir, San Ignacio y Cedros, es un ejemplo del daño de las mineras y por qué la lucha de los defensores del medio ambiente.

En 1995 la empresa Sociedad Minerales Entre Mares Honduras S.A., subsidiaria del coloso canadiense Goldcorp Inc., solicitó un permiso de explotación minera intensiva a cielo abierto de la mina San Martín, el cual fue otorgado en enero de 2000.

La explotación duró hasta 2008 y dejó tras de sí un verdadero éxodo juvenil y una creciente protesta de las comunidades que denunciaban graves afectaciones socio-ambientales.

De acuerdo con denuncias, solo con esta empresa minera se removieron más de 50 millones de toneladas de tierra para extraer oro, lo cual afectó la producción agrícola que se redujo 70%.

Además, 19 de las 21 fuentes de agua que existían se secaron y las que quedan están contaminadas con metales pesados, lo que generó una emergencia hídrica sin precedentes, aseguró Pedro Landa, especialista en minería, citado por el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero.

El pasado año, en octubre, la Diócesis de Choluteca aseguró que en Honduras “no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental”.  Solicitó al Estado que no se criminalice a las personas que están involucradas en legítimas luchas sociales y rechazó la instalación de compañías de industrias extractivas. (PL)

(Fotos: Pixabay)

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