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ABColombia Series (2): Los acuerdos del Acuerdo Final de Paz

El Acuerdo Final de Paz  (AFP) contiene acuerdos sobre: Reforma Rural Integral, participación política, garantías de seguridad (tanto para excombatientes como para comunidades y personas defensoras de derechos humanos), solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas, perspectivas étnicas y mecanismos de implementación y verificación.

 

Foto: Pixabay

*ABColombia y colaboradores de Towards Transformative Change

 

EL informe “Hacia un Cambio Transformador: las mujeres y la implementación del Acuerdo de Paz colombiano los analiza en relación a las mujeres y bajo los encabezados temáticos de Reforma Rural y Desarrollo; Víctimas y Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR); Protección; y Reinserción de las FARC.

Las pautas del AFP para la implementación establecen: “se garantizarán las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y se adoptarán medidas afirmativas en favor de grupos discriminados o marginados, teniendo en cuenta el enfoque territorial, diferencial y de género”. Además, el enfoque de género debe ser “… aplicado de manera transversal en la implementación de la totalidad del Acuerdo”.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) de mujeres crearon alianzas efectivas para hacer incidencia por acuerdos sociales y políticas progresivas en el AFP, dirigidas por la Cumbre de Mujeres (que articula 9 redes de mujeres : la Ruta Pacífica de las Mujeres, la Red Nacional de Mujeres, la Alianza Iniciativa de Mujeres por la Paz, Casa de la Mujer, Mujeres por la Paz, Colectivo de Pensamiento y Acción Mujeres, Paz y Seguridad, Coalición 1325, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas y la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia) y la Plataforma Cinco Claves.

Foto: Pixabay

Esta cooperación entre organizaciones de mujeres con diferentes perspectivas políticas llevó a que sus propuestas se incorporaran al AFP, incluyendo, en el caso de Cinco Claves, garantizar la “no amnistiabilidad” y exclusión de indultos para los delitos de violencia sexual en el marco del conflicto armado (VSC), así como recomendaciones innovadoras sobre mecanismos de justicia transicional.

El trabajo de la ONU sobre mujeres y VSC, y la promoción por parte d el Reino Unido de una Declaración de Compromiso para poner Fin a la Violencia Sexual en los Conflictos (2014), sirvieron para apoyar el trabajo de las OSC con relación a la VSC.

Los logros obtenidos con tanto esfuerzo por las OSC de mujeres también se reflejaron en otros acuerdos, como la participación política que ofrece la posibilidad de fortalecer la democracia al priorizar la participación equitativa de mujeres en los comités de toma de decisiones, y la incorporación, en varios capítulos, de desarrollo y enfoque de género dirigidos a abordar las desigualdades sociales y económicas, especialmente aquellas experimentadas por las mujeres y que las han hecho especialmente vulnerables a la violencia.

Si todo ello se efectúa de manera íntegra, entonces el AFP tiene el potencial de ser un cambio transformador para las mujeres en Colombia.

Foto: Anncol

Diseñando planes de desarrollo local con un enfoque de Género

Uno de los temas clave que abarca el Acuerdo Final de Paz (AFP) es el aumento de la participación ciudadana y la descentralización, a fin de promover la democracia a nivel local. La falta de instituciones estatales en dicho nivel, o instituciones débiles o corruptas, ha sido una característica de este conflicto.

Los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) – un programa crucial del capítulo de Reforma Rural Integral (RRI) – proponen garantizar la participación a nivel local en la planificación del desarrollo a través de la realización de talleres.

Si bien las mujeres representaron algo más del 40% de los participantes en dichos talleres, solamente un único plan incorporó un enfoque de género con programas concretos para abordar las necesidades específicas de las mujeres, debido a varias razones, entre ellas la metodológica, pues se promovió una discusión generalizada en lugar de tener en cuenta cuestiones determinadas.

Sin embargo, las OSC de mujeres dicen, por un lado, que varias de ellas no fueron invitadas a las discusiones y, por el otro, que las propuestas que presentaron no aparecieron plasmadas en los “pactos comunitarios” finales.

Foto: Pixabay

Dado que los PDET tienen el potencial de funcionar durante los próximos 15 años, este informe recomienda una nueva ronda de talleres a nivel local, por medio de los cuales las OSC de mujeres y las mujeres representantes de comunidades indígenas y afrocolombianas, pertenecientes a localidades donde se diseñaron los PDET, puedan incorporar un enfoque de género.

Las desigualdades en los derechos económicos y sociales son algunas de las causas fundamentales de este conflicto, por lo que es vital abordarlas a través de estrategias de desarrollo a fin de lograr para una paz sostenible.

Colombia ha desarrollado, paralelamente al AFP, políticas económicas que dependen en gran medida de las industrias extractivas, agronegocios y proyectos de  infraestructura,  como  las  Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES), que benefician de manera desproporcionada a los más poderosos.

Las ZIDRES, por ejemplo, se oponen directamente al acceso a la tierra de los más pobres según lo estipulado en el AFP, por lo que es probable que tengan impacto en un punto esencial de la RRI: promover la economía campesina.

Colombia debe asegurar que las nuevas políticas públicas estén armonizadas con las del AFP, a fin de promover la formulación de políticas coherentes en todos los departamentos gubernamentales con un enfoque en estrategias de desarrollo económico sostenible que beneficien a los distintos grupos sociales.

Ello resulta esencial para reconstruir la confianza y restablecer el contrato social con las comunidades rurales. Pero para asegurar políticas inclusivas y sensibles al género, también es necesario garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones sobre la economía y el acceso a los recursos. Según el Instituto Kroc, la RRI es uno de los dos capítulos con el menor porcentaje de acuerdos implementados hasta la fecha.

Si Colombia logra implementar los PDET según lo previsto en el AFP, contribuirá en gran medida al cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos en la Recomendación 30 de la CEDAW y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1.4 de abordar el desarrollo rural con un enfoque en las personas pobres y vulnerables y promover un acceso equitativo a los recursos económicos, los servicios básicos, el control de las tierra, y con la meta 1.B de crear marcos normativos sólidos a nivel nacional, regional e internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza.

*ABColombia / Informe: Hacia un cambio transformador: las mujeres y la implementación del Acuerdo de Paz colombiano

(Próxima edicion: Las mujeres y una solución  al  problema de las drogas ilícitas)

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