Globo, Latinoamérica, Reino Unido

ABColombia Series (3): Una solución al problema de las drogas ilícitas

El Acuerdo Final de Paz (AFP),  ha adoptado un enfoque integrado para la sustitución de cultivos ilícitos al reconocer que, en una situación de extrema pobreza, es esencial establecer un cultivo alternativo viable antes de erradicar por completo la coca.

 

Photo: Pixabay

*ABColombia y colaboradores de Towards Transformative Change

 

El enfoque adoptado implica una sustitución voluntaria para pequeños y medianos productores basados en consideraciones sociales y de salud, en lugar de fundarse en la criminalización.

Las condiciones de extrema pobreza y la falta de alternativas llevaron a mujeres y hombres al cultivo de la coca, creando una nueva categoría de agricultores llamados cocaleros/as.

En las zonas rurales, dichas condiciones afectan mayoritariamente a las mujeres, por lo que el cultivo de coca resultó ser un salvavidas para su supervivencia y un medio para mantener a sus familias y, a menudo, para escapar de la violencia doméstica.

A pesar de ser un cultivo de subsistencia sostenible, la coca también ha reforzado el empobrecimiento estructural y ha encerrado a las mujeres en un sistema económico ilegal.

Por otro lado, las mujeres cocaleras son frecuentemente discriminadas y experimentan más violencia porque, como mujeres fuertes, desafían las normas tradicionales de género.

Si bien el capítulo sobre drogas del AFP tiene un enfoque de género, el Decreto Ley 896 de 2017 para su implementación, no aborda las condiciones que enfrentan las mujeres cocaleras.

Women Cerrejon – Foto CCALCP

Para que exista una alternativa viable para las mujeres cocaleras, es imperativo que las políticas del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y del Plan de Atención Inmediata aborden las realidades de las mujeres rurales a través de un enfoque integrado de las múltiples formas de discriminación que impactan en sus vidas.

Esto deberá incluir el abordaje de los mecanismos de participación, para asegurar que las organizaciones de mujeres cocaleras estén representadas en los espacios de toma de decisiones en relación a los planes para la sustitución de cultivos ilícitos.

Sin embargo, debido a la presión internacional, ha habido un importante retroceso en todos los acuerdos del AFP relacionados al cultivo de coca, unido al reinicio de la erradicación forzada bajo el gobierno de Santos, en febrero de 2018. De las primeras 35 acciones de erradicación forzada de coca, 21 se efectuaron en comunidades ya inscritas para la sustitución voluntaria.

El regreso a la erradicación forzosa ha generado protestas sociales generalizadas, que a menudo terminan en una represión violenta.

En consecuencia, puede afirmarse que esta erradicación implica un aumento del malestar social, en un momento en el que el gobierno colombiano necesita reconstruir el contrato social con las comunidades rurales y demostrar que puede cumplir y cumplirá sus compromisos.

Photo ABColombia

Las mujeres y el capítulo étnico

Se ha generado una crisis humanitaria en las zonas rurales por el conflicto entre actores armados ilegales (grupos paramilitares, el ELN y disidentes de las FARC), que compiten por el control de los recursos naturales y el tráfico de drogas.

La sola respuesta militar en estas áreas está empeorando la situación de seguridad, sobre todo cuando la Fuerza Pública, sin considerar las formas propias de gobierno y control territorial, ingresan en sus territorios.

Las comunidades indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y Rom ven las causas estructurales del conflicto y, por lo tanto, la paz sostenible, en términos de injusticias sociales, económicas y culturales. Dentro del AFP, la consulta y el consentimiento libre, previo e informado (CLPI), es uno de los mecanismos considerados vitales para defender sus derechos (también consagrado en la Constitución).

Las mujeres de estas comunidades son a menudo marginadas en los procesos decisivos del CLPI, por lo que se necesitan medidas sensibles al género para garantizar su participación equitativa. Esta es una herramienta clave para salvaguardar su cosmovisión y desarrollo.

Uno de los temas clave del APF es priorizar el acceso de las mujeres a la tierra. Las autoridades indígenas otorgan parcelas de tierra, en territorio de propiedad colectiva, a cada familia.

Straight Edge ahora en Bolivia. Photo
Eneas De Troya. bit.ly/2VgukHz
Flickr

Sin embargo, como las mujeres indígenas a menudo no son reconocidas como cabeza de familia (solo los hombres son reconocidos en este rol) están excluidas, junto a las mujeres solteras, de la asignación de tierras.

Por lo tanto, establecer la situación real de la propiedad y el acceso a la tierra dentro de los regímenes de propiedad colectiva, será esencial para que todas las mujeres tengan prioridad en este tema.

A pesar de la centralidad del CLPI en el Capítulo Étnico, hay un proyecto de ley que se propuso durante la redacción de este documento para “regular el derecho fundamental a la consulta previa”, lo que ha generado gran inquietud.

Una de las preocupaciones radica en que, en lugar de salvaguardar los derechos con respecto a la forma en que se desarrollan los territorios indígenas y afrodescendientes, las nuevas regulaciones restringirán y minimizarán los derechos de las comunidades a la autonomía y la autodeterminación en el desarrollo.

Cabe destacar que estos derechos están actualmente garantizados en la Constitución Política y se reiteran en el AFP.

*ABColombia / Informe: Hacia un cambio transformador: las mujeres y la implementación del Acuerdo de Paz colombiano

(Próxima edición: Mujeres y protección)

Share it / Compartir:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*