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Abuso infantil en Japón

Mia Kurihara, de 10 años, murió a comienzos de año, maltratada por su padre. Meses antes había fallecido Yua Funato, de cinco años, tras ser víctima de continuados abusos y negligencias en su hogar. Estos casos pusieron en la mesa de debate el tema del abuso infantil en Japón.

 

Iramsy Peraza Forte

 

Los casos de Mia y Yua, aunque conmocionaron a la sociedad japonesa, no son un episodio aislado y pusieron de relieve la falta de medidas en el país para evitar este flagelo.

Analistas japoneses han sostenido en reiteradas oportunidades que el abuso infantil en el hogar es uno de los mayores problemas que aflige a la sociedad nipona actual.

En 2018 se investigaron en ese país 80 mil 104 casos de supuestos maltratos y abusos sexuales a menores, lo que supone una cifra récord y un incremento del 22,4% respecto al año precedente, según datos de la Agencia Nacional de Policía. El 70%  de los casos fueron por maltrato psicológico de parte de uno o ambos padres, mientras que el resto corresponden a abuso físico, abandono, desatención y violencia sexual.

Ya en el 2017, ese flagelo había alcanzado cifras sin precedentes y más de 130 mil casos fueron atendidos en ese periodo, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar.

Desde 1990, cuando se comenzaron a recopilar estadísticas sobre el maltrato a los niños, el número de denuncias no cesa de aumentar y ya son más de 27 años de crecimiento consecutivo.

Como muestran las estadísticas, los casos de abuso infantil han crecido cien veces más que a comienzo de la década de los 90 del siglo pasado, por lo que el tema se ha convertido en prioridad para la política nipona.

Las razones

De acuerdo con informaciones del ministerio de Salud citadas por la cadena NHK, el aumento de los casos de abuso infantil no se debe necesariamente a que hoy se maltrate más a los menores, sino que existe una mayor conciencia al respecto.

Según los expertos, el aislamiento de la sociedad y la pobreza están entre las primeras causas, sin embargo, ello no basta para explicar semejante incremento vertiginoso de los casos denunciados.

Motivos sociales, como los matrimonios que se contraen tras un embarazo, el incremento parcial de las madres adolescentes, el aumento general de divorcios y de familias mono-parentales son también algunas de las cuestiones generadoras de este fenómeno alarmante.

Por otro lado, otras fuentes atribuyen el aumento a un proceso de concienciación que desemboca en denuncias más frecuentes.

La policía no siempre está motivada para investigar asuntos que entiende privados como los abusos infantiles o la violencia de género.

Por otro lado, los servicios sociales carecen de recursos frente a padres que se niegan a cooperar, señaló a la prensa Kyoshi Miyajima, de la Facultad de Trabajo Social de Japón y ex consejero infantil.

Según Miyajima, impulsar demasiado los derechos infantiles puede conducir a la noción de que los abusos son un problema individual, en vez de una cuestión social que tiene que ser abordada por todos.

Medidas

El problema de la violencia ejercida sobre menores pone en jaque a las autoridades de la tercera potencia mundial, donde sus habitantes -en su mayoría- gozan y presumen de una vida digna y de un ‘estatus’ privilegiado en materia de derechos.

No obstante, la dimensión del problema ha obligado al gobierno a tomar medidas urgentes para visibilizar y enfrentar el flagelo del abuso infantil.

Por ello, el gobierno del primer ministro Shinzo Abe presentó un proyecto de ley que propone fortalecer las medidas contra el abuso infantil y prohibir los castigos físicos de padres a hijos. El objetivo es revisar la normativa actual para prohibir los castigos corporales a los niños por parte de sus progenitores o tutores.

Uno de los cambios propuestos en esta iniciativa es la revisión del derecho parental, reconocido en el Código Civil japonés y que permite a los progenitores disciplinar a los niños.

Esta normativa, aplicada hace cinco años, ha recibido numerosas críticas por permitir -con amparo legal- a los padres aplicar castigos físicos a sus descendientes.

De acuerdo con el esbozo de la legislación también se pretende reforzar la autoridad y aumentar los centros para los menores -actualmente existen 210 en todo el territorio- con el fin de concretar inmediatamente el alejamiento de los infantes abusados.

Actualmente también existe una línea telefónica, creada por el gobierno en 2016, para facilitar las llamadas en busca de ayuda o denunciar abusos. (PL)

(Fotos: Pixabay)

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