Globo, Latinoamérica, Reino Unido

ABColombia Series (4): Mujeres y protección

La situación general en Colombia para las personas defensoras de derechos humanos ha provocado una alarma considerable entre las organizaciones nacionales e internacionales y la comunidad diplomática. Uno de cada tres defensores asesinados a nivel mundial en 2017, era colombiano.

 

Photo by Silvia Andrea Moreno. Flickr bit.ly/2TuweUy

*ABColombia y colaboradores de Towards Transformative Change

 

El trabajo de las mujeres defensoras de derechos humanos sobre el enfoque de género en el Acuerdo de Paz y, más recientemente, en su implementación, ha elevado su visibilidad.

Las amenazas, ataques y asesinatos difieren de aquellos dirigidos a sus compañeros masculinos, pues las mujeres no solo son atacadas por defender los derechos de los demás, sino que también son castigadas por cruzar el “límite impuesto” socialmente al ganar un lugar visible en la esfera pública. El número de mujeres asesinadas anualmente se duplicó durante los diálogos de paz entre 2012 y 2016, y se duplicó nuevamente de 2016 a 2017, luego del plebiscito (agosto de 2016) y la campaña del ‘No’, caracterizada como una votación contra la llamada ‘ideología de género’ en el Acuerdo de Paz.

Los ataques contra las defensoras de derechos humanos se han vuelto más brutales en el último año, las amenazas con contenido sexista, las alusiones al cuerpo femenino y las insinuaciones sexuales difieren de las amenazas recibidas por sus homólogos masculinos.

Las actitudes discriminatorias y desdeñosas mostradas en estas amenazas retratan una visión patriarcal que busca apropiarse del cuerpo femenino.

Hasta la fecha, los avances en la protección de las defensoras de derechos humanos han sido por fuera de los acuerdos del AFP.

En junio de 2018, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que trabaja con el movimiento de mujeres, incluyendo a Sisma Mujer – coparte de ABColombia -, creó el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, cuya efectividad dependerá de la implementación.

Photo: Pixabay

Las OSC de mujeres han expresado su preocupación por su falta de representación en los órganos de decisión de alto nivel, por ejemplo, en la Comisión de Garantías de Seguridad para la implementación del AFP.

Tras una queja oficial de las OSC de mujeres, se invitó a representantes femeninas a asistir, sin embargo, la invitación fue posteriormente retirada. Incluso se rechazó la sugerencia de las mujeres de las OSC de sentarse en la Subcomisión de Género de esta comisión, desconsiderando así las medidas de acción afirmativa previstas por el AFP, lo que ha dejado a ambas comisiones sin representación alguna de las OSC de mujeres.

Las medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres también están fuertemente respaldadas por los compromisos internacionales asumidos por Colombia para implementar las resoluciones sobre MPS del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Resolución General 30 de la CEDAW.

Actualmente, la Policía Nacional de Colombia está incorporada al Ministerio de Defensa, lo que genera una cultura militar dentro de una “fuerza” policial, en lugar de promover la cultura de un “servicio” de una Policía Nacional Civil.

Ello impacta particularmente en la protección de las mujeres y niñas rurales contra la violencia, ya que denuncian que los policías les han dicho que la violencia que están experimentando es un asunto privado y no policial.

Hay una serie de reformas necesarias para que la policía local sea vista por la población como un servicio civil que promueve la cohesión social.

A pesar de que las mujeres cuentan con el respaldo normativo establecido en los compromisos internacionales para su participación en la paz y la seguridad, en la práctica, solo pueden ejercer sus derechos si logran alterar las jerarquías de género que les impiden el acceso a espacios poderosos de toma de decisiones, en donde puedan influir en las políticas.

Mujeres y Justicia Transicional (SIVJRNR)

Colombia ha establecido un conjunto complejo de disposiciones para enfrentar los desafíos de la justicia transicional a través de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (SIVJRNR), y también ha garantizado la prohibición de indultos y amnistías para los delitos de VSC.

La prohibición de amnistías para este tipo de delitos resulta importante a los fines de desafiar las preexistentes normas y patrones de discriminación contra las mujeres. También es esencial para que la justicia sea transformadora, ya que el trauma de la VSC tiene efectos duraderos no solo en sus sobrevivientes sino también en la sociedad en general. En consecuencia, es esencial que la justicia se haga y sea visible.

“Sin Memoria me moria” GUACHE . Photo Wikimedia Commons. Licencia bit.ly/1iLEgnb

La formación de un grupo especializado en violencia sexual dentro de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), resulta una contribución importante en los procedimientos para garantizar los derechos de las mujeres.

La falta de claridad actual con respecto a los procedimientos para la participación de las víctimas en el SIJVRNR significa que se está creando tensión y ansiedad ante el primer obstáculo.

Una vez que los casos son aceptados en la JEP, la gestión de los procesos judiciales es crucial, ya que las víctimas frecuentemente reviven el trauma y vuelven a sufrir, especialmente en casos de VSC. Como parte de esa protección, es importante que las sobrevivientes de VSC no sean confrontadas con sus agresores. En otros lugares, se les ha permitido hacer declaraciones por videoconferencia y sesiones cerradas para proteger las identidades de las víctimas y los testigos, entre otras prácticas de este tipo. La priorización y el proceso de selección de casos también pueden crear obstáculos para que aquellos de VSC ingresen a la JEP. Por lo tanto, será esencial aplicar un enfoque de género.

La Comisión de la Verdad (CEV) ha adoptado la violencia de género como un área temática de investigación. Sin embargo, algunas OSC consideran preocupante que, si no existe un área temática específica que cubra la VSC dentro de la violencia de género, es poco probable que se revele la magnitud real de estos delitos y su impacto en las mujeres.

El funcionamiento efectivo del SIVJRNR no solo envía el mensaje de que la violencia sexual y de género no será tolerada, pudiendo así disuadir el uso futuro de esta violencia, sino que también puede asegurar a los ciudadanos que el gobierno está comprometido con la responsabilidad, la justicia y el estado de derecho, con el potencial de mejorar la confianza pública en las instituciones estatales.

Foto: Pixabay

Aunque los asesinatos en combate han disminuido drásticamente, la violencia sexual en el contexto del conflicto armado en curso sigue siendo una dinámica constante, con variación en los actores armados, pero con un impacto igualmente desproporcionado sobre las mujeres.

La falta de salvaguardias significa que las mujeres rurales todavía se mantienen en silencio. Luego de la firma del AFP, se esperaba que sobre todo las mujeres indígenas y afrocolombianas ya no tuviesen que guardar silencio sobre las consecuencias sufridas por el conflicto armado.

Pero, por el contrario, las mujeres rurales se sienten intimidadas y temen represalias en su contra si efectúan denuncias, ello a raíz del regreso de los excombatientes a sus comunidades.

Por lo que resulta esencial que todos los mecanismos del SIVJRNR establezcan una línea directa de comunicación con las autoridades de mujeres indígenas y afrodescendientes.

Existe un fuerte vínculo entre la VSC y la desigualdad, por lo tanto, cuando se piensa en reparaciones transformadoras para las mujeres, seguridad física y no repetición, es necesario tener en cuenta sus condiciones socioeconómicas y culturales. Las desigualdades sociales y económicas han aumentado la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia.

Las reparaciones transformadoras, por lo tanto, deben estar conectadas a políticas de desarrollo más amplias.

El SIVJRNR, junto con las demás disposiciones del APF, debe brindar justicia transformadora a las mujeres al abordar no solo la violación singular experimentada, sino también las desigualdades subyacentes que hacen que las mujeres y las niñas sean vulnerables en primer lugar.

La participación de las mujeres en la toma de decisiones es difícil de lograr si no se aseguran otros derechos básicos, como el acceso a empleos sostenibles, atención médica, vivienda y nutrición, y seguridad y protección para las defensoras de derechos humanos.

*ABColombia / Informe: Hacia un cambio transformador: las mujeres y la implementación del Acuerdo de Paz colombiano

(Próxima edicion: Mujeres y reincorporación)

Share it / Compartir:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*