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EE.UU contra Cuba, una guerra sorda y ciega

La aplicación extraterritorial de medidas unilaterales sobre Cuba es contraria al derecho internacional. Y su adopción por parte del Gobierno de Donald Trump muestra que se niega a escuchar los criterios de muchos sectores estadounidenses y de aliados foráneos.

 

Martha Andrés Román

 

Ni las opiniones de diversos legisladores, ni los análisis de organizaciones interesadas en promover el acercamiento a la isla caribeña, ni las peticiones y advertencias de la Unión Europea (UE) hicieron desistir al ejecutivo del republicano de aplicar el Título III de la controvertida Ley Helms-Burton.

Esa sección de la normativa aprobada en 1996, que muestra el carácter extraterritorial del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington contra el país caribeño hace casi 60 años, permite a nacionales de Estados Unidos demandar a quienes ‘trafiquen’ con ‘propiedades norteamericanas’ en Cuba.

A través de tal mecanismo se incluye la posibilidad de promover una acción en las cortes estadounidenses contra personas y entidades de terceros países que inviertan en el territorio cubano en propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución, el 1 de enero de 1959.

Incluso, en lo que es visto como una contradicción con el derecho internacional, otorga autoridad de reclamantes a cubanoamericanos que eran ciudadanos cubanos en el momento en que las propiedades fueron nacionalizadas.

Dados los perjuicios que implicaría esa parte de la ley aprobada en 1996, no solo para Cuba, sino para Estados Unidos y sus aliados, como la UE y Canadá, los predecesores de Trump desde Bill Clinton evitaron ponerla práctica, realizando suspensiones que se prorrogaban cada seis meses.

Sin embargo, el actual Gobierno, plegado a las demandas de acérrimos promotores de políticas anticubanas como el senador republicano Marco Rubio, mostró desde enero pasado la intención de permitir por primera vez la puesta en marcha del mencionado título.

La medida, que varias fuentes ven sobre todo como una jugada política en medio de las aspiraciones de Trump de lograr la reelección en 2020, fue anunciada oficialmente por el secretario de Estado, Mike Pompeo, el 17 de abril.

Ese mismo día, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, dio a conocer la próxima implementación de nuevas restricciones contra la isla, las cuales, según consideraron diferentes voces, tendrán un impacto negativo en el pueblo cubano y perjudicarán los propios intereses estadounidenses.

Y pompeo dijo que estaba “anunciando que la administración de Donald Trump no suspenderá más, a partir del 2 de mayo, el derecho a presentar una acción bajo el Título III, que será aplicado en su totalidad”.

Durante la alocución en la que repitió los ataques y la retórica injerencista frecuentemente usada por el Gobierno norteamericano contra el país caribeño, el jefe de la diplomacia de Trump evidenció que ese acápite busca frenar la inversión extranjera en la isla y, por consiguiente, su desarrollo económico.

“Cualquier persona o empresa que haga negocios en Cuba debe prestar atención a este anuncio”, manifestó el secretario de Estado, quien les dijo a los inversionistas que son vulnerables a demandas y los llamó a investigar si están conectados con propiedades ‘robadas’.

El gobierno norteamericano adoptará una más amplia implementación del Título IV de la propia Helms-Burton, el cual permite a Washington negar visas a empresarios extranjeros que participen en inversiones con propiedades nacionalizadas.

Además, el Departamento del Tesoro implementará cambios para restringir los viajes por razones no familiares a Cuba, lo cual hará más difícil para los norteamericanos visitar la isla vecina.

Los estadounidenses tienen prohibido ir a la mayor de las Antillas como turistas, y solo pueden hacerlo en la actualidad bajo 12 categorías que incluyen los viajes en grupo para el llamado contacto pueblo a pueblo, o con fines culturales y educativos, entre otros.

A ello se une que se impondrán límites a las remesas, pues pese a reconocer la importancia de esos envíos para las familias de la nación vecina, el Gobierno de Trump solo autorizará que tengan un monto máximo de mil dólares cada tres meses.

Junto a esas acciones, Bolton dijo que se adicionarán cinco nombres, entre ellos el de la empresa aérea Aerogaviota, a la lista de unas 200 entidades cubanas con las que los ciudadanos norteamericanos tienen prohibido realizar transacciones.

Las nuevas medidas contra Cuba “harán retroceder los intereses estadounidenses en la isla durante años, perjudicarán a las empresas y los viajeros norteamericanos, y a millones de familias que viven allí”, afirmó Collin Laverty, presidente de la compañía de viajes Cuba Educational Travel. (PL)

(Fotos: Pixabay)

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