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Frenar violencia contra la mujer: una decisión en Bolivia

El número notable de asesinatos de mujeres, y en sentido general la vulneración de sus derechos, es un tema que preocupa y ocupa al Gobierno de Bolivia.

 

Lemay Padrón Oliveros

 

Datos del Ministerio Público revelaron que en los últimos años se incrementaron esos hechos, pues en 2014 se registraron 71 casos, en 2015 sumaron 110, en 2016 hubo 111, en 2017 fueron 119, en 2018 totalizaron 130 y en lo que va de año se reportan 73, pese a las leyes adoptadas por el Poder Ejecutivo en defensa y protección de las mujeres, niñas y adolescentes.

Ante las cifras alarmantes, se acordó la creación de las unidades de género en el Ã’rgano Judicial y del Gabinete Especial de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer y la Niñez.

La aprobación de esos protocolos constituyen un indiscutible paso de avance, pero todavía resta perfeccionar el funcionamiento de las unidades e instancias de monitoreo para que se ejecuten las nuevas políticas en esta materia.

Recientemente, la presidenta del Comité de Género, Elba Terceros, destacó algunos avances como los cursos de capacitación para jueces y juezas, además de la convocatoria del concurso de sentencias judiciales con perspectivas de género. Por su parte, la magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional, Julia Cornejo, señaló que en su sala, de cada 10 casos que ingresan, entre cinco y seis están vinculados a hechos de violencia contra las mujeres que requiere de una atención estructural.

La pasada semana el Gobierno, después de una reunión del Gabinete, aprobó un decálogo con el objetivo de frenar la violencia ante el creciente número de mujeres asesinadas por varones violentos.

Entre ellos aparece destinar a la lucha contra la violencia un porcentaje del presupuesto asignado a seguridad ciudadana, proveniente del Impuesto Directo a los Hidrocarburos.

Además se trabajará por prevenir la violencia desde el sistema educativo, con padres, maestros y estudiantes para construir medidas de prevención, y desde las familias promover una cultura de valores.

Otra medida es eliminar la impunidad con la Policía, la Fiscalía y el Organo Judicial, con el fin de acelerar la justicia para la mujer, incluidas todas las instancias del Gobierno.

Igualmente, fueron conminadas alcaldías, gobernaciones, empresas privadas y organizaciones sociales para que se constituyan en promotoras y vigilantes de la lucha contra la violencia.

En adición, se estudia la posibilidad de considerar el feminicidio como delito de lesa humanidad, y si es posible el tratamiento será internacional.

También se modificó el Decreto Supremo 1347, con el objetivo de implementar medidas de concientización y prevención que promuevan la existencia armónica y pacífica de las familias, a través de jornadas de sensibilización.

Otro decreto supremo aprobado establece la formación obligatoria en prevención de la violencia en el Estado boliviano para las servidoras y servidores públicos y personal de las empresas públicas.

En días pasados, la directora del Servicio Plurinacional de la Mujer, Tania Sánchez, informó que el Ministerio de Educación prepara una resolución para que el 25 de cada mes estudiantes de las unidades educativas del país realicen actividades para prevenir el feminicidio.

Sánchez exhortó a la población a ser parte del decálogo, que será desarrollado y monitoreado desde su despacho, con control social y seguimiento estrecho del Gabinete Especial, bajo la dirección del presidente Evo Morales.

No vamos a poder disminuir esta problemática que nos atañe a todos sin la participación de todos, porque la expresión de la violencia a la mujer en todas las edades es muy fuerte y debemos ponerle un alto, señaló.

Los pasos institucionales se están dando, y aunque la lucha debe ser dura y larga, se espera que este sea el principio del fin de este flagelo que afecta a la sociedad boliviana desde hace décadas. (PL)

(Fotos: Pixabay)

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