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No más justificación de la dictadura

Con el traslado de los restos de Francisco Franco de su ostentoso panteón a una pequeña cripta familiar en un cementerio discreto, España empezó a saldar una antigua deuda con los cientos de miles de víctimas del dictador.

 

Eduardo Rodríguez-Baz

 

Sepultado con todos los honores 44 años atrás, el cuerpo embalsamado de Franco fue extraído el 24 de octubre de su tumba de Estado en el grandioso mausoleo del Valle de los Caídos y enterrado en el camposanto de Mingorrubio, en el barrio madrileño de El Pardo.

Los trabajos para sacar al dictador y volver a enterrarlo ese mismo día apenas duraron seis horas, en una histórica operación emprendida por el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, quien debió sortear más de un año de obstáculos administrativos y legales. Cuando asumió el poder, en junio de 2018, Sánchez dijo que “los restos del dictador no podían continuar en un mausoleo público que exaltara su figura, algo expresamente prohibido por la Ley de Memoria Histórica”.

La sentencia  del Tribunal Supremo el 30 de septiembre puso fin al proceso contencioso-administrativo interpuesto por los descendientes del tirano para intentar impedir su salida del Valle.

El gobernante convirtió ese anhelo en una de las prioridades de su corto mandato, con el fin de que el gigantesco complejo dejara de ser un lugar de apología de la dictadura franquista (1939-1975).

Desde su muerte en 1975, Franco estuvo sepultado en la basílica del Valle de los Caídos, construido en parte por el trabajo forzoso de prisioneros de guerra republicanos y presos políticos de su régimen y donde nostálgicos seguían enalteciéndolo y celebrándole misas.

Ubicado en el municipio de San Lorenzo de El Escorial, distante unos 50 kilómetros de Madrid, el cuestionado panteón constituye la mayor fosa común de toda España, donde hay enterradas 33 mil 883 personas, según organizaciones defensoras de los derechos humanos.

En una decisión trascendental, el Congreso de los Diputados convalidó el 13 de septiembre de 2018 la determinación del Gobierno de exhumar los restos del hombre que gobernó este país con mano de hierro entre 1939 (fin de la Guerra Civil iniciada en 1936) y 1975.

Apoyado en una reforma de la Ley de Memoria Histórica (2007), la administración interina del Partido Socialista (PSOE) acordó que el cadáver del déspota fuera exhumado del Valle, hasta entonces el único monumento en pie a un dirigente fascista en Europa.

La oposición acusó al líder del PSOE de utilizar este traslado para conseguir réditos electorales, a escasos días de los comicios generales del venidero 10 de noviembre, pero lo cierto es que su intención fue hacerlo de manera inmediata.

El procedimiento marca un hito en la forma en que España afronta su complicado y tormentoso pasado reciente, con un autócrata que murió en 1975 tras casi cuatro décadas en el poder y una transición hacia la democracia pactada para dejar atrás la violencia del régimen. Un acuerdo que, en opinión de numerosos historiadores, respetó buena parte del legado franquista en pos de la reconciliación nacional.

La exhumación pone fin a la afrenta moral que suponía tener a un dictador en un mausoleo público donde podía recibir homenajes, subrayó Sánchez en una declaración institucional al final del proceso.

Para el mandatario interino, la España actual es fruto del perdón, pero no puede ser producto del olvido, manifestó Sánchez en tono solemne.

Sin embargo, la exhumación de Franco no cerró todos los asuntos relacionados con su régimen.

España sigue teniendo más de 114 mil desaparecidos, asesinados y enterrados en cunetas y fosas comunes por casi toda su geografía, lo que la convierte en el segundo país del mundo en este aspecto, apenas superada por Camboya.

Hasta ahora, las asociaciones de víctimas se quejaron de la falta de voluntad política para solucionar esta cuestión y de los privilegios que todavía goza la familia Franco.

Críticas aparte, el jefe del Ejecutivo en funciones y secretario general del PSOE pasará a la historia por haber sacado a Francisco Franco del Valle de los Caídos, resaltó Esther Palomera en un artículo en la publicación digital Eldiario.es.

“Otros no se atrevieron antes. O porque la democracia no estaba madura o porque bajo las cenizas del franquismo aún quedaban rescoldos o porque cedieron a las presiones de la Iglesia católica y de la derecha política”, manifestó la periodista.

El caso es que ha sido Sánchez quien lo hizo, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, tras la aprobación de un decreto del Gobierno convalidado en el Parlamento –

que contó con la abstención del conservador Partido Popular (PP) y del liberal Ciudadanos (Cs)- y con el aval del Tribunal Supremo, recordó.

Ahora acusan a Sánchez de electoralismo por ejecutar el traslado a pocos días de que comience la campaña electoral, aunque nadie sabe si el PSOE sacará o no rédito con ello o si será el ultraderechista Vox quien capitalice el asunto desde la polarización y el reagrupamiento de los nostálgicos del régimen, opinó Palomera.  (PL)

(Fotos: Pixabay)

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