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Desaparición forzada en Colombia: con las manos atadas

En Colombia hay 80.000 personas desaparecidas, sin embargo, las cifras pueden llegar a ser mucho más altas. La mayoría han sido perpetradas por el Estado, paramilitares y guerrillas. Sus víctimas: líderes sociales, indígenas, opositores políticos, campesinos y gente común y corriente.

 

Foto: Pixabay

Virginia Moreno Molina

 

Es un delito antiguo y se sabe que, desde 1977 y hasta la década de los ’90, el objetivo eran personas que realizaran una labor social. El mensaje era claro: “quien siga haciendo esto, le va a pasar lo mismo (ser desaparecido)”.

No obstante, a finales del siglo XX empezó a advertirse la utilización de la desaparición forzada como una estrategia de terror para generar desplazamientos masivos.

Ya a partir de 2000 se perpetró un alto número de masacres y desapariciones forzadas cometidas por grupos paramilitares para hacer que la gente abandonara sus tierras y así poder ocuparlas con el fin de implementar los monocultivos o de adelantar actividades extractivas. Esto aún hoy sigue ocurriendo.

Otro aspecto de las desapariciones forzadas es el llamado ‘exterminio social’. Lo realizan grupos privados que hacen desaparecer a indigentes, prostitutas o personas en condición de drogadicción… porque sienten que le están haciendo un bien a la sociedad. La ‘limpian’.

Jomary Ortegón, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Foto cortesía Prensa Cajar.

“Es otra línea de desaparición muy invisibilizada, pero que está muy presente en las zonas urbanas como Bogotá o Barranquilla”, cuenta Jomary Ortegón, miembro desde hace veinte años del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), y representante ante el sistema Interamericano de Derechos Humanos de las víctimas de torturas, desapariciones forzosas, restricción de derechos políticos (lawfare) y  ataques de la policía (a personas que participan en protestas sociales y que han sido afectadas por las llamadas “armas de letalidad reducida» y como consecuencia han perdido sus ojos, por ejemplo).

Ortegón estuvo en Londres invitada por Rodeemos el Diálogo al evento “Avances y retos: búsqueda de personas desaparecidas en Colombia”, al que también asistieron César Amaya Sandino, del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda; Elizabeth Santander, del Grupo Europa de Familiares de personas desaparecidas en Colombia; y Andrei Gomez, miembro de Rodeemos el Diálogo.

Jomary Ortegón habló con The Prisma sobre el tema y explicó cómo la desaparición forzada se empezó a considerar como delito en Colombia en 2000, aunque los casos se han registrado desde 1977.

Responsables

“Durante las décadas de 1970, 1980 y 1990, las desapariciones forzadas eran imputables directamente al gobierno”, cuenta la abogada. Ya sea por implicación de la policía, el ejército o el Departamento Administrativo de Seguridad.

Foto: Pixabay

A partir de ahí se desarrolló la estrategia paramilitar: en la década de 2000, las entidades compartían información recolectada ilegalmente sobre la persona.

Así surgieron los casos de desapariciones extrajudiciales, en los que se llegaba a un acuerdo con los paramilitares para ejecutar a la persona y presentarla como dada de baja en combate.

Ortegón señala que, según datos de organizaciones de derechos humanos, existen 6.000 casos registrados de personas ejecutadas por el ejército.

Cifras más altas

Pese a firmarse el Acuerdo de Paz con los paramilitares (Autodefensas Unidas de Colombia)  que se llegó a un entendimiento con estos grupos, en una desmovilización que se llevó a cabo entre 2003 y 2006, Jomary explica que los paramilitares no dejaron de existir.

“Una porción de ellos se desmovilizó, pero se estima que un 30% sigue operando. Por otra parte, más víctimas están denunciando desapariciones forzadas”.

La abogada también cree que, al aumentar la migración venezolana, no solo en Colombia sino también a otros países, se han dado más situaciones que pueden denunciarse como desapariciones. Por ejemplo, la trata de personas.

Sin embargo, piensa que la principal razón es que en Colombia no ha cesado el conflicto armado a pesar del Acuerdo de Paz con las hoy ex guerrilla FARC, y los grupos paramilitares han aumentado. Se han formado disidencias de las FARC u otro tipo de organizaciones ligadas al narcotráfico o a la minería ilegal.

“La paz definitiva queda lejos y esto provoca que no se vaya a cerrar esta situación de desapariciones”, concluye.

Foto: Pixabay

Proceso de denuncia

“La víctima puede ir a la policía o a la Fiscalía, aunque el proceso de búsqueda en la policía no empieza hasta 72 horas más tarde”, explica la abogada.

Sin embargo, quien legalmente tiene una función es la Fiscalía, donde se inicia una investigación inmediatamente. Esta investigación consta de una fase preliminar y una de instrucción. Esta última solo se inicia cuando hay un supuesto culpable.

Pero uno de los principales problemas es encontrar a esos culpables.

“Se pueden tardar décadas en dar con los cuerpos de los desaparecidos”, asegura Jomary, y, además, si no existe un acusado “la mayoría de los casos nunca llegan a la fase de instrucción y quedan archivados”.

Como ejemplo está el caso de la desaparición de Marino Escobar hace 37 años y que aún sigue en fase preliminar.

Al final son las víctimas las que desarrollan su propia investigación, van a los lugares a preguntar y aprenden a formular un montón de cuestiones jurídicas para forzar a las autoridades a que busquen.

Aunque a principios de siglo se creó el mecanismo de búsqueda urgente para activar el aparato estatal y así investigar sobre las personas desaparecidas, Jomary cree que no ha funcionado porque no hay una conciencia de búsqueda.

Más adelante, ya con el Acuerdo de Paz firmado entre las FARC y el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos en 2016, se independizó la investigación de la búsqueda para que, aunque no se encuentre al responsable, se siga buscando a la persona desaparecida.

Zonas afectadas

Jomary cuenta que las regiones donde suceden más desapariciones son en los departamentos del Cauca, Valle y Nariño. Y uno de los sucesos dramáticos se dio en el municipio de Buenaventura, donde, hace unos años, se encontraron las denominadas “casas de pique” (viene del verbo ‘pica’, cortar en pedazos).

“Se trata de viviendas donde llevaban los cuerpos de las personas para descuartizarlos”, explica la abogada.

Patrón de desaparición

Según Ortegón, existen varios patrones entre los que se incluye el de detención-desaparición, el cual fue muy visible desde 1977 hasta finales de la década de 1990. Este hace referencia a personas detenidas por agentes de la policía o agentes de inteligencia, y que hoy se desconoce su paradero.

Jomary Ortegón. Foto cortesía Prensa Cajar.

“Existen indicios de que fueron llevadas por estos agentes de seguridad, sea porque se identificaron como tal o porque las personas estaban reseñadas en bases de datos policiales o militares”, asegura la abogada.

Por otro lado, a partir de 2002, con la cuestionada política de seguridad democrática que implementó el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, se incrementó considerablemente el número de ejecuciones extrajudiciales. Se registraron los primeros casos en 2003 y desde ese año hasta 2008 las cifras aumentaron rápidamente.

“La mayoría de estas personas son víctimas de desapariciones forzadas seguidas de ejecución extrajudicial”, dice Jomary, quien se refiere a que “son asesinadas por el ejército o grupos relacionados con ellos”.

La familia denuncia esa desaparición y días, meses o años después, esos desaparecidos aparecen muertos. Pese a ser uno de los patrones más recientes, estos casos son investigados como ejecución y no como desaparición. “Pero en todos los casos existió primero esa desaparición. No obstante, esto se invisibiliza”, señala.

Asegura que en 2000, el 60% de las desapariciones fueron desarrolladas por grupos paramilitares, en algunos casos en complicidad con el ejército.

Las víctimas suelen ser campesinos, indígenas y funcionarios que investigaban desapariciones y ellos mismos terminaron siendo secuestrados.

Jomary también menciona el elevado número de víctimas no identificadas en cementerios o fosas en diferentes puntos. “Aunque exista una denuncia, al no haber una labor de identificación, no se sabe que están ahí porque no hay una correspondencia”, resalta Ortegón.

Foto: Nathan Raia

Persistencia y duelo

Uno de los mayores problemas es que no existe un registro único, sino que hay alrededor de 23 entidades que trabajan en desaparición forzada, pero no están articuladas. Jomary señala que “hay una falta de voluntad por parte de las entidades responsables del tema porque no hay una ruta clara”.

Esto ha generado que existan registros dispersos, que las víctimas tengan que ir a muchísimos lugares y que no exista un plan de búsqueda para todos los casos.

Bien es cierto que ha habido un cambio después de la firma del Acuerdo de Paz de 2016 pues ahora hay una unidad de búsqueda de personas desaparecidas que tendría como misión hacer que esos registros confluyan para elaborar un plan de trabajo efectivo.

Algunos casos concretos se llegan a denunciar internacionalmente, pero, como explica Jomary, esto depende de la persistencia de las víctimas.

Otros casos denunciados suelen ser los que llevan más tiempo abiertos o aquellos donde “las desapariciones en el que las víctimas cumplían un rol significativo socialmente”.

Un ejemplo es el de los 12 desaparecidos del Palacio de Justicia, a los que sus familiares llevan buscando hace 34 años.

Lamentablemente, una de las consecuencias principales de esta larga búsqueda es que no se puede comenzar con el duelo emocional, pues anque los familiares puedan pensar que su ser querido ha sido asesinado, conservan la esperanza de que puedan volver.

 

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