La quema de la bandera wiphala que representa a los pueblos originarios y campesinos, impedir el acceso a mujeres de pollera en lugares públicos por grupos afines al gobierno facto y nuevas autoridades que no representan al pueblo, evidencian el regreso de la discriminación. Hay temor en los indígenas de perder los derechos reconocidos en la Constitución de 2009.
Nara Romero Rams
Con la biblia en la mano Jeanine Áñez, representante del sector conservador y cristiano, ingresó al Palacio Quemado para asumir ilegalmente el cargo de presidenta de la nación andino amazónica, un gesto que anunciaba el regreso del racismo desterrado desde 2006.
Los temores de los pueblos indígenas arreciaron cuando la autoproclamada mandataria rompió con la tradición impulsada por Morales de designar como canciller a un indígena y nombró a la académica Karen Longaric. Ante el rechazo y la presión, ubicó días después a la líder social aymara Martha Yurja como titular de Culturas y Turismo.
Por otro lado, la inhabilitación del líder aymara, Juan Carlos León, para primer senador por Cochabamba y del excanciller Diego Pary, por Potosí, para las elecciones generales del 3 de mayo próximo derivadas del golpe de Estado, también evidencian la persecución y el racismo del gobierno de facto de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez.
Por otro lado, la cuenta en Twitter de Áñez ha dado muestra claras de discriminación, como cuando publicó el 20 de junio de 2013: “Qué año nuevo aymara ni qué lucero del alba!! Satánicos, a Dios nadie lo reemplaza!”.
El comentario rechazaba la celebración de los rituales de la cultura andina a propósito de la llegada del nuevo año cada 21 de junio.
Aunque fue borrado de la red social tras la autoproclamación, los comentarios racistas de Áñez continuaron cuando en octubre compartió una caricatura de Evo Morales con la leyenda “últimos días”, seguida con la frase: “Aferrado al poder el pobre indio”.
Luego de 14 años del gobierno de Evo Morales en defensa de los derechos de los pueblos originarios y campesinos, desterrados durante la época neoliberal, la actitud de la presidenta inconstitucional de Bolivia no pasó desapercibida para la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz. Esta rechazó las declaraciones de Áñez urgiendo impedir el retorno de los “salvajes”.
Cruz también cuestionó a Áñez por poner en duda el proceso judicial ante las humillaciones sufridas por más de 50 campesinos el 24 de mayo de 2008, quienes fueron obligados por seguidores del partido opositor Comité Interinstitucional. a marchar semidesnudos en medio de agresiones físicas y verbales.
Por otra parte, el exvicepresidente Álvaro García Linera (actualmente refugiado en Argentina), ha dicho que el golpe de Estado supone una forma de exorcizar el proceso de igualdad social por el MAS, y que la lógica fascista sigue viva por la quema de la wiphala (bandera indígena) que representa la igualdad entre la clase media tradicional y aquella que salió de la pobreza o la extrema pobreza.
En su reporte presentado en Suiza del 27 de febrero un reporte sobre la situación de 10 países, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunció de Bolivia la muerte de 35 personas y 800 heridos como resultado de enfrentamientos entre fuerzas policiales y militares y opositores al golpe de Estado.
Bolivia es el país con mayor población indígena de Latinoamérica, con 62,2, y es un Estado Plurinacional por sus 36 naciones indígenas reconocidas en la Constitución de 2009. (PL)
(Fotos: Pixabay)
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