La crisis actual no debe ser utilizada por las empresas que evaden impuestos para obtener ayuda del gobierno. Si la riqueza que ocultan estas empresas e individuos hubiera sido debidamente tributada, el mundo podría haber estado mejor preparado para esta pandemia. La gente común se vio obligada a rescatar el sistema financiero después de 2008. Esta vez, deberían empezar a pagar sus cuotas.
Graham Douglas
“Lo de siempre ya no existe”… Esta es la declaración introductoria del nuevo artículo de Nick Shaxson, de Tax Justice Network, teniendo en cuenta los normalmente impensables cambios que los gobiernos se han visto obligados a hacer por la propagación del coronavirus.
De momento, la realidad del colapso de la salud pública y la economía ha obligado a los políticos de los países ricos a prescindir de eslóganes y citas y a enfrentar el mundo físico real: un mundo que solo era una intrusión en las pantallas de televisión, donde la importante tarea de hacer dinero era lo principal. La realidad, esa palabra de ridículo para los filósofos posmodernos, era simplemente “un país lejano del que nada sabemos”.
En la declaración del diputado británico Chamberlain de 1938, comentó ‘lo horrible, fantástico e increíble que es el hecho de que deberíamos estar… probando máscaras de gas…’ a causa de un conflicto en otro país: Checoslovaquia. De donde quiera que haya venido este virus, su declaración captura la conmoción y el desconcierto ante el bloqueo mundial que está en curso.
Las imágenes de la Segunda Guerra Mundial están en todas partes, pero antes de que los británicos nos precipitemos en los recuerdos de Dunquerque y el espíritu del Blitz, el enemigo contra el que estamos luchando ahora no es solo físico, biológico. Tiene un oscuro y sigiloso gemelo que ha establecido las condiciones para que el virus sea tan destructivo y, en estos momentos, se está revelando.
Entender el contexto es esencial, y eso significa evitar que las empresas, especialmente las multinacionales, obtengan grandes ganancias mientras descargan los costos sociales de sus actividades en la población general, en forma de contaminación, dañando las a pequeñas empresas locales, pagando bajos salarios y aprovechándose de la infraestructura pública existente.
La desigualdad incluye la totalidad del contrato social, de manera que cuando millones de personas en los EE.UU. no puede pagar un seguro médico privado, esto se suma a sus bajos salarios y al hecho de que los muy ricos no pagan sus cuotas, como parte de la explotación que sufren. Los países que más sufren por los huracanes del Caribe son aquellos con las infraestructuras más pobres. Cuba, aun siendo pobre y víctima de las sanciones vengativas de Trump, tiene un gobierno socialista que da prioridad a la salud de su gente y su preparación para hacer frente a las catástrofes.
Las injusticias del sistema tributario
Además del endeudamiento a gran escala, la tributación es otra forma en que los gobiernos pueden pagar los gastos que están llevando a cabo en estos momentos.
Los impuestos sobre la renta comenzaron como un medio temporal de los gobiernos para recaudar dinero para las guerras, empezando con la Guerra de la Revolución Francesa en Gran Bretaña y la Guerra Civil en los Estados Unidos, y se reconoció que, para ser justos, un sistema tributario debe ser progresivo. Por lo tanto, aquellos con grandes ingresos deberían pagar un porcentaje mayor, correspondiente a los ingresos que están por encima de determinados umbrales. Impuestos como el IVA, por otra parte, afectan de forma más dura a los pobres, a menos que los productos básicos estén exentos.
Durante la Segunda Guerra Mundial se impusieron tasas muy altas de impuestos sobre los altos ingresos y después esto continuó durante un largo periodo tiempo.
No obstante, como señala Shaxson, no nos encontramos ante una economía de guerra con empleo garantizado, sino ante el colapso de la economía y las empresas, que puede que no sobrevivan a la crisis.
Lo que es necesario ahora es reducir los impuestos a las personas con bajos ingresos y aumentarlos en gran medida para las ganancias corporativas, bonificaciones y altos ingresos, como se ha hecho en el pasado.
Pero la economía ha cambiado también de otra forma importante, ya que está cada vez más globalizada y financializada, y para este problema son necesarias nuevas medidas.
La economía de la riqueza y el ‘offshore’
En un segundo artículo en su blog, Shaxson aborda el escándalo de la riqueza offshore, estimado entre 8 y 35 billones de dólares.
No sólo es una cifra escandalosamente grande, sino que la enorme brecha de incertidumbre que reside en dicha estimación nos dice que el secretismo es también una parte importante del problema.
Y, por supuesto, son los países pobres los más afectados; más bien, la mayoría de las poblaciones de esos países, como ejemplifica la historia de las ‘Luanda Leaks’.
Isabel dos Santos, hija del anterior presidente de Angola, utilizaba una red de más de 400 empresas para mover y ocultar una riqueza que asciende a cientos de millones de dólares y evitar los impuestos, con la ayuda de asesores corporativos occidentales de empresas como PwC y Boston Consulting Group, que acumularon una cantidad estimada de 5,6 millones de dólares en honorarios entre 2010 y 2017.
Y para encubrir un apartamento de 1,8 millones de dólares en Lisboa recurrió a la experiencia disponible en el paraíso fiscal más grande del mundo: los antiguos buenos EE.UU., que ahora ocupan el segundo lugar detrás de las Islas Caimán en el Índice de Secreto Financiero de 2020 de la TJN.
Y en el Índice de Paraísos Fiscales Corporativos de la TJN, los tres primeros puestos los ocupan dependencias de la corona británica o territorios de ultramar. Si se metieran en el mismo saco que el propio Reino Unido, Gran Bretaña ocuparía el primer puesto.
En otras palabras, los inteligentes expertos financieros con estudios de los países avanzados están llevando a cabo una buena pequeña ganancia por su colusión con clepto-gobernantes de los países en desarrollo.
La pérdida total anual de ingresos en todo el mundo alcanza una cifra estimada de 800 mil millones de dólares e involucra a empresas multinacionales e individuos con un elevado patrimonio también en los países desarrollados.
Qué debe hacerse
El blog de TJN reconoce que la OCDE ha llevado a cabo algunas mejoras en el control de los paraísos fiscales, pero todavía es demasiado poco y demasiado lento.
Los individuos con un elevado patrimonio están costando a las autoridades tributarias alrededor de 200 mil millones de dólares al año y, aunque se hayan introducido las normas comunes de presentación de informes, los EE.UU. siguen siendo escandalosamente obstructivos.
Por ello, mientras que los EE.UU. realizan un seguimiento de las actividades de los ciudadanos estadounidenses que operan en el exterior, se niegan a ofrecer la debida equivalencia para los ciudadanos extranjeros que se benefician de las cuentas que tienen en los EE.UU.
Los patrones falsos de residencia administrados por países como Dubai ofrecen un marco legal para que la información sobre la riqueza personal se envíe a la jurisdicción falsa, en lugar de enviarse al país donde debería pagarse el impuesto. Es una conspiración mundial que permite que las grandes riquezas silencien a las autoridades tributarias y se aferren a la riqueza que debería ayudar al desarrollo mundial y a la eliminación de la pobreza.
Como varios territorios de ultramar del Reino Unido y las dependencias de la corona están implicados en gran medida en este sucio negocio, el gobierno británico tiene el poder de imponer una legislación directa y prohibirlo, pero son escasas las posibilidades de que esto suceda bajo el gobierno británico conservador sin graves protestas públicas.
Los fondos fiduciarios también deberían verse obligados a revelar sus verdaderos propietarios beneficiarios y detener la ficción del “limbo sin dueño”, donde los propietarios están autorizados a repartir el contenido del fondo, conservando al mismo tiempo el control y, al hacerlo, ocultan la riqueza a las autoridades tributarias. La riqueza corporativa de las sociedades offshore que desaparece cada año asciende a más de 500 o 600 mil millones de dólares.
Para lidiar con esto, la presentación de informes país por país que propuso la TJN empieza a ser implementada ahora, tímidamente, por los países de la OCDE.
Esto evitaría que las empresas multinacionales presenten informes en el ámbito meramente regional y les obligaría a mostrar quién posee qué y cuánto beneficio se genera en cada jurisdicción. Esto podría racionalizarse bajo lo que se conoce como tributación unitaria, donde los impuestos simplemente se pagarían con las tasas actuales de cada país en el que opera una empresa multinacional. Así, cualquier manipulación de los precios de transferencia sería evidente.
Presionar a los parlamentarios es necesario, como también lo es apoyar a quienes investigan e informan sobre esta injusticia mundial. Entre ellos está TJN, Global Financial Integrity y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
(Traducido por Iris María Blanco Gabás – Email: irisbg7@gmail.com) – Photos: Pixabay
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