En medio de la pandemia de la Covid-19 que ha ocasionado más de 20 mil muertos y más de 700.000 contagiados, Colombia vive una situación más preocupante: abuso de autoridad, represión, vandalismo y un gobierno que no actúa.
En Colombia, las manifestaciones recientes por el asesinato del abogado Javier Ordóñez a manos de la policía, son el resultado de un cúmulo de indignación que sobrepasa las esperanzas cifradas en el Acuerdo de Paz, aseguran hoy analistas.
El asesinato de Ordoñez por en manos de unos miembros de la Policía generó innumerables protestas en esta capital y en casi todas las ciudades del país. Muchas terminaron en la muerte de 13 personas, entre ellas una joven de 17 años de edad, y centenares de 200 heridos.
Decenas, horas de videos que reafirman lo ocurrido.
Para investigadores, congresistas de oposición, columnistas y politólogos esta reacción en el país, con algunas similitudes a las protestas de noviembre del pasado año, va más allá del asesinato de Ordóñez.
En lo que va de 2020, más de 50 masacres con decenas de muertes, la mayor parte jóvenes; la erradicación forzada de cultivos ilícitos en vez de la sustitución de estos como está previsto en el Acuerdo de Paz por sembradíos de plantas para la alimentación y maderera, genera enfrentamientos entre campesinos y el ejército, también con muertos y heridos como resultado.
El asesinato de casi 300 excombatientes reincorporados a la vida civil desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, la violación de niñas indígenas por militares y otros hechos similares reconocidos por el propio ejército, son causas suficientes para la indignación en el país, aseguran.
¿Pero qué hacen las autoridades? ¿Qué hace el gobierno de Iván Duque? ¿Dónde están las investigaciones, los procesados y los presos por tales delitos que algunos podrían considerarse de lesa humanidad?
Cada respuesta es un eufemismo: a las masacres, el gobierno y el propio Duque, las llaman homicidios colectivos; a la reforma de la policía que pide a gritos el pueblo, la denominan modernización, y nada pasa.
El senador por Alianza verde Antonio Sanguino recalca que la policía necesita una reforma para que sea una fuerza pública para defender, proteger y garantizar los Derechos Humanos y no para violarlos.
La impunidad es un hecho y según senadores de oposición, al Acuerdo de Paz lo están haciendo trizas, sobre todo en lo concerniente al gobierno.
El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común reitera que cumplirá con ese acuerdo que devino en la gran esperanza de pacificación para este país.
La exsenadora y defensora de los derechos humanos Piedad Córdoba recalca que el presidente Iván Duque, en su doble condición de jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el responsable de parar esta ola de violencia que ahoga en sangre a Colombia.
En tal sentido el senador de Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda responsabilizó a Duque por todos estos actos criminales, y aseguró que las acciones planificadas de carácter criminal en la Policía y en el Ejército, no son espontáneas ni ‘excepcionales’, sino sistemáticas y generalizadas. (PL)
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