Hoy existe una maquinaria judicial para operar la persecución política en Ecuador, Bolivia o Brasil, porque se quiere impedir el retorno de gobiernos progresistas que han luchado contra la fractura social, estableciendo políticas públicas para una mejor redistribución de la riqueza.
Esa estrategia judicial es inaceptable, antidemocrático, carece de ética y anula las posibilidades de un mejor futuro para los jóvenes.
La sentencia contra Rafael Correa confirma nuevamente las intenciones del gobierno ecuatoriano, de transformar la justicia en un instrumento para la persecución política.
Es una muy mala noticia para la democracia de Ecuador y Latinoamérica. Mientras Lenín Moreno esté en el poder, ser opositor significa estar en peligro.
Hace casi un año, miles de ciudadanos/as alzaron la voz en las calles de Quito contra la interrupción de las subvenciones a los combustibles, una medida que había anunciado el presidente Lenín Moreno para responder a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI). La represión fue brutal. Un estilo de gobierno parecido a su par chileno Sebastián Piñera pocos días después.
Lamentablemente, en América Latina hay fuerzas que atentan contra la democracia desde ella y fuera de ella.
En este caso, se trata del uso del aparato judicial como arma política, una persecución para resolver diferencias y evitar el retorno de la oposición al poder.
Estamos frente al mismo esquema de lo ocurrido en Brasil, cuando condenaron y encarcelaron a Lula semanas antes de la elección presidencial.
Un mismo escenario que habían intentado en Argentina contra Cristina Fernández de Kirchner, y que hoy ocurre con el expresidente Evo Morales que acaba de ser suspendido para ser candidato al Senado de Bolivia.
Días atrás, hasta Human Rights Watch denunció la persecución política en contra del exmandatario boliviano.
En Ecuador, la instrumentalización de la justicia contra un expresidente, políticos opositores, o la criminalización de decenas de personas que participaron en el levantamiento popular de octubre 2019, habla de una presidencia que no cree en la palabra democracia y en la independencia del poder judicial.
Otro ejemplo de esta persecución política fue la decisión del Consejo Nacional Electoral de suspender a varios partidos políticos de cara a los próximos comicios, decisión rechazada por el juez Fernando Muñoz.
El actual mandatario ecuatoriano representa el retorno de ideas y prácticas que recuerdan los años más oscuros para su pueblo.
Representa el retorno del neoliberalismo y la austeridad; el retorno del FMI que reduce el rol del Estado cuando lo que necesitan los pueblos latinoamericanos es un Estado fuerte y protector para defender y apoyar a los más vulnerables, y más aún en este contexto de crisis sanitaria. Y también representa el alineamiento con la política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Si nos detenemos en las cifras, en el gobierno de Rafael Correa la tasa de pobreza pasó del 50% en 2010 al 34,5% en 2017. Pero desde la llegada de Moreno, en tan solo tres años la pobreza aumentó cerca de 6%. (PL)
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