República Dominicana es uno de los pocos países en América Latina que mantiene una prohibición total del aborto, pero con el nuevo Gobierno, surge el interés social de que se apruebe el nuevo Código Penal con el tema incluido.
Edilberto F. Méndez
El actual Código Penal dominicano prohíbe toda acción que atente contra la vida, desde la concepción del feto hasta el final de la existencia de la persona.
Por ello, al revivir el debate para aprobar el nuevo Código Penal –estancado desde 1884-, lo concerniente a esta figura jurídica volvió a la palestra y aunque el deseo no es despenalizarla, sí busca legalizar situaciones donde se justifica la interrupción del embarazo para proteger la vida.
El expresidente dominicano Danilo Medina, vetó en dos ocasiones el nuevo Código Penal debido a la penalización del aborto en todos los supuestos, en 2014 y 2016.
En 2016, envió una comunicación al Senado, en la cual le informaba que observaba la pieza al no estar de acuerdo con la penalización absoluta y sin excepción.
El jefe de Estado en ese momento sugirió a los legisladores introducir en el proyecto tres causales para permitir la interrupción de la gestación: cuando fuera producto de una violación o incesto, cuando estuviera en peligro la vida de la madre y cuando el feto, clínicamente demostrado, viniese con defectos congénitos.
En estos momentos, en que el Congreso decidió agilizar la aprobación del Código Penal ha llegado a plantearse aprobar la norma como está, y dejar las causales para otra ley, algo rechazado por varios sectores.
Recientemente el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara, se manifestó a favor del establecimiento de las tres causales y consideró que la sociedad dominicana se encuentra en un proceso de movilización a favor de esa aprobación.
Según Ceara se trata de un problema de salud pública y una fuente perversa de segregación social pues “una mujer sin recursos recibe la peor asistencia de salud para interrumpir el embarazo, mientras que una mujer con recursos puede tener acceso a la mejor asistencia”.
Y agrego que “si alguien considera es un pecado suspender el embarazo por las tres causales tiene todo el derecho a pensar de esta manera, pero no tiene el derecho de impedir la solución de un problema de salud que pone en riesgo la vida de mujeres”.
Por su parte, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, anunció su apoyo absoluto a la despenalización del aborto como se debate en el país.
Por lo tanto, sostuvo, habrá que trabajar fuerte y escuchar para buscar la mayor comprensión posible y el consenso mayoritario dada la imposibilidad de tenerlo total por parte de la sociedad, precisó.
En días pasados, más de dos mil personas entregaron un documento en la Cámara de Diputados, exigiendo la inclusión del asunto en el Código, y bajo ningún concepto dejar el tema como una ley aparte.
Los firmantes demandaron garantías inmediatas a la salud, la vida, la dignidad e integridad de las mujeres, según la Constitución, mediante la despenalización de la interrupción del embarazo en circunstancias extremas. Y apuntaron que la prohibición y criminalización absoluta del aborto, violenta derechos constitucionales de las mujeres e ignora las obligaciones internacionales del Estado Dominicano de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las féminas a la vida, la salud, la integridad física y psicológica.
En el otro extremo la Iglesia católica ha pedido mantener la prohibición y monseñor Francisco Ozoria ha dicho que los legisladores fueron puestos en el Congreso para defender la vida. (PL)
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