Tras concluir en octubre la segunda y última fase del proceso judicial, se espera el veredicto el 4 de enero del año próximo, una decisión que prolonga aún más la agonía del periodista australiano, quien lleva más de ocho años sin pisar la calle.
Primero fueron siete años de asilo en la embajada de Ecuador en Londres, donde se refugió en junio de 2012 para no ser enviado a Suecia, que lo investigaba por presuntos delitos sexuales, pero donde corría el riesgo de ser entregado a Estados Unidos.
Esta nación quiere enjuiciarlo por revelar crímenes de guerra cometidos por los militares norteamericanos en Iraq y Afganistán, y divulgar cables diplomáticos comprometedores. Tras ser traicionado por el gobierno del presidente ecuatoriano Lenín Moreno, que en abril de 2019 le abrió las puertas de la embajada a la Policía londinense para que lo arrestara por violar una fianza otorgada en relación con el caso sueco, Assange fue confinado a la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en el este de la capital británica.
Cincuenta semanas de cárcel fue la sentencia dictada de forma expedita por el Tribunal de Magistrado de Westminster, pero una vez cumplida la condena, la jueza Vanessa Baraitser determinó que el fundador de WikiLeaks debe esperar en la cárcel a que ella decida si lo extradita o no a Estados Unidos.
Durante las cuatro semanas que duró la segunda parte de la audiencia de extradición en la corte londinense de Old Bailey, la defensa de Assange trató de convencer a la Baraitser de que su cliente es objeto de una persecución política sin precedente en los anales de la jurisprudencia estadounidense.
Para sustentar el caso, los abogados presentaron una batería de expertos legales que dieron fe de que ningún periodista o editor ha sido jamás juzgado, mucho menos, condenado, en Estados Unido bajo la Ley de Espionaje de 1917 o por publicar filtraciones de información clasificada, y prueba de ello, dijeron, es que el entonces presidente Barack Obama nunca quiso presentar cargos contra WikiLeaks. El Departamento de Justicia estadounidense alega, sin embargo, que no quiere enjuiciar a Assange por las revelaciones de WikiLeaks, sino por poner en peligro la vida de los informantes del Ejército cuyos nombres salieron a la luz pública.
Al respecto, varios editores y periodistas que colaboraron en la divulgación de los archivos aseguraron bajo juramento que el ciberactivista australiano fue particularmente cuidadoso a la hora de editar los documentos, y borró toda información que pudiera llevar a la identificación de esas personas.
Otros testigos citados por la defensa se encargaron de hacer notar las condiciones carcelarias extremas que enfrentaría Assange de ser enviado a Estados Unidos, donde podría terminar condenado a 175 años de prisión, en virtud de los 18 cargos criminales que se le imputan, y que abarcan desde espionaje hasta conspiración para cometer piratería informática.
Según Maureen Baird, exdirectora de una correccional neoyorquina, el fundador de WikiLeaks iría a parar a la prisión federal de Florence, Colorado, junto a terroristas connotados como el Unabomber y el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán (El Chapo).
La defensa también se empeñó en demostrar, a partir del testimonio de varios testigos, que el presidente estadounidense Donald Trump quiere encerrar a Assange para encubrir que se benefició de las revelaciones hechas por WikiLeaks de los correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata para ganar las elecciones de 2016.
El nombre de Trump salió también a relucir en el perdón que le ofreció en agosto de 2017 el entonces congresista republicado Dara Rohrabacher, a cambio de que revelara sus fuentes de información, según declaró Jennifer Robinson, abogada del periodista australiano que participó en la reunión celebrada en la embajada ecuatoriana.
El ahora presidente saliente estadounidense habría ordenado además negociar con el gobierno de Ecuador la entrega de Assange a la Policía británica, mientras que la justicia española investiga los vínculos de un magnate del círculo de amistades de Trump con la empresa española que estuvo a cargo de la seguridad de la embajada ecuatoriana en Londres durante parte del tiempo que el fundador de WikiLeaks estuvo asilado allí.
Según trascendió en el tribunal londinense mediante declaración jurada de dos antiguos empleados de UC Global, la firma con sede en Jerez de la Frontera comenzó a espiar a Assange y a sus visitas después de firmar un contrato en 2016 con otra compañía propiedad del millonario Sheldom Addison.
Miles de defensores de Julian Assange albergan la esperanza de que el Reino Unido se rehúse a entregarlo a Estados Unidos, porque el tratado vigente entre ambos países prohíbe la extradición de personas acusadas por delitos políticos. (PL)
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