El nuevo acuerdo migratorio está entre los hechos más trascendentes en Europa de 2020, pese a que constituye el gran fracaso del bloque regional en el último lustro y deviene reto de difícil solución.
El pacto distribuye responsabilidades entre los Estados miembros, refuerza los controles fronterizos y fortalece los mecanismos de reenvío de migrantes irregulares a sus países de origen, tras un año de acentuada incertidumbre para millones de indocumentados en el viejo continente.
Para analistas internacionales el pacto dista mucho de ser la solución para quienes buscan refugio en Europa. El nuevo conjunto de normas, rubricado en septiembre, establece que aquellos países que no deseen recibir demandantes de asilo asumirán la responsabilidad de reenviar a esas personas a los países de origen.
De esta forma, el bloque regional sortea la persistente negativa de Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia y otros Estados opuestos a acoger a los migrantes, y que resultó en el incumplimiento de las cuotas de reubicación decididas después de 2015.
La pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante del Covid-19, añadió más incertidumbre sobre la suerte de quienes tras difíciles travesías sufren además las restricciones derivadas de los cierres fronterizos.
El arribo de migrantes al viejo continente experimentó este año un significativo descenso, pero las condiciones de vida en los campos de acogida y la expansión de la pandemia agravó las penurias de quienes ya residen allí.
A mediados de año, cuando la enfermedad comenzó a azotar con más fuerza a Europa, el portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Joel Millman, exhortó a respetar y dignificar a esas personas ante las limitaciones impuestas para el libre desplazamiento.
El vocero de la OIM, con sede en Ginebra, comentó que alentar el miedo hacia los extranjeros provoca que los migrantes no acudan a los centros de salud y hospitales para recibir tratamiento en caso de presentar síntomas de la enfermedad.
Así ocurre con los que lograron su objetivo y residen en las distintas naciones que componen la Unión Europea (UE), región a la que según datos divulgados por la OIM ingresaron más de 16 mil irregulares por vía marítima en 2020.
Como método de acceso más utilizado está el paso fronterizo entre Turquía y Grecia, abierto desde febrero, cuando el presidente del país euroasiático, Recep Tayyip Erdogan, anunció el fin de los controles de seguridad en la zona limítrofe tras una escalada de enfrentamientos en la provincia siria de Idlib.
Pero no todos los indocumentados logran su objetivo. Como respuesta al éxodo masivo el Gobierno de Grecia fortaleció los controles de seguridad, trasladó militares a la frontera y suspendió los procedimientos para el otorgamiento de asilo.
Así sucedieron interminables jornadas para quienes son víctimas de las decisiones de ambos gobiernos, criticadas por varias organizaciones humanitarias como la ONU y la UE.
Desde inicios de marzo, Turquía cerró el acceso a personas provenientes de Iraq y luego siguieron Alemania, España, Francia, Austria, Noruega, Dinamarca, Suecia, Bélgica y Países Bajos, como medida para detener la propagación del Covid-19, punto de giro en su política migratoria.
En Grecia, la pandemia cobró centenares de vidas en los centros de acogida debido a las condiciones de hacinamiento, que imposibilitaron el distanciamiento social, situación denunciada por entidades internacionales y organizaciones no gubernamentales (ONG).
A esa situación se sumaron sendos incendios: primero en el campamento de Moria, en la isla de Lesbos; luego el albergue de Vathy, preparado para recibir a 650 indocumentados, pero donde habitan cuatro mil 300.
Al poco espacio se suma la insalubridad, la falta de acceso al agua potable y medicamentos, y la deficiente atención médica, condiciones compartidas con sus similares del país y criticadas, además, desde la UE. (PL)
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