El presidente propone un controvertido cambio constitucional y elecciones generales y legislativas. Sin Parlamento, con un Poder Judicial debilitado, acusaciones de represión política y cuestionados decretos presidenciales, Haití se acerca hoy a la crisis, incertidumbre e inestabilidad.
Recientemente esta nación vivió un intento de golpe de Estado y magnicidio (según denunciaron las autoridades), el retiro de tres jueces de Casación inamovibles y la instalación de un gobierno paralelo, todo un cóctel explosivo para un país de poco más de 11 millones de habitantes.
En el centro del debate se encuentra el disputado mandato presidencial de Jovenel Moïse, quien mucho antes de los hechos recientes ya enfrentaba masivas protestas contra su gestión, acusaciones de corrupción y críticas sobre la creciente violencia y el poder de los grupos paramilitares.
La oposición política plural, organizaciones de la sociedad civil, federación de abogados, religiosos, e incluso el Poder Judicial, determinaron el fin de la gestión de Moïse el domingo, una fecha simbólica pues marca el aniversario de la caída de la dictadura. Él, en cambio, no está de acuerdo.
Esas fuerzas argumentan que es aplicable el artículo 134-2 de la Constitución vigente, que establece la reducción del periodo presidencial si se fueran a presentar problemas con el recuento de los votos, y piensan que las elecciones repetidas en 2016 son una continuación de elecciones que fueron anuladas en 2015 por denuncias de fraude.
El gobierno piensa lo contrario y dice que el mandatario se posesionó en 2017 para gobernar por un periodo de cinco años, una tesis compartida por otros organismos como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.
Ante este escenario, la oposición desafió a Moïse y nombró a un gobierno transitorio, liderado por el más antiguo juez de la Corte de Casación, Joseph Mécène, quien junto a otros cinco colegas del Poder Judicial, dio por terminado el periodo presidencial.
En respuesta, el gobierno retiró a través de un decreto a tres jueces, entre ellos Mécène, a quien calificó de “autoproclamado” y usurpador del cargo, lo que constituye “una grave violación de la Constitución y las leyes”
Los otros jueces que fueron obligados a retirarse son Yviquel Debrézil, acusado de conspiración contra la seguridad interna del Estado; y Wendelle Thélot, quien en septiembre pasado obstaculizó la juramentación del Consejo Electoral Provisional nombrado por el mandatario.
Aunque las autoridades justificaron su actuar diciendo que no es la primera vez que el Ejecutivo despide jueces sin terminar su mandato (mandato considerado inamovible por las leyes vigentes), las organizaciones de la sociedad civil alertan del debilitamiento del Poder Judicial, en un momento en que el Parlamento es disfuncional, por lo cual el gobierno se queda sin contrapesos.
Mientras tanto, en las calles persisten las manifestaciones antigubernamentales, que si bien son menos numerosas que años recientes, se radicalizaron y reciben una imponente respuesta policial. (PL)
.jpg)
