La privatización de los hogares para infantes en condiciones de vulnerabilidad en Panamá, es una posible causa primaria de la desatención estatal y cuyas consecuencias visibles son las denuncias de abusos a menores.
La crisis social generada por la dramática situación de trato cruel que reciben los niños y adolescentes en los albergues, deja en evidencia un modelo que no ha funcionado.
Eso piensa el sociólogo Alonso Ramos, quien dijo al diario La Estrella de Panamá, que “lo que está detrás de los modelos de los albergues es un desgreño”.
Ramos formó parte del equipo de especialistas que apoyó una investigación de la Comisión de la Niñez, la Mujer y la Familia, de la Asamblea Nacional, la cual destapó una grave situación de violencia infantil, cuyas denuncias silenciadas datan de principios de la anterior década, aseguraron reportes de prensa.
Estadísticas oficiales incluyen a 23 de esos refugios infantiles con permiso de operación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), pero el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Social otorga subsidios a 40 centros de los 54 existentes en el país, aseveró la fuente.
La pesquisa parlamentaria alcanzó a 14 albergues calificados por Ramos de “mazmorras de la época medieval”, donde solo tres tenían las mínimas condiciones para su funcionamiento.
Tras las visitas, el sociólogo confesó que se “aterrorizó” por lo observado en esos recintos donde encontró a mujeres adolescentes, jóvenes y adultas mayores conviviendo en una misma habitación, también féminas encadenadas y con candado, sin recibir medicamentos.
“Ellas se van a curar con la oración”, fue una de las respuestas que recibió de un regente en uno de esos sitios.
El informe de 700 páginas de la comisión investigadora, entregado la hace unos días al Ministerio Público, dice que hasta alimentos para perros recibieron los niños de uno de los hogares visitados. Además, de forma general el documento desnuda los “sufrimientos, frustraciones y miedos de los menores”.
“Los niños que han sido víctimas del sistema van a tener repercusiones para toda su vida”, advierte Ramos, quien denunció que psiquiatras y trabajadores sociales hablaron en condiciones de reserva, por temor a represalias, tomando en cuenta al menos dos casos de quienes advirtieron de abusos y fueron despedidos.
Estos hogares están administrados por fundaciones, organizaciones no gubernamentales e instituciones religiosas, principalmente evangélicas, y reciben subsidios gubernamentales, porque la ley coloca a los infantes bajo protección del Estado, aunque la principal crítica es la ausencia de control de sus protegidos.
Tales albergues internan a los menores procedentes de hogares disfuncionales, ambientes sociales adversos para su desarrollo, niñas embarazadas tras violaciones sexuales y discapacitados, entre otros casos.
El escándalo desatado al conocerse el resultado de la pesquisa del legislativo, no ha revelado hasta el momento nombres de posibles responsables y las declaraciones de las instituciones implicadas se limitaron a condenar los abusos, asegurar que habrá investigación y sanción para los culpables.
Ninguna denominación religiosa de las que administran muchos de estos hogares se pronunció sobre el tema y solo el Comité Interreligioso de Panamá y miembros de la Red Global de Religiones a favor de la Niñez pidieron públicamente justicia y actuar urgente para que no se repitan tales hechos. (PL)
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