“Mi familia fue tratada como si fuéramos irrelevantes, no importantes, no humanos. La trabajadora del caso es una mujer blanca y se comportó como si quisiera quitarnos de encima: eso es racismo. Si una de las madres del Grupo de Mujeres Africanas no hubiera dado un paso adelante para alojarnos y no hubiéramos luchado todas juntas, podrían haberme devuelto, lo que habría sido mi fin. Pero ya tengo casa y la lucha continúa».
Women Against Rape
Estas son las palabras de una madre con dos hijos, que fue desalojada por el municipio de Lewisham hace cinco semanas, en plena segunda oleada de la pandemia y con un tiempo gélido. Pero, finalmente, ganó la lucha para solicitar asilo y que se le conceda vivienda y asistencia.
Marian Okeibunor es una superviviente de violaciones y otros actos de violencia en Nigeria y teme que su vida corra peligro si la devuelven: un miembro de su familia ya ha sufrido atentados contra su vida.
Okeibunor es miembro del All African Women’s Group y recibe el apoyo de Women Against Rape, ambos con sede en Crossroads Women’s Centre de Londres.
Marian Okeibunor ha expresado su agradecimiento por todo el apoyo que ha recibido, pues ello significa que ahora tienen un lugar seguro y cálido donde vivir. Sin embargo, le preocupa “que otras madres puedan ser tratadas como yo y que, sin la ayuda que yo recibí de WAR y de miembros del público que se preocupan por ellas, acaben enfermas y sin hogar”.
Okeibunor está traumatizada por la violación que sufrió y no había recibido ninguna ayuda para denunciarla como motivo de asilo. Había estado recibiendo ayuda para familias indigentes, pero el Ayuntamiento decidió desalojar a Okeibunor alegando que ella y sus hijos podían volver a Nigeria en virtud del llamado plan de retorno voluntario.
Le había pedido a Lewisham que le diera más tiempo durante las Navidades y Women Against Rape (Mujeres contra la Violación) escribió para respaldar esta petición, explicando que tenía motivos para solicitar asilo, señalando las pruebas de que las supervivientes de violaciones necesitan tiempo y ayuda especializada para hablar de sus experiencias. La población local, incluido el concejal Alan Hall, se unió para apoyar a la familia, horrorizada por la inhumanidad del Consejo.
Afortunadamente, un amigo ofreció a Okeibunor y a sus dos hijos pequeños un lugar donde dormir. Cuando su campaña recibió la atención del público, el bufete de abogados Duncan Lewis se ofreció a representarla. Su solicitud de asilo estaba siendo bloqueada por el Ministerio del Interior, que insistía en que viajara dos horas en autobús a una entrevista de selección en la que se le preguntaría en detalle sobre su experiencia de violencia sexual. WAR protestó porque esto era cruel e insensible, ya que las supervivientes de violaciones necesitan ayuda especializada y tiempo para hablar, y no deberían verse obligadas a hacerlo con un extraño en un entorno hostil.
Apenas unas horas antes de que la solicitud de alojamiento de emergencia Okeibunor se viera en el tribunal, el Ministerio del Interior dio marcha atrás y se ofreció a proporcionar un taxi para llevar a la familia a un alojamiento de emergencia, a través del centro de denuncias donde ella tenía una breve cita para confirmar su identidad.
Ella y los niños se encuentran ahora en su nuevo alojamiento que, como ella pidió, está a poca distancia de la escuela de su hijo.
La situación de Okeibunor pone de manifiesto la discriminación en la política de salud pública durante la pandemia y la discriminación de las supervivientes de violaciones:
- El mensaje del gobierno en materia de salud pública es: «Quédate en casa, protege el NHS, salva vidas». Sin embargo, Marian Okeibunor fue desalojada durante la pandemia (en un momento en el que morían más de 1.200 personas al día) y se vio obligada a rogar a otra madre que la alojara a ella y a sus hijos para evitar que se quedaran en la calle. Esto hizo que ambas familias estuvieran hacinadas y no pudieran distanciarse/aislarse socialmente.
- El Ministerio del Interior puso una condición para que Okeibunor solicitara asilo, lo que significaba que habría tenido que viajar dos horas en autobús para asistir a una entrevista en persona. Otros servicios han dispuesto que las personas soliciten en línea y verifiquen su identidad localmente en una oficina de correos, por ejemplo. Esto supone una discriminación directa contra los solicitantes de asilo.
Marian Okeibunor es una mujer de color y las personas de color son estadísticamente más vulnerables a contraer y morir de Covid, pero el Ministerio del Interior no tuvo en cuenta este hecho, lo que equivale a una discriminación racista.- Las nuevas citas del Ministerio del Interior para la selección de solicitantes de asilo implican que se espera que las supervivientes de violaciones hablen en detalle de sus experiencias, a menudo ante funcionarios varones, sin tener la oportunidad de obtener ayuda especializada o asesoramiento jurídico. Esto supone un incumplimiento de las propias instrucciones de la política de asilo para los funcionarios. La experiencia de WAR con estos nuevos procedimientos demuestra que las mujeres han sido sometidas a un interrogatorio inadecuado e intrusivo por parte de funcionarios masculinos en presencia de sus parejas y familiares.
(Traducido por Mónica del Pilar Uribe Marín) – Fotos: Pixabay
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