Uruguay es uno de los países más envejecidos en América Latina, ya que según datos de 2018, una de cada cinco personas tenía 60 años de edad o más, lo cual marcó una creciente dependencia de la población económicamente activa.
Este país suramericano atravesó por una transición demográfica temprana a mediados del siglo XX, caracterizada por tasas de fecundidad de alrededor de tres hijos por mujer.
Pero entre 2015 y 2020 se redujo a 1,98.
Cinco años antes, 2010, la esperanza de vida al nacer fue de 77 años.
Un informe de Naciones Unidas de 2017 indicó que el envejecimiento demográfico registrado en Uruguay entre 1975 y 2011 con un aumento porcentual hasta el actual 19,1%, es inédito en la región pues presenta valores que presentan las regiones más desarrolladas el mundo.
La tasa de crecimiento de personas mayores del último período intercensal (2004-2011) asciende a 0,93, un valor bastante más elevado que el correspondiente a la población total.
Estudiosos del fenómeno advierten que en las zonas más prósperas del mundo la población decrece. Y en Uruguay, sin pertenecer a esa línea avanzada de la economía mundial, se estanca y decrece.
En 1950 en Uruguay había 8 personas en edad de trabajar (PET) por cada persona de 65 y más.
Cinco décadas después eran 5 a 1. Y en 30 años se proyecta que serán algo menos de 3 a 1. Para la segunda mitad de este siglo se prevé que esa relación continúe cayendo.
Al evaluar estas prospectivas el expresidente del Banco de Previsión Social y experto en seguridad social, Rodolfo Saldain, opinó que basar las jubilaciones en transferencias desde las generaciones activas exclusivamente es imposible en la nueva realidad demográfica, sin comprometer el principio de justicia entre generaciones.
Además los jubilados, además de encontrarse con un poder de compra menguado, quizás sean los únicos que hagan un aporte fijo a hogares con desempleados, en tiempos de crisis económicas.
El panorama que se avizora para los mayores no es atractivo.
Así lo consideran los parlamentarios del partido opositor de gobierno, Frente Amplio, y el movimiento sindical.
Ambos han denunciado el proyecto gubernamental de presupuesto quinquenal para recortar el déficit fiscal, pues será a costa de reducir el salario real de los trabajadores.
El reconocido economista uruguayo Joaquín Toledo advirtió que el proyecto presentado hace énfasis en reducir el déficit fiscal a la mitad, del 4,8 del PIB en 2019 al 2,5 en 2024, y que “se financiará reduciendo salario y jubilaciones”.
La Central Sindical Pit-Cnt y otros movimientos reivindicativos sectoriales han protestado por los recortes presupuestales que amenazan los empleos y el poder adquisitivo de salarios precarios y de jubilados y pensionistas. Los primeros en sufrir con los recortes serán los segmentos sociales más vulnerables, entre los que cuentan los uruguayos mayores, jubilados, pensionistas y dependientes familiares. (PL)
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