Los 11 meses de 2020 gobernados por los golpistas en Bolivia abrieron heridas cerradas desde 2006 con la llegada al poder del primer presidente indígena, de ahí que su pueblo saliera a las calles a defender la democracia que recuperó en las urnas el 18 de octubre.
Jeanine Áñez pudo pasar a la historia si hubiera organizado elecciones generales de manera inmediata para restituir el Estado de derecho, pero será recordada por las muertes, la inseguridad y el dolor ocasionados a miles de bolivianos que vieron vulnerados sus derechos constitucionales.
Discriminación, racismo, privatización de empresas estatales fueron fantasmas desenterrados en Bolivia y que regresaron en 2020 con un gobierno de facto finalmente derrotado en las elecciones de octubre, cuando el Movimiento al Socialismo (MAS) obtuvo un triunfo atronador.
Supuestos hechos de corrupción, poca liquidez y pérdidas económicas millonarias fueron los argumentos esgrimidos por la administración golpista de Jeanine Áñez para justificar sus intentos de privatizar la planta de urea y amoníaco de Cochabamba, la Boliviana de Aviación (BoA), Quipus y la Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba) de Santa Cruz a principios de año.
Según el gobierno Áñez, autoproclamada presidenta tras el golpe de Estado derechista contra Evo Morales en noviembre de 2019, la planta separadora de líquidos Gran Chaco supuestamente reportó pérdidas millonarias en sus siete años de operaciones, pese a que junto a su similar Carlos Villegas de Tarija posibilitó exportaciones a países vecinos como Paraguay, Uruguay y Perú.
Igual suerte corrió la industrialización del litio impulsada por el líder aymara pues el gobierno de facto anuló el decreto supremo que estableció la sociedad mixta entre Alemania y Bolivia, la cual garantizaría por 70 años el mercado de las baterías de litio.
Las 21 millones de toneladas métricas de litio que tiene Bolivia son de interés de grandes transnacionales extranjeras y administrarlas para sus beneficios, y este fue uno de los motivos para el golpe contra el expresidente Morales, quien decía que dichos beneficios eran para el pueblo.
La fuerte presencia policial y militar propiciada por los golpistas también atentó contra el turismo que, durante el mandato de Morales llegó a generar 850 millones de dólares al año y un constante crecimiento y beneficio social, que lo convirtió en uno de los sectores más importantes en el país.
Bajo la administración de Áñez subieron los índices de desempleo en un 11,8% y de pobreza al 16,8% y la inestabilidad marcó ese renglón durante este año.
Y en cuanto a discriminación, Bolivia, un Estado Plurinacional por sus 36 naciones indígenas reconocidas en la Constitución de 2009, nuevamente fue testigo del racismo y la persecución política generada por el gobierno de facto.
La quema de la bandera wiphala que representa a los pueblos originarios y campesinos e impedir el acceso a mujeres de pollera en lugares públicos por grupos violentos afines a los golpistas fueron algunos ejemplos de violaciones constitucionales.
Asimismo, la persecución y detención arbitraria de dirigentes de organizaciones sindicales y sociales que apoyaban al movimiento político liderado por Morales también fueron denunciadas dentro y fuera del país sudamericano.
La inhabilitación en septiembre pasado del líder aymara para ser candidato a senador por Cochabamba y del excanciller Diego Pary, para aspirar por Potosí en las elecciones generales del 18 de octubre derivadas del golpe de Estado, y la ausencia de autoridades indígenas en el Poder Ejecutivo, mostraron aún más el racismo.
Por otra parte, la contienda electoral, que culminó con la contundente victoria del Movimiento al Socialismo (MAS) con más del 51% de los votos, se caracterizó por los intentos del gobierno de facto para proscribir a esa fuerza, favorita en todas las encuestas.
Como estrategia de esa campaña de descrédito, el hoy presidente Luis Arce, enfrentó en julio pasado varias acusaciones de supuestos hechos de corrupción cuando implementó la Gestora Pública, una entidad que administraba los ingresos de los trabajadores y que redujo la pobreza.
Pero según denunció Arce, esa artimaña de Áñez sólo buscaba desviar la atención por utilizar un crédito de 327 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) para enmendar el déficit fiscal y la negativa balanza de pagos.
En cuanto a la pandemia, el Covid-19 mostró aún más las desigualdades sociales.
Esto ocurrió porque las pruebas para detectar al nuevo coronavirus no estuvieron al alcance de todos, los precios de los medicamentos aumentaron y, al igual que en la ciudad ecuatoriana de Guayas, los muertos en las calles acapararon titulares a nivel internacional.
Ademas, los pueblos indígenas, que representan el 48,3% de la población en Bolivia, quedaron desatendidos por el gobierno en medio de la crisis sanitaria. (PL)
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