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Visibilizando la verdad de los ‘falsos positivos’

Las ejecuciones extrajudiciales realizadas por miembros de las Fuerzas Armadas forman parte de la historia negra de Colombia. Fueron asesinados y mostrados al público como guerrilleros, aunque ninguno lo era. Por más de diez años, sus familiares han buscado la verdad y llevar a los culpables a la justicia.

 

Nicolas Romero

 

Una de las muchas personas afectadas por los denominados ‘falsos positivos’ en Colombia fue Jacqueline Castillo Peña, quien después del asesinato de su hermano Jaime, dio un giro a su vida para luchar por los derechos humanos y liderar la búsqueda de los culpables de la muerte, no solo de Jaime, sino también de otros jóvenes.

Jacqueline nació y se crio en Bogotá, donde ha vivido toda su vida. Viene de una familia de bajos recursos y fue la única de siete hermanos que logró estudiar, por sus propios medios.

Lleva 34 años trabajando en el sector de la salud como auxiliar de enfermería y laboratorio, y antes de la desaparición y muerte de su hermano, su vida era solo eso y la casa. Pero aquello marcó su vida y desde entonces dedica gran parte de su tiempo a trabajos con organizaciones de derechos humanos.

Jacqueline Castillo Peña

Jaime desapareció el 10 de octubre del 2008 y meses después lo encontraron en una fosa común en Norte de Santander.

Habían cinco cuerpos más allí. Aquel cuadro desolador la empujó a buscar la verdad, no solo de ella sino la de otras madres cuyos hijos también habían sido asesinados. Y así, junto a varias de ellas, fundó la agrupación Madres de los Falsos Positivos (Mafapo) con el objetivo de encontrar justicia por los ejecutados extrajudicialmente, una lucha que les mereció el premio internacional “Constructores de la paz” en 2012.

Sobre todo ello Jacqueline conversó con The Prisma.

¿Cómo define esas ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’?

Son crímenes cometidos por el Ejército Colombiano bajo una política de Estado donde se ofrecía algunos beneficios de acuerdo con los resultados y en su afán de mostrar al Estado que se estaba ganando la guerra.

¿En qué momento se involucra usted con los ‘falsos positivos’?

Cuando supe que mi hermano había sido asesinado por el Ejército y presentado como guerrillero.

Según la Fiscalía son 2.248 falsos positivos. ¿Está usted de acuerdo con esta cifra?

Creo que la cifra real de ‘falsos positivos’ supera las 10 mil ejecuciones extrajudiciales.

Las que tenemos son cifras que se han recopilado de organizaciones de derechos humanos, que llevan varios casos en distintos sectores en el país.

¿Cómo engañaron a su hermano?

Jaime estaba desempleado y pasaba mucho tiempo en el sector de Cafam de la floresta, donde vendía dulces en los semáforos o limpiaba los vidrios de los carros. Ahí, de alguna manera, lo contactaron y le ofrecieron trabajo para ir a recoger café en una finca.

¿Cómo se enteró que había fallecido?

La investigadora del CTI me dijo que buscara entre los jóvenes que habían encontrado en Ocaña (Norte de Santander), porque por la fecha en que había desaparecido, coincidía con todo lo que había sucedido con los jóvenes de Soacha.

¿Qué ha pasado con el proceso de su hermano?

No logramos ni siquiera la audiencia de imputación de cargos porque siempre fueron aplazadas.

En 2017 condenaron a 21 militares a entre 37 y 52 años de cárcel, por las ejecuciones extrajudiciales de cinco jóvenes de Soacha, que fueron llevados a Ocaña para su ejecución. Un caso muy similar al de su hermano. ¿Por qué en estos casos sí hubo condena, pero en el de su hermano el proceso ha sido aplazado?

Los militares condenados por los cinco casos de Soacha no son los mismos militares; es la misma brigada móvil 15 de Ocaña (Norte de Santander), pero son militares distintos a los que asesinaron a Jaime. Sin embargo, el único que sí es el mismo es el teniente coronel, el comandante de esa brigada.

¿Cómo surge Mafapo?

Nace de los ríos de sangre que pedía [el general R] Mario Montoya para dar resultados al Estado. Las madres, hermanas y esposas nos unimos en esta lucha para limpiar el nombre de nuestros familiares y demostrar que no eran guerrilleros, y demostrar que son crímenes de Estado.

¿Cuál es el objetivo de Mafapo?

Es buscar justicia, verdad y garantías de no repetición y que estos hechos no queden en el olvido.

¿Cómo ha sido la forma de trabajo de este colectivo desde su creación?

Ha sido a través de la pedagogía en colegios y universidades, trabajando la memoria por medio del arte, la costura, la pintura.

¿Cómo se financia el grupo Mafapo?

No tiene financiación, apenas empezamos con dos proyectos que fueron aprobados por OPEN y OIM y logramos algunos recursos para poder prepararnos y continuar nuestro trabajo.

¿Qué tipo de amenazas ha recibido Mafapo?

Amenazas de que no sigamos con esto si no queremos terminar igual que nuestros familiares, a través de panfletos, mensajes subliminales y mensajes escritos.

¿Cuáles han sido los momentos más críticos para Mafapo?

Los de saber que no tenemos respaldo de ningún ente del Estado.

¿Puede el gobierno reparar el daño hecho a las madres de las víctimas?
Puede hacerlo permitiendo que se sepa la Verdad.

¿Es más efectiva la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que la Fiscalía General de la Nación?

No es que la JEP sea más efectiva, solo que en la Justicia Ordinaria no éramos tenidas en cuenta. En la JEP hemos sido escuchadas.

¿Cuál es su opinión sobre la salida del general retirado Nicacio Martínez por asuntos familiares?
Considero que su salida es una excusa y burla a las víctimas.

¿Qué piensa de los soldados que confesaron su crimen? Por ejemplo, la confesión del coronel retirado Gabriel de Jesús Rincón Amado.

Admiramos la gallardía que han tenido algunos militares y eso es lo que queremos: saber la verdad.

¿Qué opina de la audiencia al coronel y comandante retirado del Ejército Nacional Mario Montoya?

La audiencia del general Mario Montoya es lo más humillante que hemos podido vivir. Ahora viene a lavarse las manos diciendo que los soldados son unos pobres ignorantes y mal educados.

¿Qué piensa de que por orden judicial se haya ordenado retirar los carteles de “¿Quién dio la orden?”, iniciativa de Campaña por la verdad?

Nos prohíben nuestro derecho a la libre expresión, hoy solo se nombran cifras durante sus mandatos, no que a ellos los asesinaron.

El Covid-19 ha detenido el país. Por tanto, los procesos judiciales también están congelados. ¿Cómo afecta esto a las investigaciones y a Mafapo?

En este momento quedaron congeladas las audiencias, no hemos tenido noticias de absolutamente nada, se debería trabajar virtual. El colectivo se afectó porque tenían dos encuentros regionales con víctimas, íbamos a Los Llanos y a Dabeiba, pero tenemos q esperar.

A nivel internacional ¿cuáles son los planes y quiénes han brindado ayuda a Mafapo?

Poder visibilizar estos hechos, que sí fueron reales, y demostrar que sí se trató de una política de Estado. Hemos tenido apoyo de ICMP, OIM y Open Sustain, organizaciones que nos han apoyado para hacer trabajos de visibilidad.

¿Qué hacen para que los falsos positivos no vuelvan a ocurrir?

Es una tarea nuestra hacer pedagogía en colegios y universidades siempre, porque los chicos de ahora probablemente no conocieron estos hechos y es bueno que conozcan que esto fue real y puede volver a repetirse.

¿Cuál es el llamado de Mafapo al pueblo colombiano?

Que no seamos indiferentes, y a abrir espacios para que estos hechos se conozcan y no queden en el olvido.

(Fotos suministradas (y autorizadas para publicación) por Jacqueline Castillo Peña / Mafapo)

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