Maryury Mosquera ha viajado desde la selva tropical del Chocó colombiano hasta la COP26 para exponer la importancia de proteger y preservar uno de los puntos de biodiversidad más importantes del mundo, el Chocó, que también constituye uno de los focos del conflicto colombiano.
El departamento del Chocó, situado en la cuenca del Pacífico de la «Región Biográfica del Chocó», se extiende desde la cordillera de los Andes hasta el océano Pacífico y el mar Caribe. Sus altos índices de cobertura vegetal, bosques, manglares y selvas lo convierten en un epicentro de almacenamiento de carbono clave para combatir los efectos del cambio climático.
También es crucial para los patrones de migración de cientos de especies y una zona de cría de tortugas y ballenas.
El Chocó tiene una importancia histórica y ancestral, aproximadamente el 90% de la población es indígena y afrocolombiana; comunidades cuyas cosmovisiones están íntimamente entrelazadas con la tierra y sus recursos naturales.
El gobierno tiene poca presencia en esta remota región, y durante décadas las guerrillas y los paramilitares han establecido allí sus bases, brutalizando a las poblaciones locales y devastando el medio ambiente.
Durante años, la región ha sufrido las consecuencias de la minería ilegal, que ha provocado el desplazamiento forzoso de comunidades enteras y ha contaminado gravemente el río, haciendo que no sea seguro para la gente bañarse o pescar.
Guardianes del río
La Corte colombiana creó un cuerpo de 14 guardianes indígenas y afrocolombianos elegidos por las comunidades a lo largo del río Atrato para comprometerse con el Estado a garantizar la aplicación de su sentencia. Ellos, junto con el Ministro de Medio Ambiente de Colombia, forman los Guardianes del Río Atrato.
Maryury Mosquera Palacios representa al consejo comunitario afrodescendiente de Cocomopoca como Guardián del Río Atrato, el afluente más importante del Chocó.
Las comunidades indígenas y afrocolombianas del Chocó, junto con la abogada ambientalista Viviana González, que también asistió a la COP26, llevaron al Estado colombiano ante la Corte Constitucional y ganaron una decisión innovadora que otorgó derechos bioculturales al río Atrato.
Esta decisión y la de la Corte de Nueva Zelanda fueron las primeras en el mundo en otorgar derechos a los ríos.
«Nuestras comunidades están luchando por garantizar la protección de nuestro río, que es nuestra fuente de vida. Estamos aquí haciendo un llamamiento a la gente y a las naciones para que se unan a nosotros como Guardianes del Río Atrato», dice Maryury.
Los afrocolombianos se instalaron en el Chocó cuando superaron la esclavitud uniéndose a las cinco tribus indígenas que viven en esta región. Están liderando una batalla legal para evitar la destrucción de su territorio, sus medios de vida, su cultura y la biodiversidad de esta joya tropical única: el Chocó.
El Chocó está siendo destruido por la minería ilegal de oro que revuelve los lechos de los ríos, extrae el oro de los sedimentos y devuelve el mercurio al río. También se está produciendo una deforestación masiva, ya que se despejan grandes franjas de bosque para la tala comercial y para la introducción de equipos mineros.
Estas operaciones están protegidas por grupos armados ilegales, lo que hace imposible que los líderes de las comunidades detengan las actividades ilegales que tienen lugar en sus territorios.
En COP26
A pesar de las duras condiciones, como el conflicto armado, la minería ilegal de oro y la deforestación, y la discriminación racial, el Chocó se caracteriza por personas que persisten en organizarse, en exigir cambios estructurales, en crear redes de derechos humanos a nivel nacional e internacional para defender su forma de vida, el medio ambiente, su cultura y su cosmovisión. Esto culminó con la victoria de una batalla legal, pero ahora hay un reto mucho mayor: cómo conseguir que esa sentencia legal se aplique.
«Los compromisos de los Estados para combatir el cambio climático deben incluir también medidas contundentes para controlar las industrias extractivas, garantizar los derechos humanos y respetar las prácticas culturales de las comunidades locales», dice Viviana González, abogada ambientalista y y subdirector de la ONG de litigios Centro Sociojurídico SIEMBRA.
Maryury y Viviana están en la COP26 para dar a conocer la destrucción que está ocurriendo en el Chocó, y la necesidad de que los líderes mundiales se aseguren de que no se destruya la región del Chocó, que tanto ofrece al mundo en términos de biodiversidad, cultura y vida silvestre, así como un epicentro de almacenamiento de carbono clave para combatir los efectos del cambio climático.
El Gobierno colombiano, a pesar de ser uno de los defensores del cambio climático de la COP26, ha tomado pocas medidas en los seis años transcurridos desde el fallo, para desmantelar las operaciones de minería ilegal de oro, que crecieron exponencialmente durante el cierre de Covid, según el mapeo por satélite realizado por la Universidad de Portsmouth, o para detener la deforestación.
(Con Maryury y Viviana también esta Alejandro Pérez, Especialista Senior del SNPS en temas de incidencia política y paz, donde ha estado acompañando a diferentes comunidades afectadas por la violencia y la destrucción del medio ambiente. Invitados por ABColombia, visitaron el Reino Unido con motivo de la Cumbre COP26.)
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