El rechazo a la propuesta constitucional en Chile fue abrumador, pero ello no implica que los chilenos (por lo menos el 80%) quieran la Constitución de Pinochet. El damnificado por este resultado es el pueblo chileno, que verá postergada la posibilidad de tener una mejor educación, contar con pensiones dignas, el acceso garantizado a la salud y con un Estado social y democrático de derechos.
Carmen Esquivel
En el referendo del 4 de septiembre, la opción del Rechazo al texto se impuso ampliamente por 61,86% votos frente al 38,14 del Apruebo. Votaron más de 13 millones de chilenos. Tras conocer los resultados, el presidente Gabriel Boric declaró que el pueblo no quedó satisfecho con el proyecto presentado por la convención constitucional y debido a eso lo rechazó.
El mandatario expresó su compromiso de construir, junto al Congreso y la sociedad civil, un nuevo proceso y para eso convocó al Palacio de La Moneda a los principales líderes de la Cámara de Diputados y del Senado, y a los partidos oficialistas y de la oposición.
Interrogado por Prensa Latina sobre la jornada, el periodista y director del diario El Siglo, Hugo Guzmán, la calificó como un tropiezo para los sectores progresistas y de izquierda. “Un traspié en el proceso de llegada a una constitución que estaba definida como de derechos, plurinacional, paritaria y de participación democrática”, dijo.
Guzmán atribuyó las causas de este resultado a una variedad de factores. “Primero, no se puede olvidar toda la campaña de noticias falsas, de desinformación y distorsión del texto constitucional”.
Luego, asociado a esto una campaña mediática del miedo, en el sentido de establecer cuestiones como que se iban a retener las pensiones o expropiar las propiedades y las viviendas, las mujeres podían abortar a los ocho meses de embarazo y se iba a cambiar el himno y la bandera nacional. Eso también repercutió.
Según un estudio publicado por el medio digital Ciper, dedicado al periodismo de investigación, al menos 36 organizaciones no sometidas al control del Servicio Electoral difundieron contenidos en Facebook e Instagram sobre la propuesta constitucional y el 97,4% del total de lo gastado correspondió a iniciativas opuestas al texto.
Otro factor con incidencia en el resultado de la consulta, señaló Guzmán, es que desde la Convención Constitucional se cometieron errores de forma y fondo: “Estamos hablando de episodios bochornosos protagonizados por algunos miembros. También faltó comunicar bien y mejor lo que se estaba discutiendo y analizando”. Por último, indicó, después de muchísimos años el voto volvió a ser obligatorio, sufragaron 13 millones de 15 millones y ahí hay una gran cantidad de electores que no tenían bien identificadas sus aspiraciones.
Gran paradoja
En esta elección se produjo una gran paradoja porque en el primer plebiscito de 2020, tras el estallido social, cerca del 80% de la población se pronunció a favor de cambiar la carta magna de 1980, vista por la ciudadanía como obsoleta y causante de la privatización y la elevada desigualdad.
La propuesta sometida a referendo para sustituirla contenía artículos como el reconocimiento a los pueblos originarios, la defensa del medioambiente, los derechos de las mujeres y el acceso universal a servicios básicos como educación y salud.
Pero otros artículos suscitaron polémica en un país conservador, como declarar a Chile como un Estado plurinacional e intercultural donde coexisten diversos pueblos y naciones, el cambio en el poder judicial y la eliminación del Senado.
Respecto al escenario post plebiscito, después que el mandatario manifestara su disposición de continuar el proceso constitucional, Guzmán dijo que el proceso tiene que seguir porque es un mandato de la ciudadanía avanzar hacia una nueva ley fundamental. Ahora el tema es cómo sigue”.
Explicó que desde la izquierda se plantea volver a elegir otra convención para redactar una nueva propuesta.
Sin embargo, hay sectores de la derecha, la extrema derecha, e incluso algunos liberales, socialdemócratas, que abogan porque se haga desde el Parlamento o por un grupo de expertos.
En todo caso, el presidente Boric debe enviar un proyecto al Congreso sobre cuál sería el mecanismo y allí se sometería a votación. Ese es un tema en disputa.
El camino es arduo porque tanto en el Senado como en la Cámara Baja, las fuerzas de derecha y los sectores progresistas están prácticamente empatados y allí la discusión sería bastante fuerte.
“Los parlamentarios de derecha podrían votar en contra del proyecto y con eso demorar o distorsionar esta parte del proceso y evitar que siga adelante en un marco democrático”, advirtió el analista.
Mientras tanto, se mantiene vigente la constitución impuesta por la dictadura, con algunas reformas hechas durante los gobiernos de la transición política. PL
(Fotos: Pixabay)
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