La palabra final la tendrán los ecuatorianos el próximo 5 de febrero, cuando irán a las urnas también a elegir autoridades locales y regionales. Los ocho cuestionamientos que el gobierno del actual presidente, Guillermo Lasso, someterá a consulta popular el próximo 5 de febrero generan discrepancias en la opinión pública.
Las preguntas se refieren a asuntos como seguridad, transparencia, registro de partidos políticos, conformación del legislativo, medio ambiente, y las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Para Karen Sichel, asesora jurídica de la presidencia de la República, votar “Sí” a los cuestionamientos propuestos permitirá enfrentar mejor el crimen organizado y el narcotráfico, así como mejorar la calidad de la representación política en instituciones como la Asamblea Nacional.
Pero hay diversas voces, desde políticos, hasta indígenas, estudiantes y profesores, quienes llaman a votar por el “No”. “Es una trampa. Las soluciones demagógicas que propone el gobierno sirven como excusa para no atacar los problemas estructurales del país, eso no va a resolver nada” ha dicho el activista Augusto Verduga.
Consulta ‘mañosa’, ‘tramposa’ y ‘cortina’ de humo son algunos de los calificativos que recibe el mecanismo con el cual el Ejecutivo pretende depurar la clase política, luchar contra la corrupción, frenar la violencia y el narcotráfico, así como soluciones ambientales.
Verduga comentó que “la mal llamada Consulta Ciudadana es solo un distractor para apoderarse de las autoridades de control y garantizar la impunidad del gobierno”.
Ese comentario se refiere particularmente a la pregunta acerca de las atribuciones del Cpccs, una entidad creada en 2008 para mediante procesos transparentes designar autoridades de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las Superintendencias, entre otros cargos.
La trampa es utilizar “preguntas gancho” que esconden la verdadera intención de la consulta: prorrogar a las autoridades de control que protegen a Lasso, declaró la asambleísta de la bancada Unión por la Esperanza Pamela Aguirre.
Otra pregunta cuestionada es la número 1 que, según el Ejecutivo, busca autorizar la extradición de ecuatorianos que cometieron crímenes transnacionales para solucionar la inseguridad y sacar de su espacio a los narcotraficantes y cabecillas de las bandas criminales.
Sin embargo, Verduga explicó que en la práctica no funciona así, porque no se puede aplicar de forma inmediata y depende de la voluntad de otras naciones. Dice que es una medida demagógica.
También existe un rechazo a las preguntas relacionadas con el medio ambiente, aparentemente nobles y que buscan preservar los recursos hídricos y luchar contra la minería ilegal.
Según la organización, la pregunta 7 busca incluir zonas de protección hídrica en el sistema de áreas protegidas, lo cual se encuentra en la legislación vigente, y que la 8, sobre la mercantilización de la naturaleza, también ya está regulada. PL
Fotos: Pixabay
.jpg)
