Al parecer, uno de los elementos aglutinadores de la insubordinación popular en Perú es la indignación ante el dolor ocasionado por las masacres y la agenda popular creciente que cobra espacio en el relato político nacional: Renuncien todos, nuevas elecciones, nueva Asamblea Constituyente, Castillo en libertad.
Ollantay Itzamná
La destitución antidemocrática de Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre fue la gota que colmó la paciencia de los sectores populares rurales, que ya se encontraban fastidiados por las acciones abusivas de los agentes empresariales en diferentes territorios en el interior del país, incluso fastidiados con la presencia colonizadora y abusiva del mismo Estado nación peruano.
Con pocas excepciones, la intelectualidad limeña es siempre leal a los intereses del bicentenario “proyecto del colonialismo interno” instaurado por la república peruana: desde las instituciones académicas intentó instalar la ficción del proyecto de nación peruana en el imaginario de la clase media y sectores populares, e intelectualizó el racismo congénito expulsando de la narrativa oficial la presencia de los pueblos de “todas las sangres” como ciudadanos o sujetos sociopolíticos.
Ahora que reventó la insubordinación popular, con relatos propios, esa intelectualidad limeña optó por desprestigiar y perseguir incluso a quechuas y aymaras movilizados en las calles. Y, al no poder deslegitimarlos como auténticos sujetos sociopolíticos en el país de penumbras, ahora, simplemente mira desde el palco.
La prensa corporativa en Lima prácticamente fue desvestida en su racismo constitutivo por los actores movilizados en las calles, quienes celulares en mano mostraron y muestran en vivo todo lo que la prensa limeña ocultó o intentó ocultar.
Si el rechazo masivo a la prensa corporativa ya era creciente hasta antes de la masacre de los 50 peruanos y peruanas movilizados, ahora, ese rechazo creciente se convirtió en repudio popular. Han, incluso, expulsado a los reporteros corporativos de los actos de protesta social, y a atacar físicamente incluso sus instalaciones o infraestructuras, en algunos casos.
Las élites políticas y económicas del Perú, al perder el control de la población, a través sus medios de comunicación procedieron a ejercer su “última arma” de control histórico colonial: castigar y escarmentar a la población insubordinada. En menos de dos meses, la presidenta usurpadora ha dictado dos o tres estados de emergencia, con toque de queda incluido.
Pero, la población movilizada, lejos de asustarse con las masacres, incluso en horarios de toque de queda continuaron, y continúan, auto convocándose, bloqueando caminos, ocupando espacios y edificaciones públicas y privadas.
La población movilizada perdió el miedo a las armas del Estado, y éste perdió autoridad incluso con el uso del monopolio de la violencia. Actualmente las carreteras principales del país, varios departamentos, provincias y distritos se encuentran en Estado de Emergencia, pero los ríos de gente de todas las sangres continúan arribando a Lima para realizar el paro nacional.
La oligarquía peruana, al no lograr construir autoridad/ Estado en todo el territorio del Perú, subsistió dos siglos de república entre el miedo a la “brutalidad de los indios bajando de los cerros” y el ejercicio de su autoritarismo violento (castigar, escarmentar a los indios sublevados).
Al momento, ya castigaron y escarmentaron a los pueblos y sectores populares movilizados en las calles, incluso con 50 asesinados por munición estatal, pero la población insubordinada, lejos de asustarse o gemir, ruge con más fuerza y avanzan directo, desde diferentes rutas del país, a la ciudad de Lima.
Dicen que en esta coyuntura lúgubre y de crispación, Dina Boluarte, quien ya no toma ninguna decisión en el Ejecutivo, espera el momento fatal de su caída y su inmediato encarcelamiento por decenas de asesinados y heridos. Quienes toman las decisiones políticas y militares en el país son los dos ex militares colocados estratégicamente en el poder por la oligarquía peruana: El presidente del Consejo de Ministros y el presidente del Congreso de la República.
No hay un certero escenario hipotético a corto plazo para el Perú enlutado entre las armas estatales y las calles. Lo único cierto es que esta coyuntura develó el racismo y el autoritarismo como elementos constitutivos del Estado y de la peruanidad bicentenaria.
(Fotos: Pixabay)
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