El 17 de enero, el gobierno del Reino Unido hizo pública la lista de las razones que había aducido para ejercer su derecho de veto contra el Parlamento escocés. Esta medida sin precedentes bloqueó el nuevo proyecto de ley de Reforma del Reconocimiento de Género (GRR). Si el proyecto de ley se hubiera aprobado, habría eliminado la necesidad de un diagnóstico de disforia de género para obtener un Certificado de Reconocimiento de Género (GRC).
Alex/Rose Cocker / the Canary*
La primera parte del análisis de Canary examinaba la naturaleza del artículo 35 como poder de veto y las condiciones necesarias para activarlo. También se analizaron los fundamentos del argumento expuesto por el gobierno británico, así como los posibles argumentos en contra que podría esgrimir Holyrood.
En la primera parte, abordamos los problemas potenciales creados por la negativa de Westminster a reconocer los GRC emitidos de acuerdo con el proyecto de ley GRR propuesto. Aquí, continuaremos de la misma manera.
Infraestructura informática
De forma un tanto inesperada, los requisitos de infraestructura informática ocuparon un lugar destacado en la argumentación del Gobierno británico. Una vez más, se partía del supuesto de que el resto del Reino Unido no reconocería las CGR escocesas, lo que en sí mismo es una elección por parte de Westminster.
El documento político señalaba que los impuestos, las prestaciones y las pensiones estatales se gestionan mediante sistemas informáticos que engloban funciones reservadas y descentralizadas. A continuación afirmaba que: «La infraestructura informática existente sólo permite un sexo legal en cualquier registro y no puede cambiar el marcador para los jóvenes de 16 a 17 años. Los responsables de estos sistemas consideran que puede ser inmanejable, incluso con tiempo y gastos considerables… construir la capacidad del sistema para gestionar una doble identidad para el mismo individuo si el sexo legal de alguien puede ser diferente en la ley escocesa y la ley para Inglaterra y Gales».
Por supuesto, no es la primera vez que el Gobierno utiliza como excusa sus precarios sistemas informáticos. Incluso la nota a pie de página de la declaración del propio Westminster indica que no ha considerado adecuadamente esta posibilidad: «Si el proyecto de ley se promulgara, HMRC tendría que explorar si los cambios consiguientes en la infraestructura de TI son posibles. Los cambios en las TI de HMRC pueden tener repercusiones en otros departamentos debido a los sistemas integrados».
La redacción aquí sugiere que una de las razones para activar el veto es que podría causar problemas para la infraestructura de TI, pero que esto es todavía incierto. Sin embargo, el artículo 35 es la llamada «opción nuclear» de la ley de traspaso de competencias. Por tanto, su uso para evitar un posible problema informático parece, como poco, desproporcionado.
Solicitudes fraudulentas
El documento político también detalla el riesgo de que las personas presenten solicitudes fraudulentas para obtener un GRC en Escocia. Esto significa esencialmente que alguien cambia su sexo legal sin sinceridad. Por ejemplo, son legalmente hombres pero creen ser mujeres, o viceversa. En particular, el documento especula sobre las repercusiones negativas para los «espacios, servicios, deportes de competición y requisitos ocupacionales segregados por sexos». En él se afirma que: «El Secretario de Estado no cree que el proyecto de ley conserve o cree suficientes salvaguardias para mitigar el riesgo de solicitudes fraudulentas y/o malintencionadas y cree que el sistema reformado estará abierto a abusos y actores malintencionados».
Es importante señalar que el proyecto de ley GRR establece explícitamente que hay repercusiones para las presentaciones falsas. Estas «garantías insuficientes», según Westminster, incluyen «hasta 2 años de prisión y una multa ilimitada».
Asimismo, el proyecto de ley GRR también prevé específicamente la revocación de una GRC. Por ejemplo, las partes interesadas (como el cónyuge, la pareja o el hijo de una persona que haya solicitado un GRC) pueden pedir que se retire el certificado.
Los motivos de ejemplo son: «se expidió un tipo incorrecto de GRC, la solicitud del mismo fue fraudulenta, el solicitante era incapaz de comprender el efecto del mismo, o el solicitante era incapaz de presentar válidamente la solicitud».
Como tal, el proyecto de ley GRR no carece de mecanismos o repercusiones en caso de solicitud fraudulenta. En cambio, simplemente elimina el sistema de paneles, a menudo arduo y opaco, que existe actualmente en el Reino Unido. Charlie Falconer -par laborista de la Cámara de los Lores- también ha señalado que las autoridades siguen teniendo libertad para controlar las solicitudes. Y ha añadido que «el riesgo de fraude no justifica en absoluto» el uso de la Sección 35.
Autoexclusión
La conclusión de esta sección del documento plantea el riesgo de que algunas personas decidan «autoexcluirse» de los espacios segregados por sexo. Se trata esencialmente de la decisión de un individuo de eludir por completo los espacios separados por sexos. Se argumenta que: «Dada la posibilidad significativamente mayor de que alguien con malas intenciones pueda obtener una GRC y, como este riesgo será ampliamente conocido, existe el riesgo relacionado de que las personas ya no se sientan seguras en ningún entorno segregado por sexo y se autoexcluyan de dichos entornos a pesar de que podrían beneficiarse significativamente de ellos».
Y ello a pesar de que se mantienen las repercusiones en caso de solicitudes fraudulentas. La inquietud del documento político se basa en la hipótesis de que una mujer pueda decidir no utilizar un espacio reservado a un solo sexo. Ello se basaría en que un hombre podría haber utilizado una GRC fraudulenta para acceder.
Sin embargo, el documento también se ve obligado a reconocer que ya es totalmente legal excluir a las mujeres trans con una GRC. La posesión fraudulenta no supondría ninguna diferencia: tanto la mujer trans como el titular fraudulento del GRC quedarían excluidos de todos modos.
Así, el documento político hace hincapié en el hecho de que una persona puede no entender la ley tal como existe y, por tanto, autoexcluirse voluntariamente. No ofrece ningún argumento que explique por qué la ley no podría ser más clara, en lugar de utilizar los poderes del artículo 35 para impedirlo.
Continuación
Así pues, ya hemos examinado el argumento de Westminster desde el punto de vista de la dificultad de los sistemas informáticos. También hemos analizado la posibilidad de que se produzcan solicitudes fraudulentas y las salvaguardias que siguen existiendo, junto con la posibilidad de autoexclusión. La tercera parte de este análisis abordará el resto del documento político. Se centra en el hecho de que la reducción a 16 años del requisito de edad para obtener una GRC plantea la cuestión de los alumnos trans en escuelas de un solo sexo.
Mientras tanto, una cosa queda clara: hay una creciente lista de acciones abiertamente trans-hostiles tomadas por el gobierno del Reino Unido.
*Articulo publicado en the Canary.
(Traducido por The Prisma – The Multicultural Newspaper) – Fotos: Pixabay
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