La fuerza de la protesta con la que se abrió 2023 y que se intensificó la primera quincena de febrero no es fortuita. A las proyecciones de escaso crecimiento se suma una concentración cada vez más significativa de las ganancias, especialmente en las grandes trasnacionales y una muy inequitativa redistribución del ingreso.
Sergio Ferrari
La protesta social se intensifica y extiende en las calles, en particular en Gran Bretaña, Francia, España y Portugal. En otros países crece el malestar por problemáticas irresueltas, como la inmigración extra europea, cada vez más restrictiva.
La guerra Rusia-Ucrania continúa generando repercusiones económicas negativas y sigue siendo la piedra en el zapato de un continente que mira con preocupación sus sombrías perspectivas económicas. Todas las previsiones indican que aun si lograra escapar a la recesión, el crecimiento europeo este año será casi nulo, se producirá un mayor empobrecimiento del salario real y el ya debilitado Estado de bienestar social sufrirá todavía más ataques.
Desde hace varias semanas, Francia es escenario de movilizaciones ciudadanas de las más espectaculares de los últimos años. A partir del 19 de enero, decenas de miles de personas salieron a las calles para protestar contra la nueva propuesta del sistema de pensiones, que prevé aumentar el trabajo obligatorio de 62 a 64 años, mediante incrementos parciales hasta 2030.
El costo principal de la reforma propuesta por el presidente Emmanuel Macron recaerá sobre las clases populares y, generacionalmente, sobre los que comienzan a trabajar muy jóvenes, a los 18, 19 o 20 años de edad.
Al mismo tiempo, empresas representativas del gran capital francés, como TotalEnergies, Axa, Crédit Agricole, Carrefour, BNP Paribas, Electricité de France, entre otras, acumulan, tendencialmente, ganancias significativas.
El 11 de febrero la cuarta movilización intersindical convocó, según los organizadores, a más de dos millones y medio de personas (un millón si se tiene en cuenta la información oficial).
Repetidos paros de diversos sectores, entre ellos el ferroviario, convierten a Francia en un país parcialmente fragilizado en algunas de sus actividades cotidianas, como el transporte, los centros educativos y las refinerías.
También en España y Portugal se acrecentó el reclamo social el segundo fin de semana de febrero. El mismo sábado 11, más de 250 mil de personas marcharon en Lisboa (que tiene una población de algo más de medio millón) convocadas por los gremios docentes, exigiendo mejoras de fondo en el modelo educativo y en la política salarial.
Un día después, casi un millón de manifestantes ganó las calles de Madrid y de otras ciudades y regiones del país, como Galicia, para exigir mejoras sustanciales del sistema sanitario y de las condiciones de trabajo del personal de salud. Los promotores de la concentración madrileña denunciaron que una de cuatro personas con un problema de salud no logra acceder a consultas en el nivel de la atención primaria.
Entre tanto, en Gran Bretaña, el 1 de febrero, unos 300 mil profesores de 23 mil centros escolares fueron a la huelga convocados por el Sindicato Nacional de Educación (NEU). Según cifras del gobierno, ese día el 51,7% de las escuelas financiadas por el Estado cerraron parcial o totalmente. Las huelgas también paralizaron las 150 universidades del país, debido a la protesta de 70 mil profesores del Sindicato de Universidades y Colegios. Fuentes sindicales calculan que ese día más de 500 mil trabajadores se adhirieron a la medida de fuerza. El lunes siguiente, el 6 de febrero, se inició una de las huelgas más participativas desde que existe el sistema público de salud británico, protagonizada por decenas de miles de enfermeras-os y personal paramédico. La reivindicación fundamental: aumentos salariales para contrarrestar la elevada inflación de dos dígitos que bate récords en los últimos 40 años.
Diversos medios de prensa del continente definieron esta segunda jornada como la más grande en los 75 años de historia del Servicio Nacional de Salud (NHS). Entre el martes 7 y el viernes 10 volvieron a parar los sectores de enfermería, luego el de fisioterapeutas y finalmente el del personal de ambulancias.
También pararon los funcionarios públicos y los trabajadores ferroviarios, en lo que se considera la protesta social más grande de la última década.
El Gobierno, además de expresar su total falta de voluntad para negociar con los gremios, propone estudiar nuevas leyes para limitar el derecho de huelga, anticipando así una espiral confrontativa sin salida aparente.
Por otro lado, el tema de la migración ocupa un lugar importante tanto en la Confederación Helvética como en el resto de Europa; se instala en el centro del debate político-ideológico de la sociedad; divide aguas entre la extrema derecha xenofóbica y los sectores progresistas y humanistas, y refleja algunas de las grandes tensiones de fondo que envuelven al Viejo Mundo. Muestra de ello es una manifestación en Berna realizada el primer sábado de febrero. Convocados en la Plaza Federal, frente a la sede del Gobierno suizo, con la consigna “Stop Dublin” (¡Alto, Dublín!), los manifestantes denunciaron la aplicación abusiva que Suiza está haciendo del Convenio de Dublín de 1990.
Acordado entre los países de la Comunidad Europea, Islandia, Suiza, Liechtenstein y Noruega para regular las peticiones de asilo político y adaptado en varias oportunidades, dicho convenio permite expulsar expeditivamente a cualquier demandante de asilo al país firmante por donde haya ingresado al continente europeo.
La movilización en Berna, aunque no masiva, fue una de las más numerosas de los últimos tiempos en relación al asilo. Le ha demandado mayor comprensión y flexibilidad al Gobierno, el cual se aprovecha de ciertas prerrogativas del Convenio de Dublín para expulsar a solicitantes de asilo, preferiblemente a Croacia.
Los manifestantes denunciaron también las medidas vejatorias y violentamente represivas que utiliza la migración croata, en particular con aquellas personas que proceden de África subsahariana y Medio Oriente.
Según Amnistía Internacional, el año pasado Suiza les pidió a otros Estados europeos, amparándose en el Convenio de Dublín, que se hagan cargo de 4. 936 candidatos al asilo, casi mil más que los de 2020.
(Fotos: Pixabay)
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