Si a los indígenas se les niega la cualidad de ciudadanía (impidiéndoles el derecho a elegir y ser electos, ejercer función pública), se les niega la cualidad humana. En la lógica occidental, sólo los humanos pueden elegir, ser electos, y ejercer función pública. Entonces , las y los indígenas, ¿Son ciudadanos? ¿Son seres humanos?
Ollantay Itzamná
En Guatemala, donde más del 44% de la población es indígena, están abiertas las elecciones generales para junio de 2023. Allí se elegirá presidente, vicepresidente, 160 diputados, 20 representantes al Parlacen y 340 alcaldes municipales y concejales.
Los pueblos originarios y campesinos de Guatemala, al igual que en el resto de los países del Continente, en los doscientos años de República, jamás participaron con organización política propia, ni candidaturas propias, en ninguna elección general. En 2016, las comunidades rurales organizadas en resistencia contra los abusos de las corporaciones extranjeras en sus territorios, articuladas en el movimiento Codeca, decidieron crear su propia organización política para participar en las elecciones, llegar a ser gobierno y realizar “cambios estructurales en el país racista”.
Lo lograron en 2018, año en el que inscribieron en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la organización política Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP. Lo denominaron instrumento político.
En 2019, sin tiempo y sin recursos económicos, participaron en las elecciones generales, y ocuparon el cuarto lugar con su candidata presidencial Thelma Cabrera, originaria maya mam. Pero, de manera asombrosa, el TSE únicamente les permitió una diputación en el Congreso de la República.
Desde entonces, las comunidades y pueblos en resistencia continuaron organizándose, formándose bajo su horizonte del Estado plurinacional y el Buen Vivir, con la ilusión de ser por primera vez en la historia de Guatemala “ciudadanos plenos” con derecho a elegir y ser electos.
Luego vino el proceso electoral 2023. MLP, cumpliendo todos los requisitos exigidos por Ley, realizó su Asamblea Nacional para ratificar sus decisiones comunitarias, proclamó a Thelma Cabrera y a Jordán Rodas (ex procurador de Derechos Humanos) como su binomio presidencial. Pero, para sorpresa nacional e internacional, el TSE se negó a inscribir dicha candidatura argumentando: “invalidez del finiquito” de Jordán Rodas. La constancia (o finiquito) es un documento filtro que Contraloría de Cuentas extiende a funcionarios públicos certificando que el portador carece de cuentas pendientes con la Ley. Y, efectivamente, según el portal web, el finiquito de Rodas existe, y está vigente.
Ante esta situación el MLP, decidió colocar al TSE, y al propio Estado, entre la “Ley y las calles”. Realizan todos los procedimientos de amparos legales ante tribunales correspondientes, pero al mismo tiempo, las comunidades en resistencia se autoconvocan para tomar las calles exigiendo el “reconocimiento de la cualidad de ciudad de indígenas y campesinos”.
Ahora, el Estado de Guatemala, mediante su aparato judicial, se encuentra en una encrucijada histórica: O anula legalmente la cualidad de ciudadanía que en teoría había otorgado a indígenas y a campesinos del país en 1953 (Decreto n. 900, liberación de la servidumbre indígena), o ratifica la ciudadanía plena a indígenas y campesinos, permitiéndoles participar en las elecciones 2023, con muchas posibilidades de ser gobierno. En cualquier caso, las élites fácticas del país se encuentran en situación difícil.
En reiteradas ocasiones los portavoces de MLP han dicho que no son electoreros. “No queremos sólo ganar elecciones, y ser gobierno. Nosotros queremos realizar los cambios hacia un Estado plurinacional para el Buen Vivir mediante el proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional”.
Es estas palabras, y en las acciones colectivas que realizan, lo que propugna MLP es el reconocimiento de la ciudadanía plena para indígenas y campesinos que, en los hechos, jamás fueron reconocidos como ciudadanos con derecho a elegir, ser elegidos y a ejercer función pública.
El o la indígena, en los hechos, para existir para el Estado, estaba obligado a guatemaltizarse: dejar su idioma y hablar castellano, cambiar su apellido indígena por uno mestizo, asumir estéticas y hábitus misticriollos…
En otras palabras, la negativa del Estado de Guatemala, mediante el TSE (ente llamado a promover la ciudadanización universal y democratización plena del país) y la acción ante tribunales y en las calles por parte de comunidades y pueblos originarios en Guatemala, es un asunto mucho más trascendente que el “simple” hecho de permitir o no la participación a indígenas en una contienda electoral. El asunto devela la situación real de la ciudadanía o no para las grandes mayorías del país.
(Fotos: Pixabay)
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