En este país latinoamericano se profundiza la fractura social. Todo empezó desde hace cuatro meses, y hoy día Perú protagoniza las protestas sociales de más envergadura que se hayan producido en América Latina, en estos últimos años.
Sergio Ferrari
El actual Gobierno de Dina Boluarte no logra asegurar la normalidad en ese país sudamericano, atravesado por una profunda y creciente fractura político-social.
Importantes sectores, en particular la población campesina del interior del país, continúan movilizándose, expresan su rabia y frustración y ratifican su exigencia de que renuncie Boluarte.
El gobierno, el Congreso y el conjunto de las instituciones del Estado- a excepción de la Defensoría del Pueblo-hacen oídos sordos, ignoran las advertencias populares y arriesgan, de continuar como hasta ahora, que la crisis se agrave y recorra atajos impredecibles.
La periodista y analista Zuliana Lainez Otero, 44 años, quien desde hace un año y medio preside la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), ofrece un lúcido análisis de este complicado laberinto que marca la actual realidad peruana.
Desde diciembre del año pasado, su país ha sido escenario de movilizaciones permanentes y masivas de protestas sociales. Sin embargo, la comunidad internacional, comienza ahora a “olvidarse” de Perú. ¿Cuáles son las principales preguntas y desafíos para la población, a más de cien días del inicio de la crisis?
Hoy existe un debate de fondo sobre cómo caracterizar al régimen actual. Algunos dicen que no hay más democracia y estamos en una dictadura. Otros, por su parte, afirman que el Gobierno de Dina Boluarte es enteramente constitucional.
Mi valoración es que se trata de un régimen autoritario que ha cometido graves violaciones a los derechos humanos y continúa haciéndolo, al violentar, por ejemplo, el derecho a la vida y la protesta.
Desde el 7 de diciembre a la fecha Perú llora 60 muertes, resultado de la crisis política irresuelta y del estallido social. Se han dado, además, entre otros hechos, centenares de detenciones arbitrarias, son numerosos los heridos por la acción represiva, han intervenido locales de organizaciones campesinas y de partidos políticos, ocuparon militarmente la Universidad Mayor de San Marcos…
El gobierno y las fuerzas de seguridad obstaculizan de mil formas la participación ciudadana en esas nuevas y más recientes protestas. En estos meses se violentó sistemáticamente el derecho a la libertad de expresión. Nuestra Asociación de Periodistas, la ANP, contabilizó, hasta mediados de marzo, 172 agresiones a periodistas; 60% de las cuales fue responsabilidad de las fuerzas del orden, en un clima muy complejo para el ejercicio del derecho de informar. Y el Estado no se hace responsable. Ni siquiera asume su responsabilidad política esencial ante esta situación de desgobierno. Impera la impunidad total.
Al menos tendrían que haber sido destituidos los responsables de los ministerios ligados a la represión y se hubiera tenido que investigar los asesinatos y las violaciones de derechos humanos. Hay evidencias, incluso fílmicas, de la responsabilidad de las fuerzas represivas en al menos 48 de 60 de esas muertes.
Pareciera que el Gobierno apuesta a que el desgaste de la protesta saque la crisis peruana de los reflectores y los grandes medios.
Sin duda: busca limpiar la imagen del país a nivel internacional. Usando, además, a ciertas personalidades conservadoras, como el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, condecorado hace algunos días por el actual Gobierno.
El discurso oficial repite el argumento de la constitucionalidad de las actuales autoridades; justifica la mano dura, y descalifica y estigmatiza todas las protestas, calificando de “terroristas” a los manifestantes.
Abren las puertas a misiones de observación de los derechos humanos de la ONU, de la OEA y de otras instituciones, aunque luego no toman en serio las recomendaciones de las mismas y no rectifican el accionar represivo.
Los hechos que motivaron la destitución de Pedro Castillo de la presidencia no quedan todavía totalmente claros.
Sin duda que fueron hechos confusos e incomprensibles. En todo caso, la decisión del expresidente Castillo de disolver el Congreso, corresponde a un intento de Golpe de Estado institucional o Golpe presidencial. Su anuncio de disolver el Congreso y otras instituciones fue el mayor error de su vida y la peor salida política ante las presiones que soportó desde el mismo 28 de julio de 2021, cuando asumió el gobierno.
Las elites del país, con el apoyo de sectores empresariales y una buena parte de la gran prensa- no así de medios independientes, regionales y locales- promovieron el boicot constante a Castillo, sumado al auto boicot de su entorno inmerso en evidentes hechos de corrupción.
Perú es un país con fracturas estructurales muy profundas ya que las zonas de extrema pobreza han sido abandonadas desde siempre y particularmente en esta crisis.
Para el Perú rural, sin embargo, la asunción de Castillo había significado una señal de esperanza, al comprobar que no se trataba de un gobierno, como casi siempre, representativo de las elites urbanas limeñas.
Esa parte del país llegó a pensar que muchos de los problemas estructurales podían ser, al menos, escuchados, si bien no siempre resueltos.
En ese contexto de confusión por el anuncio erróneo de Castillo, la interpretación de la constitucionalidad de la sucesión tal vez puede considerarse como válida.
Pero el gran problema viene después, cuando Dina Boluarte asume la presidencia y comienza la represión masiva.
El 8 de diciembre se inician las movilizaciones de protesta y Boluarte opta, de inmediato, por gobernar con las fuerzas armadas.
Se produce un quiebre institucional aún mayor y el gobierno se desliza hacia un régimen cívico-militar en el cual el poder castrense asume el liderazgo para reprimir.
¿Cuáles son esas reivindicaciones políticas? ¿Hacia dónde va Perú?
Las dos reivindicaciones fundamentales son la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de las elecciones. El Congreso ya expresó su oposición a que los comicios se hagan antes de 2026, como están previstos. Y Dina Boluarte, por su parte, viene repitiendo en sucesivas ocasiones que no va a dimitir, con el argumento de que con su renuncia no se resuelve nada, lo que demuestra lo tan alejada de la realidad que vive la actual mandataria.
Diversos ministros afirman, por su parte, que las movilizaciones actuales no se refieren a derechos sociales, sino que son exclusivamente políticas. De esta forma continúan estigmatizando y descalificando al pueblo. No asumen que éste tiene derecho no solo a exigir sus reivindicaciones sociales sino también a enarbolar demandas políticas. Con esta perspectiva, el futuro va a ser tan inestable e incierto como lo es el presente. Las movilizaciones, con diversas modalidades, ritmos e intensidades, seguirán produciéndose.
Geopolítica de la crisis
¿Ha respetado este Gobierno el derecho a la libertad de prensa, de información, a la libre circulación y al trabajo de los profesionales de la información?
Numerosa-os periodistas y foto-reportera-os han sido y continúan siendo el blanco de las fuerzas del orden. El poder no quiere que quede ningún tipo de registro de su represión.
Como decíamos antes, contabilizamos más de 170 casos de agresiones, incluyendo detenciones injustificadas de profesionales de la comunicación, cuatro de ellas durante la ocupación de la Universidad de San Marcos. No se libró de la represión la prensa internacional, como fue el sonado caso de la agresión que sufrió el corresponsal de la agencia española de noticias EFE. Para responder a las crecientes críticas provenientes del exterior sobre la violación del derecho de información, el gobierno anticipó que va a elaborar un Protocolo Policial, una suerte de reglamento de la actividad.
Pero esta propuesta comunicada a inicios de marzo provocó todavía más reacciones de la comunidad internacional. Pretendía determinar a quién podían entrevistar o no los periodistas en las protestas, e incluso imponía la censura al libre movimiento profesional para cubrir las mismas. PL
(Fotos: Pixabay)
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