La indignación de las comunidades y de los pueblos indígenas que participan en las Jornadas de Octubre de 2023 en Guatemala ha aumentado. Dicen que el gobierno lo sabe y que por ello trata de debilitar las movilizaciones y de ganar tiempo. El objetivo: sabotear la posesión del presidente electo, Bernardo Arévalo.
Zeus Naya
Las protestas que desde el pasado 2 de octubre se adelantan contra el actuar del Ministerio Público (MP) forman parte de un largo proceso de luchas sociales, provocado por las contradicciones históricas de la estructura socioeconómica dominante, que no ha querido ni logrado resolver los graves problemas que genera.
Así lo expresa el reconocido historiador y antropólogo social Mauricio José Chaulón, quien opina que se está agudizando la lucha de clases en Guatemala.
“En la historia más reciente de la nación, la cual podemos registrar desde la firma de los Acuerdos de Paz (29 de diciembre de 1996), estas protestas son inéditas”, dice, pues han “logrado integrar a diferentes sectores que, valga la redundancia, históricamente han estado separados debido a las mismas consecuencias del poder”.
Con los liderazgos de los pueblos indígenas organizados “las protestas reconstruyen el tejido social de las grandes mayorías desde el sentido de clase trabajadora y en varios lugares desde el sentido étnico”.
La toma de conciencia colectiva -explica- trasciende las demandas de que se respete el proceso electoral para entrar a criticar las graves problemáticas sociales y económicas.
Entre ellas cita el racismo, el patriarcado, la desnutrición, el hambre, las desigualdades, el abuso de poder, el analfabetismo, la precariedad material e inmaterial de la educación , la falta de acceso a la salud, las condiciones migratorias, la violencia, la falta de vivienda y el desempleo, entre otras. “Sectores sociales que tradicionalmente no se involucraban en estas protestas, hoy se están manifestando a través del sentido de comunidad: barrios, colonias, aldeas, municipios, territorios, pueblos”, explica.
“Esta es – dice – una de las más importantes características de estas jornadas de protesta de octubre de 2023 en el país, que las convierten en históricas en comparación con otras”.
Precisa que aunque todas forman parte del mismo proceso, es trascendental el involucramiento de capas medias urbanas en diálogo y compartición de consignas, conciencia y praxis con los pueblos indígenas y los sectores populares.
Saboteando la posesión presidencial
En criterio de Chaulón, los grupos de poder están tratando de hacer todo para evitar que el presidente electo, Bernardo Arévalo, tome posesión el próximo 14 de enero de 2024.
“Su interés primordial es dejar sin efecto el proceso comicial, argumentando que hubo un fraude, lo cual es totalmente falso”, reflexionó.
Pero no contaban con las protestas populares y eso los ha detenido; sin embargo, en este momento están recurriendo a mecanismos legales para hacer que bajen de intensidad, señala. En tal sentido, advirtió el antropólogo social, “posiblemente el MP intente publicar los supuestos resultados de la investigación sobre el partido Movimiento Semilla, la cual está plagada de falsedades, para dejar sin efecto las elecciones”.
Según el analista guatemalteco, es un golpe de Estado a través de manipulación de la ley o de lawfare (guerra jurídica), pero “la intensidad de las manifestaciones lo impide y es por ello que el poder recurre a la Corte de Constitucionalidad (CC) para que los bloqueos sean desalojados.
Eso, con el objetivo de expulsar a las personas ubicadas en la parte exterior de la sede del MP y hacer que las manifestaciones se conviertan solamente en protestas, sin que causen ninguna presión al sistema dominante, describió. La CC dio el miércoles 18 de octubre una resolución en la que autorizó el uso de la fuerza para desalojar a los manifestantes de la sede del MP, por lo cual la nación entró en un estado de alerta. PL
(Fotos: Pixabay)
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