La ya sospechosa dilatación de la elección de la nueva fiscal general de la Nación por parte de los 23 magistrados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene enfrentado ideológica y políticamente al país.
Germán Ayala Osorio
Se ven dos bandos claramente diferenciados: de un lado, están quienes sospechan que hay togados interesados en pagarle favores clientelares al fiscal saliente, Francisco Barbosa, asegurando que la controvertida vicefiscal Martha Mancera asuma la encargatura del ente acusador por lo menos por dos meses o más. También, que hay poderosos agentes económicos y políticos, legales e ilegales, interesados en que la administración de Barbosa se extienda en el tiempo en manos de Mancera. Dentro de los que sospechan de los intereses de los togados están los ‘petristas’ (simpatizantes del presidente de Colombia Gustavo petro), algunos juristas serios, periodistas independientes y el gobierno de Gustavo Petro.
El otro bando, en el que están uribistas (simpatizantes del expresidente Alvaro Uribe) y fervorosos anti-petristas, creen que la presión que desde las redes sociales se viene haciendo a los magistrados de la CSJ obedece al interés del presidente Petro de que rápidamente se elija a la fiscal para salvaguardar la suerte de su hijo Nicolás Petro, procesado por enriquecimiento ilícito.
La nueva fiscal, de acuerdo con esa narrativa, por el hecho de haber sido ternada por el jefe del Estado estaría en la obligación de defender los intereses, políticos y personales del presidente de la República.
Es decir, que cualquiera de las tres mujeres ternadas que resulte elegida como fiscal general de la Nación será ficha de Petro y, en consecuencia, actuará a favor del presidente de los colombianos.
De ambos bandos surgen narrativas diametralmente opuestas, defendidas con ardentía por Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro. El primero, acusa al presidente Petro de proteger y beneficiar a las estructuras criminales (narcos, en particular), y que de ahí radica su interés de poner en el búnker de la Fiscalía a quien daría continuidad a esa apuesta presidencial.
Por supuesto que ese discurso de Barbosa no tiene asidero por ser fruto de la animadversión que le produce la figura presidencial y porque, contrario a su propio caso, las ternadas por Gustavo Petro no son sus amigas entrañables. En este punto hay que recordar que el entonces ‘presidente-títere’, Iván Duque Márquez ternó a Francisco Barbosa y fue la CSJ que lo eligió Fiscal general de la Nación, hasta el 12 de febrero de 2024.
Recientemente, periodistas afectos a Barbosa recogieron la insinuación del saliente fiscal en la que señaló que Petro estaría preocupado por la suerte de su hijo, Nicolás Petro, quien está procesado por enriquecimiento ilícito, por haber recibido millonarios recursos económicos durante la campaña Petro presidente.
Lo mejor que puede pasar es que el juez que lleva el caso del hijo de Petro falle cuanto antes, para evitar que caiga mancha alguna sobre las mujeres ternadas, y en particular sobre quien resulte elegida. Si hay pruebas contundentes, que lo condene. Y si, por el contrario, no hay pruebas suficientes que demuestren la comisión del delito, entonces que falle en consecuencia.
Entre tanto, Gustavo Petro descalifica la gestión de Barbosa, apoyado en investigaciones de periodistas muy serios como Gonzalo Guillén, Daniel Coronell y Yohir Ackerman, que señalan, entre otras cosas, que Mancera tendría vínculos con fiscales mafiosos de Cali que a su vez tendrían relaciones con narcos del norte del Valle del Cauca. De igual manera, las mismas investigaciones periodísticas aluden a que Barbosa y Mancera estuvieron comprometidos en defender las actuaciones oscuras de políticos de los clanes Char, Gnecco y Name; y en la decisión institucional de no someter a la justicia a los miembros del clan del Golfo.
El tamaño de la corrupción público-privada en Colombia es colosal. Y lo peor de todo es que no se vislumbra solución alguna, pues en las prácticas corruptas están involucradas, políticamente, la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, jueces, congresistas y magistrados de las altas cortes.
Los denominados (por el alto nivel de corrupción de funcionarios) carteles de la Toga y de la Hemofilia, y el caso de ‘las Marionetas’ dan cuenta de verdaderas empresas criminales cuya operaciones giraron en torno a magistrados que vendían fallos amañados, y también en torno a congresistas corruptos con capacidad para desviar millonarios recursos de dependencias estatales a las que tuvieron acceso gracias a funcionarios conectados directamente con dependencias estatales como el Departamento para la Prosperidad (DPS) o a programas de inversión para la paz o aquellos asociados a políticas públicas de corte social.
En medio de esos entramados de corrupción aparece la Fiscalía general de la Nación no como una entidad diseñada para perseguir, investigar y acusar a los corruptos, sino como una convertida para evitar, justamente, que se investiguen esas conductas punibles.
De tiempo atrás la Fiscalía opera como una bolsa de empleo a la que se accede a través de componendas entre togados de la Corte Suprema de Justicia y los fiscales generales que han dirigido el ente acusador para tapar, minimizar, ocultar y evitar calificar las conductas de altos funcionarios del Estado y las de particulares con poder económico y político, con acceso a las más altas esferas de la dirección de la Fiscalía general de la Nación e incluso, de la presidente de la República.
Por todo lo anterior, la elección del Fiscal general de la Nación se asume, desde un deber ser, como una oportunidad para frenar y castigar los crímenes, incluidos los actos de corrupción. Por el contrario, desde la tradición y el ya naturalizado ethos mafioso, para perpetuarlo, así como las relaciones clientelares y el crimen. No es gratuito que la impunidad en el país ronde el 94%.
Los mecanismos para elegir a las cabezas visibles de la Contraloría, Procuraduría y la Fiscalía general de la Nación devienen enrevesados desde el diseño constitucional mismo. Es así porque están contaminados por los sempiternos intereses políticos asociados al pago de favores cuando quien gana las elecciones comprende que está en la obligación de entregar dichas entidades a los partidos políticos para su administración, saqueo o direccionamiento para tapar o destapar, de acuerdo con los acuerdos mafiosos logrados entre las colectividades que resultaron ganadoras en las elecciones.
Petro está lidiando con los acuerdos clientelares y políticos que Iván Duque Márquez consolidó y legitimó durante sus pérfidos cuatro años.
Lo cierto es que hay dos narrativas contrarias en la ya enrevesada elección del remplazo de Barbosa y una sola verdad: la corrupción en Colombia no se acabará jamás.
(Fotos: Pixabay)
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