La caza de indocumentados por parte de los gobiernos hace que la población inmigrante vaya con miedo a trabajar. No saben que pueden negarse a mostrar los papeles. Memorias de The Prisma.
Olga Briasco
A la entrada de una de las líneas del Metro de Londres, policías de la Home Office piden la documentación a personas cuyas vestimentas o nacionalidad advierten que son inmigrantes. Mientras tanto, cientos de personas circulan a su alrededor camino al trabajo.
Esta misma escena se puede dar en conciertos y en lugares concurridos por la población inmigrante. También a las horas intempestivas en las que los empleados de la limpieza, la gran mayoría de ellos inmigrantes, van a trabajar. “Es también muy común hacerla en la madrugada, cuando los cleaners salen a trabajar”, explica María Pérez, miembro de Anti Raids Network.
Ninguna sigue un patrón pero la sociedad está alerta y, si atisba ciertos indicios de redadas, alerta a los miembros de las organizaciones que trabajan por los derechos de los inmigrantes.
Así ocurrió el siete de febrero en Old Kent Road. Prestos, los activitas acudieron a la zona y facilitaron algunos folletos informativos sobre cómo actuar en caso de presenciar o estar envuelto en una redada.
Dichas instrucciones se centran en explicar que “nadie está obligado a contestar a la UKBA” y resaltan la importancia de que los inmigrantes “actúen con calma y no se dejen llevar por el miedo”.
Esa naturalidad es esencial puesto que la inseguridad y el comportamiento esquivo pueden levantar sospechas entre los inmigrantes y ser capturados por los agentes para llevarlos a un centro de deportación.
Esa actuación fue acompañada de una manifestación bajo el lema «no somos ilegales… respeten a nuestra gente». En ella, decenas de personas se manifestaron para pedir un mayor respeto a los derechos de los inmigrantes.
Horas más tarde –alrededor de las 21 horas- miembros de la policía irrumpieron en un restaurante de Old Kent Road para “cazar” a los indocumentados. Según explica, los oficiales no deben pedir los papeles porque la ley no contempla la obligatoriedad de llevarlos. En base a ello explican que si alguien es preguntado, debe decir con respeto: ¿por qué me detiene? O ¿por qué desea hablar conmigo?
Sobre esa «caza» aleatoria e indiscriminada resalta que «es un disparate controlar a las personas» y denuncia que “el racismo no debería ser una manera de actuar”.
Es por ello que sostiene que “dentro de 50 años se verán estas redadas como una auténtica barbarie contra los inmigrantes”.
Los miembros de la organización ahondan en la problemática de esas actuaciones explicando que «muchas personas, con o sin papeles, tienen miedo de ir a trabajar por sí se ven envueltos en esa situación».
La activista remarca la «solidaridad» que se ha generado a favor de estas personas que «dejan su vida en sus países por un futuro mejor» y se ven obligados a «trabajar de una forma muy precaria».
Por otra parte, dice que si un policía identificado detiene a alguien para realizarle un registro debe seguir todas las indicaciones. «Generalmente se producen por motivos de seguridad», enfatiza.
Soplos
Sin embargo, no todas las redadas se producen de manera ilegal. Algunas de ellas se producen a través de una investigación que es iniciada por medio de “chivatazos” o irregularidades laborales.
Según detalla, las rivalidades o los problemas personales pueden derivar en una denuncia por parte de aquél que está documentado. “La Home Office va a la casa de la persona en cuestión y solicitan la documentación necesaria para verificar la denuncia”, explica.
Al tratarse de una persona con nombre y apellidos la ley no le ampara y debe acatar las órdenes policiales. “El problema es que, junto a él, investigan a la familia y a las personas que comparten la vivienda”, lamenta.
Otra fórmula es la laboral. Ésta se produce cuando hay indicios de que miembros de la plantilla está trabajando en una organización de forma ilegal. A raíz de esa información acuden al lugar de trabajo y comprueban la veracidad de esa acusación.
“Es cierto que nadie debería trabajar sin papeles pero todo el mundo tiene derecho a trabajar”, sostiene.
Asimismo, defiende que “los inmigrantes aportan cultura pero también ayudan en la economía del país” y espeta “la mayoría trabajan en empleos mal remunerados y que nadie quiere hacer”.
Consecución de papeles
La activista destaca que con las nuevas medidas legales y los recortes de austeridad las personas tienen «más problemas económicos» y la obtención de papeles se hace «cada vez más complicada».
Ello lo corrobora explicando que, al margen de la cuantía económica de la visa, ahora se requiere un mínimo de 20 años en el Reino Unido por lo que «las personas viven con el infierno de la ilegalidad por más tiempo», denuncia. Asimismo, desde que la crisis comenzó, muchos inmigrantes han decidido regresar a sus países. «No aguantan la precariedad y deciden regresar», dice. También se ha producido una segunda emigración: «mucha gente que emigró a España hace años ahora se ha venido a Londres para buscar una nueva suerte», comenta.
Es por ello que desde la organización defiende «el derecho a la movilidad» y está en contra de estas actuaciones policiales.
(Fotos: Pixabay)
.jpg)
