En Marruecos, feministas y organizaciones de derechos humanos como Zainab Fasiki, Sarah Benmoussa y Ghizlane Mamouni, junto con Kif Mama Kif Baba, Politics4Her y el Movimiento Alternativo por las Libertades Individuales (M.A.L.I) están liderando la lucha por la igualdad de derechos y la eliminación de las injusticias de género arraigadas en los marcos jurídicos y las normas sociales.
Katr-Nada Aidoun / Nadja*
Estos activistas se han unido para poner de relieve las arraigadas desigualdades de género en las leyes marroquíes, especialmente en el sistema de justicia penal, y han trasladado sus preocupaciones directamente al ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi. Ahora esperan reformas cruciales.
El Código Penal marroquí prohíbe terminantemente el aborto, excepto cuando lo practica un médico autorizado en circunstancias específicas para salvaguardar la vida de la mujer. Esta postura legal no sólo restringe la autonomía reproductiva de las mujeres, sino que también pone en peligro su salud y bienestar. Según una entrevista de Amnistía Internacional con un médico de Marruecos: «¿Qué podemos hacer como médicos? Nada. No podemos ayudar a las mujeres. Tenemos las manos atadas. Estamos frustrados porque no podemos dar a las mujeres la ayuda que quieren».
Además, las víctimas de violación se ven obligadas a gestar embarazos resultantes de agresiones sexuales, lo que les inflige traumas duraderos. Las jóvenes madres solteras se enfrentan a tasas alarmantes de suicidio debido a embarazos no deseados. Según PAMJ – One Health, el 61,3% de las jóvenes madres solteras en estas situaciones se plantean o intentan suicidarse, lo que pone de relieve la extrema necesidad de un acceso seguro y legal al aborto.
El artículo 490 del Código Penal marroquí penaliza las relaciones sexuales consentidas fuera del matrimonio, lo que impide a las víctimas denunciar las agresiones por miedo a las repercusiones legales y al estigma social. Esta disposición perpetúa las desigualdades de género y dificulta el acceso a la justicia de las víctimas de agresiones sexuales. Muchas víctimas temen ser acusadas y encarceladas en virtud del artículo 490 si no consiguen demostrar la violencia sexual que han sufrido.
Mientras tanto, el artículo 486 incorpora muchas discriminaciones relativas al periodo de reclusión penal, distinguiendo entre si la víctima de la violación es menor, discapacitada o virgen. Tampoco aborda la violación conyugal, lo que deja a innumerables mujeres expuestas a sufrir abusos dentro de sus propios matrimonios. Este sesgo sistémico se traduce a menudo en condenas poco severas para los agresores, como se vio en el caso de tres hombres que recibieron penas de prisión de entre 18 meses y 2 años por violar repetidamente a una niña de 11 años, acto que la dejó embarazada.
Además, el artículo 489 penaliza los actos sexuales entre personas del mismo sexo con penas de prisión de 6 meses a 3 años y multas de 200 a 10.000 Dhs. Esto no sólo atenta contra las libertades individuales, sino que refuerza un marco heteronormativo que margina a las personas LGBTQ+. Esta represión legal forma parte de un sistema más amplio que oprime a todos aquellos que se salen del marco binario de género. Al criminalizar las relaciones entre personas del mismo sexo, la comunidad LGBTQ+ queda expuesta a una dura realidad.
La lucha por la igualdad de género y la justicia en Marruecos exige amplias reformas legales y cambios sociales. Requiere el empoderamiento de las mujeres, la protección de sus derechos y la eliminación de las leyes discriminatorias. Es imprescindible abordar estas leyes para garantizar la libertad individual, la igualdad de derechos y la emancipación de la mujer.
*Artículo publicado originalmente en Nadja.
(Traducido por The Prima – The Multicutural Newspaper) – Photo: Pixabay
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