El país latinoamericano inicia un año de definiciones con un histórico proceso para una nueva constitución, una anunciada reactivación de las protestas populares ante la falta de respuestas del gobierno a las demandas sociales, y elecciones municipales y regionales.
Rafael Calcines
Una relativa calma parece reinar tras las enormes movilizaciones que estremecieron al país a partir del 18 de octubre con un estallido social sin precedentes.
Analistas advierten que puede ser algo así como la calma que precede a la tormenta, y auguran que las protestas populares pueden volver con nuevos bríos a partir de marzo, salvo que a lo largo de enero y febrero el gobierno esté dispuesto a dar respuestas efectivas a las demandas sociales. Hasta ahora las medidas aplicadas o anunciadas no han pasado de ser parches o promesas que están lejos de satisfacer al movimiento social.
Como han expresado políticos de oposición, dirigentes de la Mesa de Unidad Social, académicos y otras personalidades, el gobierno de Sebastián Piñera no parece dispuesto a hacer cambios de fondo al repudiado modelo neoliberal que sustenta los abusos y desigualdades que la mayoría de los chilenos exigen eliminar.
En cambio, solo ha ofrecido un aumento de pensiones que no alcanza para que los jubilados salgan de la miseria, subida de salarios muy por debajo de lo demandado por los sindicatos para que las familias chilenas escapen de la pobreza y nada hasta hora que indique mejorías efectivas en la salud y la educación públicas.
Desde el movimiento social se insiste en que la premura ha estado dirigida solo a fortalecer el aparato represivo y aplicar medidas que criminalizan la protesta popular y que las demandas de la calle están pendientes.
Un hecho histórico que puede marcar un gran giro en el futuro del país es el plebiscito previsto para el 26 de abril, con el cual la población decidirá si quiere una nueva constitución y el mecanismo más adecuado para llegar a ella.
A pesar de los intentos del gobierno y los partidos de derecha por mediatizar ese proceso, todas las encuestas dan una rotunda mayoría a quienes quieren acabar definitivamente con la actual ley fundamental impuesta en época de la dictadura de Augusto Pinochet y que sustenta el modelo neoliberal imperante.
Asimismo también es aplastante el porcentaje de quienes se inclinan por una Convención constituyente como mecanismo para redactar la nueva carta magna y que al igual que quienes proponen una Asamblea Constituyente, se basa en la elección popular del ciento por ciento de los constituyentes.
Pero la legitimidad de este proceso aún no está totalmente definida pues temas fundamentales como la paridad de género, los escaños reservados a pueblos originarios y facilidades para la participación de candidatos independientes está en dependencia de lo que vote el Senado en los próximos días.
Si en abril la mayoría respalda una nueva constitución y el mecanismo de una convención constituyente, la elección de los delegados se realizará el 25 de octubre.
En esa fecha tendrán lugar también las elecciones para alcaldes, concejales y gobernadores. En el caso de estos últimos es la primera vez que las máximas autoridades regionales serán escogidas por sufragio popular.
Este proceso tensa las fuerzas de todos los partidos políticos, porque sus resultados son considerados como un termómetro de lo que puede ocurrir en las presidenciales del 2021. (PL)
(Fotos: Pixabay)
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